La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana, por presuntas irregularidades relacionadas con una decisión que tomó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Esta decisión revocaba la concesión del Muelle 13 de Buenaventura, la cual había sido entregada al Grupo Portuario S.A. para que este siguiera operándolo por los siguientes 20 años. En su momento, la ANI explicó que había tomado esta decisión debido a que se podrían generar “importantes afectaciones ambientales negativas en el territorio”.
Este caso tiene su origen en 2022, cuando el Grupo Portuario S.A. le solicitó a la ANI la modificación del contrato sobre el muelle, pidiendo que la concesión fuera ampliada por 20 años más y que se le permitieran algunos ajustes. La solicitud fue aprobada por la ANI, a través de una resolución que quedó en firme el 27 de diciembre de 2023. Sin embargo, todos los planes del grupo cambiaron en menos de una semana, pues la ANI nunca firmó el otrosí para prorrogar la concesión y, aparte, profirió una resolución, el 5 de enero de 2024, negando las pretensiones del Grupo Portuario S.A, en tan solo nueve días.
Para la Procuraduría, los investigados incurrieron en falsa motivación (sus razones no habrían tenido fundamento), pues no habrían presentado pruebas suficientes para sustentar la posible afectación ambiental de la zona. Además de que para esta decisión no habrían consultado a la Superintendencia General de Puertos, ni tenido en cuenta el pronunciamiento del Establecimiento Público Ambiental (EPA), máxima autoridad ambiental en la zona, la cual daba luz verde a la prórroga. De igual manera, los funcionarios podrían haber vulnerado el debido proceso por el momento en que se tomó la decisión.
Así mismo, el ente de control anunció que investigará a otros cinco funcionarios que habrían hecho parte de la revocatoria de la concesión. Entre ellos se encuentra la viceministra general (e) del ministerio de Hacienda y Crédito, Sandra Yolima Esguerra; la viceministra de política y normalización ambiental (e) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación, Juan Miguel Gallego Acevedo.
Por otra parte, a principios de este año la compañía había presentado una acción de cumplimiento para intentar que la ANI les entregara la concesión, como había dicho inicialmente, pero esta fue negada. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, instancia a la que llegó el caso, se sumó a las autoridades que le dieron el “no” al Grupo Portuario. El Tribunal le respondió a la sociedad que la acción de cumplimiento no es un recurso que funcione cuando se trata de hacer cumplir un mandato contractual. Para eso, el Grupo Portuario S.A. tiene otras acciones judiciales, como la reposición que había intentado que funcionara.
Entre los argumentos más contundentes para tomar la decisión, estuvo que no se puede hacer cumplir una resolución que no está vigente. Es decir, el Tribunal no puede ordenarle a la ANI que cumpla un acuerdo que ya no existe. Precisamente sobre esta decisión, la ANI explicó que simplemente acontecieron circunstancias sobrevivientes que le hicieron cambiar de decisión y que llevaron al Consejo Directivo a revisar los fundamentos de las resoluciones. Y, como no hubo otrosí firmado, no hubo compromiso alguno, ni derechos u obligaciones que cumplir.
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