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Las propuestas de los dos candidatos a la presidencia en materia de justicia fueron tema de análisis en la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. El panel de expertos coincidió en que en ambos planes de gobierno puede haber ideas llamativas, pero que no se concretan en propuestas y que los principales problemas del sistema judicial no son abordados directamente. Temas como la Fiscalía, el Fuero Penal Militar y una reforma estructural a la justicia fueron centrales en el debate.
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Felipe Mendoza, abogado especialista en Ciencias Penales y Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional, resaltó que ambos planes de gobierno coinciden en una inconformidad frente a la administración de justicia en Colombia. En el caso de Rodolfo Hernández, desde una crítica hacia quienes administran justicia, y en el caso de Petro, insiste en una cooptación de las mafias y plantea una transición. Ambos planes coinciden en la necesidad de reformar la Fiscalía General de la Nación y el fuero penal militar. En el caso de Hernández, la propuesta habla de “despolitizar el nombramiento de los altos dignatarios, vincular a las universidades y tener auditorías internacionales; sin embargo, no está claro el contenido de la reforma”, afirmó Mendoza.
La propuesta de Hernández plantea otorgarle en el corto plazo un poder de veto a la Corte Suprema de Justicia sobre la terna que designe el presidente para el cargo de fiscal general. “Pero, eso no es nuevo, ya la Corte ha aplazado la elección de un fiscal de una terna remitida por el Presidente” destacó el profesor Ricardo Posada Maya, profesor de Derecho Penal de la Universidad de los Andes.
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En el caso de la propuesta de Gustavo Petro, destacó el profesor Posada, hay una coincidencia en despolitizar la elección del fiscal. No obstante, cuestionó que el programa no resuelve dudas en torno al papel de la Fiscalía General y si debe estar dentro o fuera del gobierno, ni preguntas en torno a su desempeño en materia de investigación penal.
El fuero penal militar es otro de los aspectos más problemáticos que enfrenta el próximo gobierno. Es decir, que los militares y policías sean, o no, investigados por la justicia ordinaria. Mientras Hernández plantea la creación de un mecanismo de protección de los uniformados ante instancias internacionales, “una especie de blindaje especial”, la propuesta de Petro parece contradictoria en sí misma: “habla de una cooperación entre la justicia penal militar con la justicia ordinaria y transicional, plantea eliminar el fuero penal”, señaló al respecto Posada Maya.
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Para la profesora Patricia Moncada Roa, experta en derecho constitucional, también de Los Andes, en ambos candidatos hay una ausencia real de un compromiso a respetar la independencia y autonomía de la Rama Judicial. “Es algo que todos los últimos gobiernos manifiestan, pero que luego no acatan”, señaló Moncada. Para ella, también está ausente la visión sobre esos lugares del territorio donde quien ejerce la autoridad es un actor armado y el Estado no tiene la capacidad de ejercer una real administración de justicia.
Los tres ponentes coincidieron en la necesidad de una reforma a la justicia que busque la modernización de la rama y que resuelva debates como el órgano de cierre en materia judicial o la congestión de los despachos judiciales. Sin embargo, los académicos coincidieron en que, más allá de ideas que puedan resultar llamativas, en los programas de Gobierno no se avizoran propuestas de transformación de fondo de la justicia, ni de sus necesidades.
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