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El consejo de Estado admitió una demanda contra la Nación y el Ministerio de Justicia que pretende tumbar el decreto expedido en 2021 por el Gobierno del expresidente Iván Duque que revivió la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. Este decreto no tiene vigencia actualmente en el país porque un año despúes la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el Plan de Manejo Ambiental que expidió la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como uno de los requisitos para usar el glifosato en los cultivos de coca que existen en el país.
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La demanda fue interpuesta por el representante a la Cámara, Carlos Ardila, quien insiste que el Decreto que autorizó hace tres años el regreso de la aspersión aérea con glifosato al país es inconstitucional porque vulnera el principio de reserva legal, no permite la participación efectiva de la ciudadanía en la elaboración de los informes en salud y medio ambiente que deberán formular las autoridades correspondientes, viola el principio de independencia y separación de poderes y la competencia del Congreso de la República para expedir las leyes.
En este sentido, solicita como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del Decreto 380 de 12 de abril de 2021, “por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones”. Con la decisión del Consejo de estado, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia, por un término de treinta (30) días, deberá contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y, en su caso, presentar demanda de reconvención.
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El decreto firmado por el gobierno del expresidente Iván Duque quedó sin vigencia en 2022 cuando la Corte Constitucional con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, dejó sin efecto el Plan de Manejo Ambiental que expidió la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como uno de los requisitos para usar el glifosato en los cultivos de coca que existen en el país. La decisión obedece al estudio de una acción de tutela que presentaron organizaciones de derechos humanos y ambientales aduciendo que la ANLA vulneró su derecho a la participación, al expedir un documento que ordenaba realizar audiencias virtuales para abordar el uso del químico.
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