Abren investigación contra congresista Jhoany Palacios por contratos irregulares
La Corte Suprema de Justicia indaga un contrato que entregó el hoy representante a la Cámara por el Partido Liberal cuando era gobernador del Chocó. Según el alto tribunal, Palacios no tuvo planeación ni transparencia. Acá los detalles.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra del representante a la Cámara por el Partido Liberal, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera. El alto tribunal ahora indaga si el congresista incurrió o no en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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La investigación de la Sala tiene que ver con un contrato celebrado en 2017 para una obra pública en Chocó, mientras Palacios era gobernador de ese departamento. La finalidad de dicho contrato era la construcción de una plaza de mercado en Istmina, por un valor de $3.435 millones.
De acuerdo con la Corte Suprema, en el contrato entregado por Palacios en 2017, se habrían vulnerado “los principios de planeación, transparencia y economía, al no contar con estudios de arquitectura, suelos, ni los ambientales”.
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El alto tribunal investiga ahora si para el contrato no se hicieron los estudios técnicos apropiados, “al encontrarse que el inmueble en el que se desarrollaría el proyecto estaba siendo ocupado por terceros y no permitía la ejecución de la obra, tal y como se contrató”.
Según explica la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, además de las posibles falencias a la hora de entregar el contrato, hubo demoras para su ejecución. Según el alto tribunal, “el contrato había sido fijado para un plazo de 4 meses, pero tardó más de 622 días, con adiciones de presupuesta que supuestamente no estaban justificadas”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra del representante a la Cámara por el Partido Liberal, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera. El alto tribunal ahora indaga si el congresista incurrió o no en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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Según explica la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, además de las posibles falencias a la hora de entregar el contrato, hubo demoras para su ejecución. Según el alto tribunal, “el contrato había sido fijado para un plazo de 4 meses, pero tardó más de 622 días, con adiciones de presupuesta que supuestamente no estaban justificadas”.
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