Abren investigación previa contra congresista Fernando Tamayo, por escándalo de Notarías

Por su supuesta vinculación al escándalo de las notarías a cambio de la primera reelección presidencial, la Sala Penal del Alto Tribunal abrió investigación previa en contra del representante a la Cámara por Bogotá, Fernando Tamayo Tamayo.

Al parecer, el congresista´conservador, perteneciente a una de las comisiones económicas del Congreso, fue beneficiado por una de esas notarías, ubicada en Bosa, al sur de la capital de la República.

El dirigente boyacense hace parte de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes e integra la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en la que el equipo económico del Gobierno y los congreistas de las unidades legislativas económicas disertan sobre la posibilidad de abrir cupo al endeudamiento del Estado, frente a proyectos particulares.

En este proceso preeliminar, un equipo de investigadores desigando por la Sala Penal de la Corte valorará elementos de prueba tendientes a descartar o reafirmar la posible vinculación de Tamayo Tamayo al denominado "carrusel" de dádivas aparentemente ofrecidas desde el Ejecutivo, con el fin de asegurar la posibilidad de que Álvaro Uribe se presentara a las elecciones presidenciales del 2006, en las que resultó triunfador.

Según el denunciante, el un grupo de ministros y otros servidores estatales puso sobre la mesa tal tipo de ofrecimientos a todos los funcionarios estatales que pudieran tener ingerencia en la posibilidad de que el primer mandatario de los colombianos pudiera se reelegido por primera vez.

En este sentido, son conocidos los casos de los ex parlamentarios Teodolindo Avendaño, Yidis Medina y el del mismo Iván Díaz Mateus, que aunque incriminado bajo otra modalidad, también fue condenado por la Corte Suprema de Justicia.

Cabe recordar que por el mismo proceso ya fue llamado a juicio el senador conservador, Alirio Villamizar, acusado de exigir una suma mensual de dinero a una notaria de Bucaramanga, que habría sido nombrada en el cargo por la influencia del congresista, que a su vez habría recibido el control de de este despacho, por apoyar la reelección, en 2004.

Por su supuesta vinculación al escándalo de las notarías a cambio de la primera reelección presidencial, la Sala Penal del Alto Tribunal abrió investigación previa en contra del representante a la Cámara por Bogotá, Fernando Tamayo Tamayo.

Al parecer, el congresista´conservador, perteneciente a una de las comisiones económicas del Congreso, fue beneficiado por una de esas notarías, ubicada en Bosa, al sur de la capital de la República.

El dirigente boyacense hace parte de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes e integra la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en la que el equipo económico del Gobierno y los congreistas de las unidades legislativas económicas disertan sobre la posibilidad de abrir cupo al endeudamiento del Estado, frente a proyectos particulares.

En este proceso preeliminar, un equipo de investigadores desigando por la Sala Penal de la Corte valorará elementos de prueba tendientes a descartar o reafirmar la posible vinculación de Tamayo Tamayo al denominado "carrusel" de dádivas aparentemente ofrecidas desde el Ejecutivo, con el fin de asegurar la posibilidad de que Álvaro Uribe se presentara a las elecciones presidenciales del 2006, en las que resultó triunfador.

Según el denunciante, el un grupo de ministros y otros servidores estatales puso sobre la mesa tal tipo de ofrecimientos a todos los funcionarios estatales que pudieran tener ingerencia en la posibilidad de que el primer mandatario de los colombianos pudiera se reelegido por primera vez.

En este sentido, son conocidos los casos de los ex parlamentarios Teodolindo Avendaño, Yidis Medina y el del mismo Iván Díaz Mateus, que aunque incriminado bajo otra modalidad, también fue condenado por la Corte Suprema de Justicia.

Cabe recordar que por el mismo proceso ya fue llamado a juicio el senador conservador, Alirio Villamizar, acusado de exigir una suma mensual de dinero a una notaria de Bucaramanga, que habría sido nombrada en el cargo por la influencia del congresista, que a su vez habría recibido el control de de este despacho, por apoyar la reelección, en 2004.