La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación en contra de la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y varios equipos del fútbol profesional colombiano, por, supuestamente, armar un cartel para impedir el avance del fútbol profesional femenino en el país. El Espectador conoció el documento en el cual se señala que “estos agentes realizan esos acuerdos anticompetitivos que promueven que los clubes destinen menos recursos al desarrollo del fútbol femenino, la plantilla de las jugadoras, los contratos y los salarios también son mínimos”.
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Según señala el documento, el cartel que se habría creado acordó también que la duración de los campeonatos de fútbol femenino sea más corta y “en la medida en que hay menos visibilidad por la poca duración del campeonato profesional femenino, existen menores incentivos para los patrocinadores para invertir y, por lo tanto, menos ganancias económicas provenientes de este campeonato”. Con esas condiciones, dice la SIC, “la DIMAYOR y los clubes profesionales han encontrado fundamento para acordar las condiciones contractuales y los salarios de las futbolistas”.
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La SIC analizó principalmente a los clubes que tienen equipo profesional femenino de fútbol, pero, aclaran, que eso no indica que en los demás equipos “la situación no habría sido la misma”. Según la investigación, las acciones de este supuesto cartel se vendrían presentando “en todos los clubes con representación en la Liga Profesional Femenina de Fútbol desde el 2017 hasta la fecha”. De acuerdo con las indagaciones, los clubes que han tenido participación y en Asambleas y en Juntas de Competencias de la DIMAYOR han podido “conocer y actuar en línea con las instrucciones coordinadas para la estandarización de los contratos, la fijación del tope máximo de los salarios de las jugadoras, la renuencia a usar y/o recibir fondos del Gobierno para fomentar el fútbol femenino, y la negociación sobre la cantidad de partidos que serían transmitidos por parte de WIN SPORTS para la Liga Femenina”.
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De igual manera, la investigación tiene en cuenta un informe de 2021 emitido por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) en relación con la Liga Femenina Betplay 2021. ACOLFUTPRO planteó en esa ocasión que “la situación del fútbol profesional femenino en Colombia requería intervención, sobre todo en relación con los contratos, la duración de las Ligas Femeninas y la financiación de los torneos. Bajo este entendido, sería posible concluir que la situación se predica del fútbol profesional femenino en general, y que ninguno de los clubes que participaron en la Liga Profesional Femenina de Fútbol se habrían alejado de la conducta”.
Con todas las pruebas recopiladas, la SIC, considera que el caso “podría configurar una práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia económica”. La investigación también arroja que, “los comportamientos desplegados por la FCF, la DIMAYOR y los clubes que participaron en la Liga Profesional Femenina de Fútbol del 2017 al 2023 habrían constituido un sistema, materializado a través de varios comportamientos orientados a impedir el desarrollo del fútbol profesional femenino, que resultó idóneo para limitar la libre competencia económica en el sentido expuesto”.
Alianza Petrolera, América, Atlético FC, Atlético Huila, Bogotá FC, Bucaramanga, Cali, Chicó, Cortuluá, Cúcuta, Envigado, Equidad, Fortaleza, Llaneros, Junior, Millonarios, Nacional, Once Caldas, Orsomarso, Pasto, Patriotas, Quindío, Real Cartagena, Real Santander, Santa Fe, Tolima y Unión Magdalena son los equipos investigados.
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