Abren incidente de desacato por incumplimiento de fallo que protege la protesta
La Policía, el Ministerio de Defensa y la Alcaldía de Bogotá están vulnerando el derecho a la protesta, de acuerdo con el último fallo del Tribunal Superior de Bogotá. El despacho pidió respuestas incluso al presidente Iván Duque y exigió se aplique la protección ordenada por la Corte Suprema en 2020.
El Tribunal Superior de Bogotá abrió incidente de desacato contra el Ministerio de Defensa, la Policía y la Alcaldía de Bogotá porque no se estaría protegiendo el derecho a la protesta pacífica en el marco del Paro Nacional. La corporación judicial determinó lo anterior tras darle la razón a dos ciudadanas que instauraron una acción de tutela porque consideraron que no se está dando cumplimiento al fallo que profirió la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020.
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“No se observa razón alguna para impedir que Yuliana Judith Anaya Doria y Alba Luz Ruiz Ríos promuevan el presente incidente de desacato, ya que, de una u otra manera, encuentran afectadas sus prerrogativas fundamentales y tienen interés legítimo en las resultas del trámite incidental. Por ello, se dispondrá la apertura del incidente de desacato”, dice el documento.
De otro lado, la decisión del tribunal estima que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, en un término de tres días deberá aportar pruebas que defiendan la postura sobre el derecho a la protesta pacífica. “En relación con el incidente de desacato enfilado contra el Presidente de la República se ordenará la remisión de las diligencias a la Cámara de Representantes, para que en el ámbito de sus competencias adelante el trámite correspondiente”, agregó el tribunal.
Las denunciantes exigieron vía tutela que las entidades encargadas de la seguridad ciudadana acaten el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia del 22 de septiembre de 2020, en el cual se encontró que el ESMAD no es capaz de custodiar la protesta social sin vulnerar los derechos y libertades de los ciudadanos. Tal fue la repercusión de la decisión que al Gobierno se le ordenó pedir perdón y se suspendió el arma que provocó la muerte del joven Dilan Cruz en el Paro de 2019: la escopeta calibre 12 con munición tipo bean bag.
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Si el fallo se cumpliera a cabalidad, como lo denunciaron Anaya y Ruiz, lo cual fue ratificado por el tribunal, la Policía y los miembros del ESMAD no incurrían en el excesivo y constante uso desmedido de la fuerza. El presente Paro Nacional, que inició desde el pasado 28 de abril y aún no termina, era un escenario preciso para que la Fuerza Pública demostrara que puede garantizar los derechos ciudadanos, sin embargo, las estadísticas y el registro ciudadano da cuenta de la respuesta violenta de los uniformados.
El Tribunal Superior de Bogotá acreditó la calidad de denunciantes de Yuliana Judith Anaya y Alba Luz Ruiz, ante los “diferentes hechos que son de público conocimiento”. Las mujeres alegaron una constante violencia policial que no les permite salir a las calles. De acuerdo con el último informe de Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el Paro se han presentado 51 asesinatos, de los cuales 43 se le acusan a miembros de la Policía. Los casos de violencia policial están en 2387 y se presentaron 18 denuncias por víctimas de violencia sexual.
En cuanto al presidente Iván Duque, el incidente de desacato estará en manos de la Cámara de Representantes para que adelante el trámite correspondiente. El Tribunal Superior de Bogotá allegó al Congreso las pruebas recogidas durante el expediente. Además, exigió al jefe de Gobierno que en un término de tres días de respuesta por la esperada expedición de un acto administrativo en el cual se les ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva, a nivel nacional, “mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas”. La Corte Suprema le había exigido lo mismo hace un año.
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De hecho, una de las acciones gubernamentales que advirtió la Corte Suprema de Justicia, en septiembre del año pasado, era que los ministerios y el Ejército Nacional usaron el eslogan “no paramos, avanzamos” en el marco del Paro Nacional de 2019. Tal estrategia fue tomada por la alta corte como un discurso de estigmatización a la protesta pacífica, porque incluso desde Gobierno se dijo que esa jornada era “parte de una estrategia para derrocar al presidente Iván Duque”. La Corte Suprema exigió neutralidad, pues desde el Ejecutivo se espera mesura.
El secretario general de la Policía Nacional allegó al Tribunal Superior de Bogotá la siguiente respuesta: “teniendo en cuenta la legalidad que revisten las diferentes actuaciones policiales que se desarrollan en el marco del acompañamiento de las manifestaciones y el control de disturbios resulta imperioso poner en contexto la situación nacional que se viene suscitando desde el pasado 28 de abril de 2021, en la que se puede evidenciar que, de forma simultánea a las manifestaciones pacíficas, se han presentado hechos de violencia y actos vandálicos”.
De acuerdo con el último informe de la Fiscalía, en relación con el Paro Nacional, han sido imputadas 160 personas como presuntos responsables de actos vandálicos entre el pasado 28 de abril y el 16 de mayo. Tras atender las peticiones de fiscales, jueces de la República han ordenado 49 medidas de aseguramiento. “En el caso de uniformados de la Policía lesionados, la Fiscalía cuenta con 643 noticias criminales únicas que dan cuenta de 703 uniformados lesionados”, agregó el ente investigador. Por su parte, el ministro de Defensa Diego Molano atribuye los actos vandálicos al Eln y a disidencias de las Farc.
El Tribunal Superior de Bogotá abrió incidente de desacato contra el Ministerio de Defensa, la Policía y la Alcaldía de Bogotá porque no se estaría protegiendo el derecho a la protesta pacífica en el marco del Paro Nacional. La corporación judicial determinó lo anterior tras darle la razón a dos ciudadanas que instauraron una acción de tutela porque consideraron que no se está dando cumplimiento al fallo que profirió la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020.
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“No se observa razón alguna para impedir que Yuliana Judith Anaya Doria y Alba Luz Ruiz Ríos promuevan el presente incidente de desacato, ya que, de una u otra manera, encuentran afectadas sus prerrogativas fundamentales y tienen interés legítimo en las resultas del trámite incidental. Por ello, se dispondrá la apertura del incidente de desacato”, dice el documento.
De otro lado, la decisión del tribunal estima que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, en un término de tres días deberá aportar pruebas que defiendan la postura sobre el derecho a la protesta pacífica. “En relación con el incidente de desacato enfilado contra el Presidente de la República se ordenará la remisión de las diligencias a la Cámara de Representantes, para que en el ámbito de sus competencias adelante el trámite correspondiente”, agregó el tribunal.
Las denunciantes exigieron vía tutela que las entidades encargadas de la seguridad ciudadana acaten el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia del 22 de septiembre de 2020, en el cual se encontró que el ESMAD no es capaz de custodiar la protesta social sin vulnerar los derechos y libertades de los ciudadanos. Tal fue la repercusión de la decisión que al Gobierno se le ordenó pedir perdón y se suspendió el arma que provocó la muerte del joven Dilan Cruz en el Paro de 2019: la escopeta calibre 12 con munición tipo bean bag.
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Si el fallo se cumpliera a cabalidad, como lo denunciaron Anaya y Ruiz, lo cual fue ratificado por el tribunal, la Policía y los miembros del ESMAD no incurrían en el excesivo y constante uso desmedido de la fuerza. El presente Paro Nacional, que inició desde el pasado 28 de abril y aún no termina, era un escenario preciso para que la Fuerza Pública demostrara que puede garantizar los derechos ciudadanos, sin embargo, las estadísticas y el registro ciudadano da cuenta de la respuesta violenta de los uniformados.
El Tribunal Superior de Bogotá acreditó la calidad de denunciantes de Yuliana Judith Anaya y Alba Luz Ruiz, ante los “diferentes hechos que son de público conocimiento”. Las mujeres alegaron una constante violencia policial que no les permite salir a las calles. De acuerdo con el último informe de Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el Paro se han presentado 51 asesinatos, de los cuales 43 se le acusan a miembros de la Policía. Los casos de violencia policial están en 2387 y se presentaron 18 denuncias por víctimas de violencia sexual.
En cuanto al presidente Iván Duque, el incidente de desacato estará en manos de la Cámara de Representantes para que adelante el trámite correspondiente. El Tribunal Superior de Bogotá allegó al Congreso las pruebas recogidas durante el expediente. Además, exigió al jefe de Gobierno que en un término de tres días de respuesta por la esperada expedición de un acto administrativo en el cual se les ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva, a nivel nacional, “mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas”. La Corte Suprema le había exigido lo mismo hace un año.
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De hecho, una de las acciones gubernamentales que advirtió la Corte Suprema de Justicia, en septiembre del año pasado, era que los ministerios y el Ejército Nacional usaron el eslogan “no paramos, avanzamos” en el marco del Paro Nacional de 2019. Tal estrategia fue tomada por la alta corte como un discurso de estigmatización a la protesta pacífica, porque incluso desde Gobierno se dijo que esa jornada era “parte de una estrategia para derrocar al presidente Iván Duque”. La Corte Suprema exigió neutralidad, pues desde el Ejecutivo se espera mesura.
El secretario general de la Policía Nacional allegó al Tribunal Superior de Bogotá la siguiente respuesta: “teniendo en cuenta la legalidad que revisten las diferentes actuaciones policiales que se desarrollan en el marco del acompañamiento de las manifestaciones y el control de disturbios resulta imperioso poner en contexto la situación nacional que se viene suscitando desde el pasado 28 de abril de 2021, en la que se puede evidenciar que, de forma simultánea a las manifestaciones pacíficas, se han presentado hechos de violencia y actos vandálicos”.
De acuerdo con el último informe de la Fiscalía, en relación con el Paro Nacional, han sido imputadas 160 personas como presuntos responsables de actos vandálicos entre el pasado 28 de abril y el 16 de mayo. Tras atender las peticiones de fiscales, jueces de la República han ordenado 49 medidas de aseguramiento. “En el caso de uniformados de la Policía lesionados, la Fiscalía cuenta con 643 noticias criminales únicas que dan cuenta de 703 uniformados lesionados”, agregó el ente investigador. Por su parte, el ministro de Defensa Diego Molano atribuye los actos vandálicos al Eln y a disidencias de las Farc.