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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el representante a la cámara Edwin Ballesteros por lo que, durante los próximos días será llamado a indagatoria. El alto tribunal lo llevará ante los estrados por presuntas irregularidades en contratos en la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. (ESANT).
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Los delitos por los cuales será investigado son concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho. La investigación en su contra se derivó de una compulsa de copias que hicieron en el expediente que se adelanta en el alto tribunal contra el también congresista Richard Aguilar.
El pasado 20 de mayo, la Sala de Instrucción abrió investigación formal contra Aguilar por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés ilícito en la celebración de contratos y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública. Se trata de una indagatoria que está relacionada con su función como gobernador de Santander entre 2012 y 2015.
El político es señalado por, presuntamente, haber direccionado ilegalmente más de cinco contratos avaluados en alrededor de $400 millones. Se trata de un convenio para el corredor vial San Gil-Charalá, las obras adelantadas para el tercer carril entre Bucaramanga y Floridablanca, un contrato para adelantar obras en el Estadio de la Villa Olímpica de la capital de Santander y actuaciones adelantadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
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“Su presunción de inocencia sigue incólume. Tenemos todas las evidencias para derrotar cada una de las pruebas que pueden tener alguna interpretación errónea por parte de la autoridad sobre el comportamiento de Richard Aguilar. Apenas está empezando el proceso y al final como lo ha dicho él demostraremos su inocencia de manera sopesada y contundente”, explicó Iván Cancino, abogado de Aguilar.
El nombre de Edwin Ballesteros salió luego de que Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura de Santander entre 2012 y 2015, y su esposo Lenin Darío Pardo, lo mencionaran como presunto receptor de beneficios, en el momento en que supuestamente Richard Aguilar direccionó los contratos. La pareja fue imputada en octubre de 2018 y hoy están bajo medida de aseguramiento domiciliario, además negociando beneficios judiciales a cambio de declarar contra los congresistas.