Abogados insisten en una condena contra el escolta de Carlos Pizarro

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representan judicialmente a la familia del asesinado candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, le solicitaron al Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá que dicte sentencia condenatoria contra Jaime Ernesto Gómez Muñoz, escolta de Pizarro, quién pertenecía al extinto DAS y presuntamente, estaría implicado en el magnicidio del candidato presidencial.

(Le puede interesar: Carlos Pizarro, un magnicidio que sigue en la impunidad después de 30 años)

La CCJ y el Cajar expusieron la manera en qué Gómez Muñoz asesinó al sicario de Pizarro, aun cuando este se rindió. Aunque otros escoltas estaban más cerca del asesino del candidato presidencial, fue Gómez quien le disparó en múltiples ocasiones. “Los paramilitares no hubiesen podido llevar a cabo estas acciones sin la complicidad de agentes del Estado, específicamente del DAS, entidad que también apoyó el homicidio de otros líderes de oposición y candidatos presidenciales por esa época”, añadieron los abogados.

Desde diciembre de 2022, los defensores realizaron un grave pronunciamiento sobre la investigación que adelanta la Fiscalía de Francisco Barbosa sobre este expediente. Las dos organizaciones señalaron que la actual administración del ente investigador trasladó en mayo de 2021 al Chocó a Mauricio Ponce, quien hasta ese momento llevaba siete años a cargo del caso Pizarro, asesinado el 26 de abril de 1990.

Fue así que, el 22 de febrero pasado, el nuevo fiscal del caso, Mauricio Javier Ponce, le solicitó a la Jueza Décima Penal de Circuito Especializada de Bogotá que condene al escolta por el delito de homicidio agravado con fines terroristas. Según los argumentos del ente fiscal, Gómez tuvo “la tarea de matar al sicario inmediatamente acribillara al líder político y así ganar el silencio del potencial testigo y asegurar en buena parte la impunidad, rampante durante décadas”.

En 2010, cinco días antes de que se cumplieran 20 años del asesinato, la CCJ, que es también representante de otras víctimas de graves violaciones a derechos humanos, logró que el homicidio se declarara crimen de lesa humanidad. En 2014, con la información y la priorización de los magnicidios en la Fiscalía, se logró vincular a Gómez Muñoz, quien finalmente fue capturado en 2017.

Cabe recordar que el juicio de Gómez se mantiene, a pensar de solicitó someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, como se conoció en marzo de 2022, esta Jurisdicción dejó en firme su decisión de no aceptar la solicitud de quien fuera escolta de Pizarro. A pesar de que su familia ha hecho todo para recaudar pruebas, el asesinato de Carlos Pizarro, el comandante del M-19 que condujo a esa guerrilla a la firma de la paz y aspiró a la Presidencia, sigue sin resolverse. Solamente fueron condenados, en ausencia, Carlos y Fidel Castaño.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representan judicialmente a la familia del asesinado candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, le solicitaron al Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá que dicte sentencia condenatoria contra Jaime Ernesto Gómez Muñoz, escolta de Pizarro, quién pertenecía al extinto DAS y presuntamente, estaría implicado en el magnicidio del candidato presidencial.

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La CCJ y el Cajar expusieron la manera en qué Gómez Muñoz asesinó al sicario de Pizarro, aun cuando este se rindió. Aunque otros escoltas estaban más cerca del asesino del candidato presidencial, fue Gómez quien le disparó en múltiples ocasiones. “Los paramilitares no hubiesen podido llevar a cabo estas acciones sin la complicidad de agentes del Estado, específicamente del DAS, entidad que también apoyó el homicidio de otros líderes de oposición y candidatos presidenciales por esa época”, añadieron los abogados.

Desde diciembre de 2022, los defensores realizaron un grave pronunciamiento sobre la investigación que adelanta la Fiscalía de Francisco Barbosa sobre este expediente. Las dos organizaciones señalaron que la actual administración del ente investigador trasladó en mayo de 2021 al Chocó a Mauricio Ponce, quien hasta ese momento llevaba siete años a cargo del caso Pizarro, asesinado el 26 de abril de 1990.

Fue así que, el 22 de febrero pasado, el nuevo fiscal del caso, Mauricio Javier Ponce, le solicitó a la Jueza Décima Penal de Circuito Especializada de Bogotá que condene al escolta por el delito de homicidio agravado con fines terroristas. Según los argumentos del ente fiscal, Gómez tuvo “la tarea de matar al sicario inmediatamente acribillara al líder político y así ganar el silencio del potencial testigo y asegurar en buena parte la impunidad, rampante durante décadas”.

En 2010, cinco días antes de que se cumplieran 20 años del asesinato, la CCJ, que es también representante de otras víctimas de graves violaciones a derechos humanos, logró que el homicidio se declarara crimen de lesa humanidad. En 2014, con la información y la priorización de los magnicidios en la Fiscalía, se logró vincular a Gómez Muñoz, quien finalmente fue capturado en 2017.

Cabe recordar que el juicio de Gómez se mantiene, a pensar de solicitó someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, como se conoció en marzo de 2022, esta Jurisdicción dejó en firme su decisión de no aceptar la solicitud de quien fuera escolta de Pizarro. A pesar de que su familia ha hecho todo para recaudar pruebas, el asesinato de Carlos Pizarro, el comandante del M-19 que condujo a esa guerrilla a la firma de la paz y aspiró a la Presidencia, sigue sin resolverse. Solamente fueron condenados, en ausencia, Carlos y Fidel Castaño.

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