Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Fiscalía abrirá una investigación contra Andrés Mauricio Mayorquín, exasesor de María Paula Correa, jefe de Gabinete del presidente Iván Duque, y su esposa, Karen Liseth Vaquiro, porque al parecer habría suscrito de forma irregular varios contratos. El escándalo que implicó a Mayorquín se da porque esos acuerdos entre él, su pareja y entidades públicas que habrían comprometido más de $12.000 millones.
Por ahora, el ente investigador ha dicho que “dará inicio a una indagación que permita esclarecer si en la adjudicación de contratos se presentaron irregularidades en su selección”. Asimismo, desde el búnker sostuvieron que las averiguaciones se realizarán con la finalidad de esclarecer responsabilidades en la suscripción de los contratos.
Lea también: Retiran a Andrés Mayorquín, asesor presidencial, tras escándalo por contratos
El escándalo nació tras una investigación de Blu Radio, en la que se dio a conocer una lista de millonarios contratos con 17 entidades estatales, que obtuvo Vaquiro, desde que él empezó a trabajar como asesor presidencial, en octubre de 2019. De acuerdo con la revelación, en enero de 2020, tres meses después de que Mayorquín aterrizó en la Casa de Nariño, Vaquiro obtuvo un contrato por $88 millones con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
Una de las dudas sobre ese y los demás contratos suscritos fue que la única experiencia laboral que tenía Vaquiro antes de que Mayorquín empezara a laborar como asesor presidencial fue 20 meses de trabajo en el Banco de Bogotá, como gerente de oficina, y otros siete meses en Link Consultores SAS, empresa fundada por su pareja.
Podría interesarle: “No sabía de los contratos”: Correa sobre caso de Andrés Mayorquín y Karen Váquiro
Por estas presuntas irregularidades que ahora busca investigar la Fiscalía, Mayorquín fue removido de su cargo en el gobierno. Fue el propio Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien confirmó el exfuncionario dejó de desempeñarse como asesor presidencial y, además, que desde el pasado 12 de noviembre se inició una investigación en su contra por parte de la Oficina de Control Disciplinario de Presidencia.
Por su parte, María Paula Correa manifestó que “no tenía conocimiento sobre ninguno de ellos y en ningún momento me pidió interceder ante ninguna entidad para contrato alguno”. Según la jefa del gabinete presidencial, la labor del exfuncionario se basaba en hacer seguimiento a los Proyectos de Ley presentados por el Gobierno y en generar relaciones entre Presidencia y las otras entidades del Gobierno en lo referente a temas en el Congreso. “Durante su tiempo como asesor de la jefatura de gabinete cumplió sus funciones con responsabilidad”, puntualizó la jefa de gabinete.
Cero tolerancia con quien utilice su cargo para favorecerse: pic.twitter.com/I59RKHoWi7
— Maria Paula Correa (@mariapcorrea) January 12, 2022
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.