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Una serie de irregularidades en el marco de las diligencias que vinculan a Dairo Antonio Úsuga, máximo jefe del Clan del Golfo, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevaron a que este tribunal abriera incidente de desacato contra el director de la Dijín, el general Fernando Murillo. La justicia transicional, en más de una ocasión, ha puesto de presente que al momento de recolectar el testimonio de Úsuga David las diligencias han sido intervenidas por miembros de la unidad policial al punto que no han permitido el desarrollo de las mismas.
En un auto de 12 páginas, la JEP no solo abrió el incidente, sino que también le solicitó a la magistrada del caso 04,denominado situación de conflicto generada en el Urabá, en el que entrega su declaración Otoniel, que en tres días hábiles informe detalladamente lo sucedido el pasado 22 de marzo en la diligencia de testimonio, manifestando: las personas que intervinieron en la diligencia, las acciones desarrolladas por los funcionarios de la Dijín, las condiciones en las cuales se había acordado llevar a cabo este testimonio, lo ocurrido concretamente en esta diligencia y las razones por las cuales se suspendió.
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Otra de las directrices fue citar a descargos al general Fernando Murillo de manera presencial el próximo 31 de marzo en las instalaciones de la JEP, para que se defienda ante el incidente de desacato que quedó en firme este miércoles. En medio de la diligencia, el oficial deberá informar las actuaciones que ha realizado para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar que lo tiene ante el tribunal rindiendo versión de los hechos. Del mismo modo, la JEP le solicitó a la Procuraduría Delegada que actúa en los casos 03 y 04 que, en tres días hábiles informe lo que ha sucedido en las diligencias de testimonio de alias Otoniel.
El máximo jefe del Clan del Golfo que fue capturado en octubre del año pasado se encuentra ante la JEP desde diciembre, momento en el que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas ordenó la práctica de su testimonio. Otoniel, quien ha dicho que se entregó ante las autoridades de manera voluntaria, pidió hablar ante la justicia transicional sobre hechos del conflicto armado ya que no solo lideró su estructura criminal, sino que hizo parte de grupos paramilitares y de las extintas Farc.
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El máximo jefe del Clan ha dicho que tiene información valiosa que salpicaría a altos mandos militares, y además, que tiene conocimiento de situaciones ocurridas en los Llanos Orientales en relación con ejecuciones extrajudiciales que comprometen a miembros del Ejército. También ha reseñado que puede revelar información sobre algunos casos de exterminio de la Unión Patriótica y puede entregar pesquisas de lo que fueron las fosas comunes y esclarecer los asesinatos y desapariciones de líderes sociales. Desde que Otoniel presentó ante la JEP su intención de entregar verdad a las víctimas, según su defensa, el Estado ha puesto “trabas” que ha llevado a que las diligencias en las que rendirá testimonio sean canceladas.
Si bien este miércoles la JEP finalmente pudo recolectar el testimonio de Otoniel, diligencias anteriores no solo en el tribunal de paz, sino en la Comisión de la Verdad se vieron “viciadas” por acciones que su defensa ha catalogado como una persecución para que el máximo jefe del Clan no rinda su versión. La diligencia en la que empezó a cobrar relevancia la hipótesis de la defensa, a su juicio, se registró ante la Comisión en la cual no solo suspendieron la audiencia, sino que, además, uno de los comisionados fue víctima de robo a equipos electrónicos en los que, supuestamente, se había confiscado la información revelada por Otoniel.
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Aunque días más tarde la propia entidad desmintió que el testimonio se hubiera perdido, el componente de verdad y reparación hizo un llamado a respetar los encuentros que vinculen al jefe del Clan. En más de una ocasión ha trascendido que miembros de la Dijín han estado en el marco de las diligencias que han sido suspendidas, de ahí que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y diversas organizaciones de comunidades étnico-territoriales, campesinas y procesos urbanos, solicitaran la adopción de “medidas cautelares urgentes y extremas” para evitar la vulneración de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición.
El documento de las comunidades y la JEP que terminó en el incidente de desacato contra el general Murillo decía que: “las declaraciones del Director de la Dijín dejan entrever la vulneración de los derechos del señor Úsuga, al no permitir su diálogo con sus apoderados y evitar que entidades como la CEV puedan realizar un ejercicio de contrastación, impidiendo así el acceso de las víctimas a la verdad”, y añadieron que el caso más reciente se registró este martes y el pasado 10 de marzo en los que las diligencias se suspendieron porque los encargados de su custodia no permitieron la reserva del encuentro.
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El afán de las víctimas y del componente de verdad por recolectar el testimonio de alias Otoniel obedece a que está pedido en extradición por Estados Unidos. Varios colectivos de derechos humanos y organizaciones víctimas del conflicto armado han dicho que de ser enviado al exterior, el máximo jefe del Clan se llevaría consigo la verdad que hoy necesitan para esclarecer lo ocurrido durante varios años de guerra.