Abogado de Richard Aguilar, clave en caso de exsustanciador de la Procuraduría capturado

En la mañana de este 22 de enero, la Fiscalía anunció la captura de Jesús Alejandro Garzón, un sustanciador de 56 años que según el ente investigador trabajaba en el mismo despacho del exprocurador Fernando Carrillo. De acuerdo con las investigaciones, Garzón habría exigido $300 millones para darle buen termino a un proceso disciplinario contra el senador Richard Aguilar, cuyo abogado alertó a las autoridades del presunto caso de corrupción en el órgano de control.

(En contexto: Capturan a exsustanciador de Procuraduría que habría pedido dinero a Richard Aguilar.)

Hace poco más de un año, el 17 de diciembre de 2019, el abogado Héctor Carvajal, apoderado del senador Richard Aguilar del partido Cambio Radical, se presentó en las instalaciones de la Procuraduría para denunciar un supuesto hecho de corrupción: un sustanciador, de la procuraduría auxiliar para Asuntos Disciplinarios, le estaba exigiendo una millonaria suma de dinero para favorecerlo en un proceso por el cual el político había sido multado, en 2018, con $40 millones.

Se trataba de una supuesta contratación irregular de servicios de vigilancia y seguridad privada con la firma Vigilancia Santafereña y Cia Ltda, que supuestamente se desplegó sobre las instalaciones de la Gobernación de Santander, institución de la cual Richard Aguilar fue su máxima cabeza. La Procuraduría, cuestionó el hecho de que el actual senador no haya realizado una licitación pública que permitiera la participación de otras empresas, cuando fue gobernador en el periodo 2012-2015.

Jesús Alejandro Garzón, el funcionario capturado este 22 de enero se encargaba, como sustanciador, de examinar procesos en segunda instancia en la Procuraduría. De acuerdo con la denuncia del abogado Héctor Carvajal, a través de chats este habría cometido el presunto delito de concusión – que un funcionario exija dinero por debajo de la mesa-, lo cual fue corroborado en una investigación interna del órgano de control.

“Dentro de la información aportada por el señor abogado Carvajal, fue suministrado el abonado celular del cual se estaban haciendo las exigencias económicas y al corroborarlo con el jefe de la dependencia (asuntos disciplinarios) se confirma que es el mismo número que está registrado en la entidad a nombre del sustanciador”, le dijeron fuentes en la Procuraduría a El Espectador.

Le puede interesar: Los dos expedientes por el caso del estadio de Bucaramanga.

Una vez corroborada la denuncia del abogado del senador Aguilar, la Procuraduría escaló el expediente a la Fiscalía, institución que no ha entregado el nombre del funcionario detenido porque aún no legaliza su captura, la cual fue ordenada el pasado 24 de noviembre cuando Fernando Carrillo todavía era Procurador General. Este diario estableció además que Nasly Teresa Hoyos, procuradora auxiliar para Asuntos Disciplinarios, fue citada para que amplíe información sobre el caso.

Fuentes en la Procuraduría le aseguraron a este diario que Jesús Alejandro Garzón ingresó a la institución en 1993 y tenía una amplia trayectoria en la seccional auxiliar de Asuntos Disciplinarios. Además, entre el 1 de octubre de 2010 y el 8 de agosto de 2011 fue procurador regional en Santander. Después de pasar por varios despachos dentro de la misma entidad, en 2018 el funcionario regresó a la oficina donde habría cometido el delito de concusión.

“El 17 de diciembre de 2019 luego de que el Procurador General tuviera conocimiento de la denuncia sobre una presunta exigencia de dinero por parte del funcionario, dio instrucción de solicitar a la Fiscalía General de la Nación y se pidió apoyo al Área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía”, explicaron fuentes en el órgano de control. Por estos hechos, el funcionario fue suspendido tres meses, mientras avanzaba la investigación penal en su contra.

Por su parte, el senador Richard Aguilar expresó que no tiene relación con el capturado y que denunció los hechos a penas supo de la oferta. “Esta persona, mediante un tercero, trató de comunicarme alertándome que iba a salir un fallo en mi contra y pidió una suma a cambio de que ayudara a sustanciar dicho fallo. Junto a mi abogado logramos comunicarnos con el procurador Fernando Carrillo, quien puso su equipo a disposición y se hizo un trabajo articulado con la Fiscalía y Policía Judicial. Se hizo la denuncia y después de un tiempo de investigación se logró la captura”, dijo en entrevista con Blu Radio.

La Fiscalía por su parte, asegura que el sustanciador del saliente procurador Carrillo, quien será reemplazado por Margarita Cabello, también “vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría”. Así mismo, el ente investigador ya habría iniciado las primeras pesquisas contra dos abogados que habrían participado en la presunta concusión a favor del senador Aguilar -no reveló si Héctor Carvajal está involucrado-, y una abogada que se encargaría de presentar las tutelas.

En la mañana de este 22 de enero, la Fiscalía anunció la captura de Jesús Alejandro Garzón, un sustanciador de 56 años que según el ente investigador trabajaba en el mismo despacho del exprocurador Fernando Carrillo. De acuerdo con las investigaciones, Garzón habría exigido $300 millones para darle buen termino a un proceso disciplinario contra el senador Richard Aguilar, cuyo abogado alertó a las autoridades del presunto caso de corrupción en el órgano de control.

(En contexto: Capturan a exsustanciador de Procuraduría que habría pedido dinero a Richard Aguilar.)

Hace poco más de un año, el 17 de diciembre de 2019, el abogado Héctor Carvajal, apoderado del senador Richard Aguilar del partido Cambio Radical, se presentó en las instalaciones de la Procuraduría para denunciar un supuesto hecho de corrupción: un sustanciador, de la procuraduría auxiliar para Asuntos Disciplinarios, le estaba exigiendo una millonaria suma de dinero para favorecerlo en un proceso por el cual el político había sido multado, en 2018, con $40 millones.

Se trataba de una supuesta contratación irregular de servicios de vigilancia y seguridad privada con la firma Vigilancia Santafereña y Cia Ltda, que supuestamente se desplegó sobre las instalaciones de la Gobernación de Santander, institución de la cual Richard Aguilar fue su máxima cabeza. La Procuraduría, cuestionó el hecho de que el actual senador no haya realizado una licitación pública que permitiera la participación de otras empresas, cuando fue gobernador en el periodo 2012-2015.

Jesús Alejandro Garzón, el funcionario capturado este 22 de enero se encargaba, como sustanciador, de examinar procesos en segunda instancia en la Procuraduría. De acuerdo con la denuncia del abogado Héctor Carvajal, a través de chats este habría cometido el presunto delito de concusión – que un funcionario exija dinero por debajo de la mesa-, lo cual fue corroborado en una investigación interna del órgano de control.

“Dentro de la información aportada por el señor abogado Carvajal, fue suministrado el abonado celular del cual se estaban haciendo las exigencias económicas y al corroborarlo con el jefe de la dependencia (asuntos disciplinarios) se confirma que es el mismo número que está registrado en la entidad a nombre del sustanciador”, le dijeron fuentes en la Procuraduría a El Espectador.

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Una vez corroborada la denuncia del abogado del senador Aguilar, la Procuraduría escaló el expediente a la Fiscalía, institución que no ha entregado el nombre del funcionario detenido porque aún no legaliza su captura, la cual fue ordenada el pasado 24 de noviembre cuando Fernando Carrillo todavía era Procurador General. Este diario estableció además que Nasly Teresa Hoyos, procuradora auxiliar para Asuntos Disciplinarios, fue citada para que amplíe información sobre el caso.

Fuentes en la Procuraduría le aseguraron a este diario que Jesús Alejandro Garzón ingresó a la institución en 1993 y tenía una amplia trayectoria en la seccional auxiliar de Asuntos Disciplinarios. Además, entre el 1 de octubre de 2010 y el 8 de agosto de 2011 fue procurador regional en Santander. Después de pasar por varios despachos dentro de la misma entidad, en 2018 el funcionario regresó a la oficina donde habría cometido el delito de concusión.

“El 17 de diciembre de 2019 luego de que el Procurador General tuviera conocimiento de la denuncia sobre una presunta exigencia de dinero por parte del funcionario, dio instrucción de solicitar a la Fiscalía General de la Nación y se pidió apoyo al Área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía”, explicaron fuentes en el órgano de control. Por estos hechos, el funcionario fue suspendido tres meses, mientras avanzaba la investigación penal en su contra.

Por su parte, el senador Richard Aguilar expresó que no tiene relación con el capturado y que denunció los hechos a penas supo de la oferta. “Esta persona, mediante un tercero, trató de comunicarme alertándome que iba a salir un fallo en mi contra y pidió una suma a cambio de que ayudara a sustanciar dicho fallo. Junto a mi abogado logramos comunicarnos con el procurador Fernando Carrillo, quien puso su equipo a disposición y se hizo un trabajo articulado con la Fiscalía y Policía Judicial. Se hizo la denuncia y después de un tiempo de investigación se logró la captura”, dijo en entrevista con Blu Radio.

La Fiscalía por su parte, asegura que el sustanciador del saliente procurador Carrillo, quien será reemplazado por Margarita Cabello, también “vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría”. Así mismo, el ente investigador ya habría iniciado las primeras pesquisas contra dos abogados que habrían participado en la presunta concusión a favor del senador Aguilar -no reveló si Héctor Carvajal está involucrado-, y una abogada que se encargaría de presentar las tutelas.