Activan la “Búsqueda Urgente” de 168 personas desaparecidas en el Paro Nacional

Fiscalía y Defensoría hicieron equipo el pasado 5 de mayo para entregar las estadísticas oficiales por muertos, heridos y personas dadas por desaparecidas en el Paro Nacional, convocado inicialmente contra la fallida reforma tributaria del gobierno Duque. En la última actualización, ambas entidades aseguraron que se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente por 168 casos de personas que no han llegado a su casa desde el pasado 28 de abril.

En contexto: 379 personas han desaparecido en el Paro Nacional, denuncian 26 organizaciones

“De recaudar elementos materiales probatorios que infieran la comisión del delito de desaparición, la Fiscalía iniciará de oficio la investigación penal conforme a sus competencias”, aseguró el ente investigador. Además, entregaron el número celular 3108524724 para recibir el reporte de casos, línea que estará abierta las 24 horas sin importar el tiempo que haya pasado desde que la persona fue vista por última vez.

La Fiscalía aclaró que, desde el pasado 28 de abril, ningún ciudadano se ha acercado a sus oficinas para denunciar formalmente por el delito de desaparición, en el marco del Paro Nacional que ya va a cumplir dos semanas. Además, ambas instituciones revelaron que ya se localizaron 227 personas que habían sido reportadas por diversas fuentes.

Antecedentes: Fiscalía y Defensoría harán equipo para contabilizar los crímenes en el Paro Nacional

Por ejemplo, el 6 de mayo anterior, 26 organizaciones sociales entregaron un informe con 379 casos por personas dadas por desaparecidas, luego de que la Unidad de Búsqueda concertara un espacio de diálogo. Esa entidad del Estado se encarga de ubicar a las personas de las que no se tiene información por el conflicto armado, y estará en funcionamiento hasta el 2036.

“La Unidad de Búsqueda, en el marco de sus competencias y como mecanismo de justicia transicional, tiene que buscar a las personas desaparecidas durante el conflicto armado, pero también debe procurar la no repetición de hechos que fueron parte del marco del conflicto armado, como la desaparición de las personas”, explicó Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Víctimas.

Lea también: Procuraduría tiene en sus cuentas 32 casos por presunto abuso policial en el Paro

Por otro lado, la Fiscalía agregó que 153 solicitudes por posibles desapariciones regresarán a sus peticionarios por falta de información suficiente y se declararán sin fundamento. No habría un mínimo de datos para iniciar el MBU. Sin embargo, el ciudadano que alertó la situación y la Procuraduría podrán interponer recursos para insistir en la búsqueda de la presunta víctima.

“La Defensoría del Pueblo acompañará, a través de sus 42 regionales, los procesos de los peticionaros para que aporten mayores elementos en los reportes incompletos. En caso tal, de recabar nueva información, se podrá presentar nuevamente la solicitud para su estudio. Igualmente, se solicitará a la procuraduría la figura de Agencia Especial en aquellos casos que se activó el MBU”, agregó la Defensoría.

De hecho, la Procuraduría ya anunció ponerle la lupa a instituciones que investigan los hechos violentos que ha dejado el Paro Nacional. El pasado 7 de mayo, el Ministerio Público dio a conocer que tiene en su poder 32 investigaciones por presunto abuso policial: 18 en la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y 14 indagaciones preliminares las provinciales y regionales. Se comprometió a vigilar, de todas formas, las que están en manos de la misma Policía.

“Frente a las otras 32 investigaciones disciplinarias que avanza la Inspección de la Policía, se ejercerá por parte de la Procuraduría General de la Nación, la súper vigilancia administrativa que consiste en la potestad que ostenta la Entidad para intervenir como sujeto procesal en investigaciones disciplinarias que se adelantan en los distintos entes u órganos del Estado, en defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías fundamentales”, explicó la Procuraduría.

Mapeo de la violencia policial denunciada: Defensores de DD. HH. solicitan urgente intervención de la ONU por crisis en Colombia

Según el más reciente informe de la Mesa Interinstitucional de Información entre la Fiscalía y la Defensoría, hay reportes por un uniformado -el capitán Jesús Alberto Solano- y 26 civiles muertos en el desarrollo del Paro Nacional. Por su parte, Temblores ONG tienen en sus estadísticas 39 personas que habrían sido asesinadas por miembros de la Fuerza Pública, denuncias que ha recibido a través de su plataforma Grita.

Fiscalía y Defensoría hicieron equipo el pasado 5 de mayo para entregar las estadísticas oficiales por muertos, heridos y personas dadas por desaparecidas en el Paro Nacional, convocado inicialmente contra la fallida reforma tributaria del gobierno Duque. En la última actualización, ambas entidades aseguraron que se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente por 168 casos de personas que no han llegado a su casa desde el pasado 28 de abril.

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“De recaudar elementos materiales probatorios que infieran la comisión del delito de desaparición, la Fiscalía iniciará de oficio la investigación penal conforme a sus competencias”, aseguró el ente investigador. Además, entregaron el número celular 3108524724 para recibir el reporte de casos, línea que estará abierta las 24 horas sin importar el tiempo que haya pasado desde que la persona fue vista por última vez.

La Fiscalía aclaró que, desde el pasado 28 de abril, ningún ciudadano se ha acercado a sus oficinas para denunciar formalmente por el delito de desaparición, en el marco del Paro Nacional que ya va a cumplir dos semanas. Además, ambas instituciones revelaron que ya se localizaron 227 personas que habían sido reportadas por diversas fuentes.

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Por ejemplo, el 6 de mayo anterior, 26 organizaciones sociales entregaron un informe con 379 casos por personas dadas por desaparecidas, luego de que la Unidad de Búsqueda concertara un espacio de diálogo. Esa entidad del Estado se encarga de ubicar a las personas de las que no se tiene información por el conflicto armado, y estará en funcionamiento hasta el 2036.

“La Unidad de Búsqueda, en el marco de sus competencias y como mecanismo de justicia transicional, tiene que buscar a las personas desaparecidas durante el conflicto armado, pero también debe procurar la no repetición de hechos que fueron parte del marco del conflicto armado, como la desaparición de las personas”, explicó Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Víctimas.

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Por otro lado, la Fiscalía agregó que 153 solicitudes por posibles desapariciones regresarán a sus peticionarios por falta de información suficiente y se declararán sin fundamento. No habría un mínimo de datos para iniciar el MBU. Sin embargo, el ciudadano que alertó la situación y la Procuraduría podrán interponer recursos para insistir en la búsqueda de la presunta víctima.

“La Defensoría del Pueblo acompañará, a través de sus 42 regionales, los procesos de los peticionaros para que aporten mayores elementos en los reportes incompletos. En caso tal, de recabar nueva información, se podrá presentar nuevamente la solicitud para su estudio. Igualmente, se solicitará a la procuraduría la figura de Agencia Especial en aquellos casos que se activó el MBU”, agregó la Defensoría.

De hecho, la Procuraduría ya anunció ponerle la lupa a instituciones que investigan los hechos violentos que ha dejado el Paro Nacional. El pasado 7 de mayo, el Ministerio Público dio a conocer que tiene en su poder 32 investigaciones por presunto abuso policial: 18 en la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y 14 indagaciones preliminares las provinciales y regionales. Se comprometió a vigilar, de todas formas, las que están en manos de la misma Policía.

“Frente a las otras 32 investigaciones disciplinarias que avanza la Inspección de la Policía, se ejercerá por parte de la Procuraduría General de la Nación, la súper vigilancia administrativa que consiste en la potestad que ostenta la Entidad para intervenir como sujeto procesal en investigaciones disciplinarias que se adelantan en los distintos entes u órganos del Estado, en defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías fundamentales”, explicó la Procuraduría.

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