Adán Rojas y sus versiones en el caso contra Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena

Una fiscal especializada contra las violaciones de derechos humanos acaba de dictar prisión preventiva en contra de los hermanos Adán y José Gregorio Rojas, dos exparamilitares que fueron figuras claves del bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), responsables de decenas de asesinatos, desapariciones forzadas y de tener nexos con las mafias del narcotráfico y contar con el apoyo de algunos sectores políticos y de la Fuerza Pública. El ente investigador tomó esa determinación en la investigación del asesinato de Roque Morelli, decano de la Facultad de Educación de la Unimagdalena, perpetrado en septiembre de 2002.

Le podría interesar: El expediente contra Carlos Caicedo por posibles nexos con paramilitares

El documento de nueve páginas y conocido por este diario tiene un detalle en particular: aunque menciona que el actual gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, es investigado formalmente por su supuesta participación en este crimen y en el del estudiante de esa universidad Hugo Maduro en 2000 y del vicerrector Julio Otero, en ese mismo año, las consideraciones de la fiscal Ninfa Azucena González no lo vinculan con el triple homicidio. En cambio, reafirma que detrás de estos hechos estuvo la cúpula del paramilitarismo de la Costa Caribe: alias Jorge 40 y Hernán Giraldo y que fueron ejecutados por los sicarios del grupo de los Rojas, que controlaron el bajo mundo de Santa Marta.

Lea: Procuraduría prescribió investigación en contra del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo

El documento también cita una versión libre de Giraldo de marzo de 2010 en la que señaló a Miguel Rojas Mendoza, otro miembro del clan paramilitar, como el determinador de los hechos y que quien lo ejecutó fue un paramilitar conocido como Morrocoy. La reciente determinación de la Fiscalía en contra de los Rojas tampoco menciona a dos testigos claves del supuesto rol que jugaron el exparamilitar alias Monoleche y su mano derecha Orejas, quien ha dicho que Caicedo y su jefe se reunían en la Unimagdalena con alguna frecuencia para compartir información de personas “que tenían alineaciones de izquierda para que ellos realizaran el trabajo de ‘limpieza’”.

Otra de las declaraciones tomadas en el documento de abril de 2021 es la del propio Adán Rojas Mendoza en su indagatoria. En ella señala que Wálter Torres, uno de los sicarios de confianza de Giraldo, fue el que ordenó el asesinato de Roque Morelli y que no tenía ningún motivo para matarlo. Sin embargo, acto seguido aceptó cargos y pidió acogerse a sentencia anticipada. José Gregorio Rojas y otros paramilitares coordinaron todo el plan para asesinar al profesor: “No lo conocía, pero me dieron la orden de ubicarlo y darle muerte, ya que venía en una lista que enviaron de parte del señor Hernán Giraldo, por medio de Wálter Torres”, puntualizó José Gregorio Rojas.

Los cambios de versión

A esto se suma que, en 2019, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema, Jorge Hernán Díaz, como la propia fiscal González, indicaron que hubo una alianza del político de izquierda con los paramilitares contrainsurgentes de Jorge 40. Aunque en principio los Rojas señalaron a Caicedo como determinador de los asesinatos, luego dijeron a las autoridades que un abogado de Luis Miguel Mello Cotes les pagó para que incriminaran a Caicedo. En declaraciones de Justicia y Paz, los Rojas también han dicho que el nombre de Caicedo estaba en las listas de personas por asesinar y que no se las entregaba alguien de la universidad, sino gente del extinto DAS y el Ejército.

Sobre ese supuesto pago del abogado del Mello a los Rojas es un asunto que la defensa de Caicedo le dijo a este diario aún no se indaga y que han solicitado para que vaya a fondo sobre esta denuncia. El caso se vuelve aún más enrevesado porque alias el Canoso, exjefe político de las Auc en el Caribe, también inculpó a Caicedo, pero luego secundó a los Rojas en que el gobernador no participó en los asesinatos, que se trató de un montaje del DAS y los Cotes para incriminarlo. El Canoso, extraditado a EE. UU. en 2020, es recordado porque también ha sido señalado de mentir en procesos como el de la supuesta financiación de la Drummond a las Auc y otro por homicidio en contra de Silvia Gette.

Otra de las personas que declararon en contra de Caicedo fue el excongresista Alfonso Campo, uno de los primeros legisladores en admitir abiertamente sus nexos con la estructura criminal de Jorge 40 y Giraldo. Era vecino de Caicedo cuando era rector de la Unimagdalena y ha dicho que gestionó reuniones entre el ahora gobernador y “Jorge 40” en el patio de su casa. En contraste, hay decenas de testimonios en el expediente en defensa del gobernador, entre ellos, el de la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quién declaró que es evidente que, aunque el Magdalena estaba cooptado por el paramilitarismo, es diciente que las 30 investigaciones que lo han rodeado hayan resultado desestimadas.

Mientras avanza el proceso contra Caicedo en la Fiscalía, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema recientemente confirmó la exclusión de Adán Rojas Mendoza de Justicia y Paz porque siguió delinquiendo luego de someterse a ese sistema de justicia transicional. El Espectador se contactó con Julián Quintana, el abogado de la familia de Roque Morelli, quien señaló que “ellos (los Rojas) reconocieron que participaron en el homicidio de Roque Morelli. En esa audiencia se solicitó a los señores Rojas que dieran los nombres de las personas involucradas. Ellos lo aceptaron y van a hablar, pero le pidieron garantías a la Fiscalía porque han sufrido atentados en las cárceles donde están privados de la libertad”.

“Ese documento no va a decir nada sobre Caicedo porque esa fiscal no lo puede investigar, por ser gobernador. El proceso en su contra lo lleva un fiscal delegado ante la Corte y en los documentos que le se han trasladado a ese fiscal, persiste Caicedo como determinador. No se puede caer en el juego de Caicedo de decir que, porque no lo mencionan en un documento, entonces se demostró algo. A él ya lo han salpicado en Justicia y Paz y los Rojas prometieron decir quiénes más estuvieron implicados en el crimen. Ahora, el fiscal delegado ante la Corte tiene dos opciones: cerrar la investigación y acusar ya, o escuchar a los hermanos Rojas y corroborar que Caicedo tuvo que ver”.

Una fiscal especializada contra las violaciones de derechos humanos acaba de dictar prisión preventiva en contra de los hermanos Adán y José Gregorio Rojas, dos exparamilitares que fueron figuras claves del bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), responsables de decenas de asesinatos, desapariciones forzadas y de tener nexos con las mafias del narcotráfico y contar con el apoyo de algunos sectores políticos y de la Fuerza Pública. El ente investigador tomó esa determinación en la investigación del asesinato de Roque Morelli, decano de la Facultad de Educación de la Unimagdalena, perpetrado en septiembre de 2002.

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El documento de nueve páginas y conocido por este diario tiene un detalle en particular: aunque menciona que el actual gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, es investigado formalmente por su supuesta participación en este crimen y en el del estudiante de esa universidad Hugo Maduro en 2000 y del vicerrector Julio Otero, en ese mismo año, las consideraciones de la fiscal Ninfa Azucena González no lo vinculan con el triple homicidio. En cambio, reafirma que detrás de estos hechos estuvo la cúpula del paramilitarismo de la Costa Caribe: alias Jorge 40 y Hernán Giraldo y que fueron ejecutados por los sicarios del grupo de los Rojas, que controlaron el bajo mundo de Santa Marta.

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El documento también cita una versión libre de Giraldo de marzo de 2010 en la que señaló a Miguel Rojas Mendoza, otro miembro del clan paramilitar, como el determinador de los hechos y que quien lo ejecutó fue un paramilitar conocido como Morrocoy. La reciente determinación de la Fiscalía en contra de los Rojas tampoco menciona a dos testigos claves del supuesto rol que jugaron el exparamilitar alias Monoleche y su mano derecha Orejas, quien ha dicho que Caicedo y su jefe se reunían en la Unimagdalena con alguna frecuencia para compartir información de personas “que tenían alineaciones de izquierda para que ellos realizaran el trabajo de ‘limpieza’”.

Otra de las declaraciones tomadas en el documento de abril de 2021 es la del propio Adán Rojas Mendoza en su indagatoria. En ella señala que Wálter Torres, uno de los sicarios de confianza de Giraldo, fue el que ordenó el asesinato de Roque Morelli y que no tenía ningún motivo para matarlo. Sin embargo, acto seguido aceptó cargos y pidió acogerse a sentencia anticipada. José Gregorio Rojas y otros paramilitares coordinaron todo el plan para asesinar al profesor: “No lo conocía, pero me dieron la orden de ubicarlo y darle muerte, ya que venía en una lista que enviaron de parte del señor Hernán Giraldo, por medio de Wálter Torres”, puntualizó José Gregorio Rojas.

Los cambios de versión

A esto se suma que, en 2019, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema, Jorge Hernán Díaz, como la propia fiscal González, indicaron que hubo una alianza del político de izquierda con los paramilitares contrainsurgentes de Jorge 40. Aunque en principio los Rojas señalaron a Caicedo como determinador de los asesinatos, luego dijeron a las autoridades que un abogado de Luis Miguel Mello Cotes les pagó para que incriminaran a Caicedo. En declaraciones de Justicia y Paz, los Rojas también han dicho que el nombre de Caicedo estaba en las listas de personas por asesinar y que no se las entregaba alguien de la universidad, sino gente del extinto DAS y el Ejército.

Sobre ese supuesto pago del abogado del Mello a los Rojas es un asunto que la defensa de Caicedo le dijo a este diario aún no se indaga y que han solicitado para que vaya a fondo sobre esta denuncia. El caso se vuelve aún más enrevesado porque alias el Canoso, exjefe político de las Auc en el Caribe, también inculpó a Caicedo, pero luego secundó a los Rojas en que el gobernador no participó en los asesinatos, que se trató de un montaje del DAS y los Cotes para incriminarlo. El Canoso, extraditado a EE. UU. en 2020, es recordado porque también ha sido señalado de mentir en procesos como el de la supuesta financiación de la Drummond a las Auc y otro por homicidio en contra de Silvia Gette.

Otra de las personas que declararon en contra de Caicedo fue el excongresista Alfonso Campo, uno de los primeros legisladores en admitir abiertamente sus nexos con la estructura criminal de Jorge 40 y Giraldo. Era vecino de Caicedo cuando era rector de la Unimagdalena y ha dicho que gestionó reuniones entre el ahora gobernador y “Jorge 40” en el patio de su casa. En contraste, hay decenas de testimonios en el expediente en defensa del gobernador, entre ellos, el de la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quién declaró que es evidente que, aunque el Magdalena estaba cooptado por el paramilitarismo, es diciente que las 30 investigaciones que lo han rodeado hayan resultado desestimadas.

Mientras avanza el proceso contra Caicedo en la Fiscalía, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema recientemente confirmó la exclusión de Adán Rojas Mendoza de Justicia y Paz porque siguió delinquiendo luego de someterse a ese sistema de justicia transicional. El Espectador se contactó con Julián Quintana, el abogado de la familia de Roque Morelli, quien señaló que “ellos (los Rojas) reconocieron que participaron en el homicidio de Roque Morelli. En esa audiencia se solicitó a los señores Rojas que dieran los nombres de las personas involucradas. Ellos lo aceptaron y van a hablar, pero le pidieron garantías a la Fiscalía porque han sufrido atentados en las cárceles donde están privados de la libertad”.

“Ese documento no va a decir nada sobre Caicedo porque esa fiscal no lo puede investigar, por ser gobernador. El proceso en su contra lo lleva un fiscal delegado ante la Corte y en los documentos que le se han trasladado a ese fiscal, persiste Caicedo como determinador. No se puede caer en el juego de Caicedo de decir que, porque no lo mencionan en un documento, entonces se demostró algo. A él ya lo han salpicado en Justicia y Paz y los Rojas prometieron decir quiénes más estuvieron implicados en el crimen. Ahora, el fiscal delegado ante la Corte tiene dos opciones: cerrar la investigación y acusar ya, o escuchar a los hermanos Rojas y corroborar que Caicedo tuvo que ver”.