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El Tribunal del Distrito Sur de Florida estudia una propuesta de acuerdo para ordenarle a la multinacional bananera Chiquita Brands una indemnización colectiva de US$12,8 millones a favor de 2.572 víctimas. La empresa, la cual fue vencida en juicio por sus relaciones con el paramilitarismo colombiano, transó la reparación con el abogado de víctimas Paul Wolf, quien, por la operación ante la justicia, recibirá honorarios correspondientes al 33% de ese pago.
Las víctimas tendrán un plazo de 18 meses para aceptar o apelar esta indemnización, que, en los planes de Wolf y de Chiquita Brands, otorgaría US$3.404 a cada víctima que esté registrada ante la Unidad de Víctimas de Colombia. Y de US$1.327 a las que no estén el registro. Por su parte, Wolf recibiría la suma de US$4.224, lo que supera, por mucho, la indemnización individual de sus defendidos.
Wolf allegó la propuesta al Tribunal del Distrito Sur de Florida, el cual a principio de este mes encontró responsable a Chiquita Brands por ocho homicidios en el Urabá y Magdalena Medio, derivados de su financiación a las Autodefensas Unidas de Colombia, entre 1997 y 2004. Ese expediente abrió el camino para los demás juicios o procesos en los que, como en el caso de Wolf, se pudieran llegar a acuerdos basados en la ya probada responsabilidad de la multinacional con la violencia en territorio colombiano.
En un comunicado de Earth Rights International, representantes de algunas de las familias solicitantes, no adscritas a los casos de Paul Wolf, declaran que “Chiquita acordó́ pagar por separado al señor Wolf la cifra de $4.224.000 dólares en honorarios, sin depender del número de reclamaciones que realmente se resuelvan. En otras palabras, el acuerdo del señor Wolf con Chiquita garantiza que le pagarán a él, incluso si sus clientes no llegan a un acuerdo con Chiquita”, alertaron.
Historia del proceso de Chiquita Brands
El pasado 10 de julio, el Tribunal del Distrito Sur de Florida declaró a Chiquita Brands responsable de las consecuencias de sus relaciones con las Autodefensas de Carlos Castaño y ordenó a la empresa multinacional pagar una millonaria indemnización a un primer grupo de ocho víctimas nacionales. Se trató del primero de los juicios en Estados Unidos contra la multinacional, la cual tuvo sus operaciones en Colombia en los noventa y ha salido derrotado en diferentes instancias judiciales en su país.
Durante el juicio, el jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida escuchó el testimonio de Ovidio Núñez Cabrales, alias El Indio, un extrabajador de seguridad de Chiquita, quien detalló que la multinacional bananera, incluso, habría entregado armas y gasolina a las AUC, y habría planeado asesinatos selectivos en conjunto con el grupo paramilitar. Así mismo, aseguró que el propio Charles Keiser, otro de los testigos y quien dirigió las operaciones de Chiquita en Colombia entre 1987 y 2000, recibió seguridad directa de las AUC.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había comprobado, en 2007, tras confesión misma de altos ejecutivos de la compañía, que la multinacional bananera Chiquita Brands giró al menos US$1,7 millones de dólares para la financiación de grupos paramilitares colombianos, entre 1997 y 2004. Las pruebas presentadas y reconocidas por la multinacional daban cuenta de esta financiación luego de una reunión privada en Medellín entre Carlos Castaño, máximo líder de las AUC, y un alto ejecutivo de Banadex, la filial más rentable de Chiquita Brands en el país para la época.
La indignación del caso se centra, en que mientras Chiquita Brands entregaba el dinero para los homicidios cometidos por estos grupos criminales en el Urabá y Magdalena medio durante esos años, en 2001, el gobierno de Estados Unidos había declarado a los paramilitares como una organización terrorista extranjera. “Como cualquier empresa criminal, una organización terrorista necesita un flujo de financiamiento para respaldar sus operaciones”, señaló el entonces fiscal general de la División de Seguridad Nacional, Kennet Weinstein.
La defensa principal que ha adoptado Chiquita Brands es que, aunque reconocía la entrega de este dinero a los paramilitares, esto había sido bajo amenaza y producto de extorsiones. Además, alegó la empresa, el gobierno estadounidense siempre se había afirmado que en la reunión entre Carlos Castaño y los ejecutivos de la bananera, el paramilitar dio a entender que el incumplimiento de los pagos “podría resultar en daños físicos al personal y la propiedad de Banadex”.
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