Acuerdo de Paz: adjudicación de tierras a campesinos está lejos de su meta
Según el último informe de seguimiento de la Procuraduría al Acuerdo de Paz, solo se ha cumplido con el 16% de la adjudicación de tierras a campesinos, una de las tareas más importantes pactadas hace seis años en La Habana.
Las cuentas para adjudicar terrenos a campesinos, como se determinó en el Acuerdo de Paz en 2016, no cuadran. Según la normativa, para 2028 el Estado deberá haber entregado hasta tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra o que tengan un acceso limitado a ella. Sin embargo, como lo informó la Procuraduría, el avance está en apenas un 16%.
En contexto: Nueva Jurisdicción Agraria: así es el proyecto para solucionar los líos de tierras
En su cuarto informe sobre el avance de la implementación del Acuerdo de Paz, la Procuraduría evidenció un gran rezago en el proyecto de reforma rural integral pactado en La Habana (Cuba). Por tanto, solicitó el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro fortalecer el proceso de adjudicación de tierras, pues hasta ahora se han entregado 485.349 hectáreas de tres millones planeadas.
“Sobre la formalización de tierras, es decir, la entrega de títulos que acreditan la propiedad sobre las mismas, la Procuraduría indicó que también se debe avanzar en este punto, pues de siete millones de hectáreas solo se han regularizado 2′612.983, es decir el 37 %”, agregó el órgano de control.
Lea también: Reforma agraria: Gobierno firma la compra de tres millones de hectáreas a Fedegán
El mes pasado, el presidente Petro firmó el acuerdo de compra de tres millones de hectáreas a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan). Es una de las promesas más grandes para cumplir con la Reforma Rural Integral, que incluirá, según aseguró el Ministerio de Agricultura, proyectos productivos para el campesinado.
El Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, no obstante, contemplaba utilizar recursos de la Nación para llegar a la meta de tres millones de hectáreas, pero también con la adjudicación de terrenos baldíos y predios que hayan caído en procesos de extinción de dominio.
Lea: “A este paso, se requieren más de 60 años para reparar”: Unidad de Víctimas
En el informe de seguimiento, por otro lado, la Procuraduría advirtió al gobierno de que debe reforzar las medidas de seguridad y protección a los excombatientes, quienes, a corte de 2021, fueron asesinados en más de 300 oportunidades.
“Sobre las medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, recomendó aumentar la cobertura de las acciones de rehabilitación en las zonas rurales, dinamizar los procesos de reparación colectiva, y brindar acompañamiento a los de retorno y reubicación”, agregó la entidad. La semana pasada, la Unidad de Víctimas reportó que si no se corrigen problemas estructurales, la reparación podría tardar hasta 60 años.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Las cuentas para adjudicar terrenos a campesinos, como se determinó en el Acuerdo de Paz en 2016, no cuadran. Según la normativa, para 2028 el Estado deberá haber entregado hasta tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra o que tengan un acceso limitado a ella. Sin embargo, como lo informó la Procuraduría, el avance está en apenas un 16%.
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En su cuarto informe sobre el avance de la implementación del Acuerdo de Paz, la Procuraduría evidenció un gran rezago en el proyecto de reforma rural integral pactado en La Habana (Cuba). Por tanto, solicitó el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro fortalecer el proceso de adjudicación de tierras, pues hasta ahora se han entregado 485.349 hectáreas de tres millones planeadas.
“Sobre la formalización de tierras, es decir, la entrega de títulos que acreditan la propiedad sobre las mismas, la Procuraduría indicó que también se debe avanzar en este punto, pues de siete millones de hectáreas solo se han regularizado 2′612.983, es decir el 37 %”, agregó el órgano de control.
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El Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, no obstante, contemplaba utilizar recursos de la Nación para llegar a la meta de tres millones de hectáreas, pero también con la adjudicación de terrenos baldíos y predios que hayan caído en procesos de extinción de dominio.
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En el informe de seguimiento, por otro lado, la Procuraduría advirtió al gobierno de que debe reforzar las medidas de seguridad y protección a los excombatientes, quienes, a corte de 2021, fueron asesinados en más de 300 oportunidades.
“Sobre las medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, recomendó aumentar la cobertura de las acciones de rehabilitación en las zonas rurales, dinamizar los procesos de reparación colectiva, y brindar acompañamiento a los de retorno y reubicación”, agregó la entidad. La semana pasada, la Unidad de Víctimas reportó que si no se corrigen problemas estructurales, la reparación podría tardar hasta 60 años.
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