El Consejo de Estado admitió una tutela interpuesta por el abogado Germán Calderón España en contra del presidente Gustavo Petro, a raíz de sus controversiales declaraciones en las que calificó a algunas periodistas como “muñecas de la mafia”.
Estas palabras, dichas durante el acto de posesión de Iris Marín como Defensora del Pueblo, en Nuquí (Chocó), desataron una ola de críticas y rechazo por parte de diversos sectores, y el gremio periodístico, incluyendo el rechazo por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
#ComunicadoFLIP 🧵 Rechazamos las declaraciones del presidente @petrogustavo, quien el 30 de agosto, durante la posesión de @MarnIris en la @DefensoriaCol, se refirió a las periodistas como “muñecas de la mafia”. Calificar y reafirmar que hay comunicadoras al servicio de “poderes… pic.twitter.com/rV8iokQ6Kn
— Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) September 2, 2024
El abogado Calderón España, quien presentó la tutela, argumenta que las palabras del presidente constituyen un ataque directo a la dignidad de las mujeres periodistas y considera que vulneran sus derechos fundamentales. Por esta razón, en su solicitud ante el Consejo de Estado, exige que se ordene al mandatario retractarse públicamente de sus declaraciones y que ofrezca disculpas a las comunicadoras afectadas.
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Que se le ordene al Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ofrecer públicamente una retractación y a ofrecer una disculpa pública en favor de las víctimas (…) que se le prohíba usar esta clase de expresiones discriminatorias contra las mujeres periodistas colombianas a futuro.
Tutela contra el presidente Petro
En la tutela, Calderón España también pide que se restrinja al presidente Gustavo Petro de utilizar este tipo de expresiones discriminatorias en futuros actos públicos, al considerar que no solo afectan la imagen de las periodistas, sino que también instigan el acoso en redes sociales. El abogado destacó que el uso de la expresión “muñecas de la mafia” tiene una clara intención de descalificar y menospreciar a las comunicadoras, lo que resulta inadmisible en un contexto de respeto a los derechos de las mujeres.
Asimismo, el jurista decidió acudir al Consejo de Estado debido a la dilación que podría presentar el caso en dicha instancia, argumentado que “cualquier acción contra el presidente va dirigida a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, donde bien podría tardarse 20 años en obtenerse una resolución, mientras las mujeres periodistas colombianas siguen siendo vulneradas en sus derechos fundamentales”
Calderón España también subrayó la necesidad de que las palabras del presidente reciban una sanción moral ante la sociedad, ya que provienen del jefe de Estado, quien debería ser ejemplo de respeto hacia los derechos de todos los ciudadanos, incluidas las mujeres que ejercen el periodismo en el país. Según el abogado, no se puede permitir que este tipo de descalificaciones pasen desapercibidas, sin que haya una respuesta contundente por parte de las instituciones del país.
La decisión del Consejo de Estado sobre esta tutela podría marcar un precedente importante en cuanto a la responsabilidad de los líderes políticos en el uso de su lenguaje, especialmente en relación con los derechos de las mujeres en el ámbito laboral y público.
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