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Un juez especializado acaba de absolver a la dueña de Servientrega y Efecty, Luz Mary Guerrero. La reconocida empresaria estaba siendo procesada porque, según la Fiscalía, usó servicios ilegales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Sin embargo, en la mañana de este viernes 30 de junio de 2023, la Fiscalía fue fuertemente criticada por el juez del caso y señaló que tanto Guerrero, como los demás procesados, no cometieron ningún delito.
De acuerdo con el juez, la Fiscalía no demostró que la reconocida empresaria habría evadido impuestos o enriquecido ilegalmente. Mientras que por las conductas de falsedad en documento privado, administración desleal y concierto para delinquir, se decretó prescripción de la acción penal. También fueron absueltos Sara Guativa, mano derecha en la compañía de Guerrero y el representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, Juan Arellano Rumazo.
“La Fiscalía no demostró que se cometieron los delitos. Brilló por su ausencia pruebas claras, creíbles que pudieran tumbar la presunción de inocencia. Hubo cadena de errores por parte de la Fiscalía, y se van a compulsar copias para que se investigue cómo la Fiscalía recogió la información de la investigación”, señaló el juez del caso en la mañana de este viernes.
La teoría del caso de la Fiscalía, derrotada en juicio, apuntaba a que Guerrero, accionista y gerente de las reconocidas empresas, y Sara Guavita, subgerente de Servientrega, usaron los servicios irregulares de Mossack Fonseca en Colombia para enriquecerse ilegalmente con $3.5 millones de dólares. De este plan, dice la Fiscalía, también participó Arellano Rumazo, representante legal de la firma panameña en Colombia hasta 2015, y Jorge Humberto Sánchez Amado, el revisor fiscal. Sin emargo, hoy la Fiscalía recibió un revés por el juez del caso.
La crítica de la Procuraduría y la defensa de Servientrega y Efecty
Como contó este diario el procurador del caso, además de pedir la absolución de los acusados, hizo una fuerte crítica a la fiscal del caso durante las audiencias de alegatos de conclusión en mayo pasado. En su intervención señaló que la Fiscalía incurrió en varios errores en el juicio para presentar las pruebas y no demostró, por ejemplo, que los contratos firmados con las empresas extranjeras eran ficticios o que hubo un enriquecimiento ilegal por parte de Guerrero.
También indicó que, aunque el delito de administración desleal ya prescribió de acuerdo con la ley, las pruebas del caso indican que todo dentro de la empresa se hizo en el marco de la ley y con la aprobación de los demás socios de las compañías, entre ellos, el denunciante y hermano de Luz Mary, Carlos Julio Guerrero.
“Posiblemente, al no pagar impuestos en Panamá, Costa Rica o Bahamas por las transferencias hechas a esos países puede ser un delito en aquellas legislaciones. Pero allí las autoridades panameñas están investigando a Guerrero y a una de sus compañías por supuesto lavado de dinero, pero los investigadores de la Fiscalía que declararon en el juicio desconocen esa legislación fiscal y tributaria panameña por lo que sus informes pueden tener algún grado de error (...) No se conocen pruebas por parte de la Procuraduría panameña relacionadas con los delitos imputados, sino que todo se trató de una estrategia para reducir los impuestos que tienen que ser declarados ante la DIAN”, señaló el procurador del caso.
Francisco Sintura, exfiscal general y abogado de la bancada de las acusadas, señaló durante las audiencias finales que la Fiscalía fue ligera a la hora de describir en detalle qué hechos rodearon las operaciones cuestionadas por la Fiscalía con empresas en el extranjero. “Hablo de movimientos, contratos, estructuras societarias sin especificar cuáles, contratos durante qué lapso, tampoco informó a través de qué medios puede acreditar sus afirmaciones. La Fiscalía no cumplió con el estándar de prueba requerido más allá de la duda razonable, no probó si los servicios se prestaron o no. La Fiscalía tenía el deber de acreditar que estos servicios no se dieron, lo prometió en audiencia, y nunca lo hizo”, concluyó el abogado Sintura.
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