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Una tutela que denuncia graves vulneraciones a los derechos humanos por parte de hombres de la Policía Nacional en Popayán (Cauca) durante las manifestaciones sociales que se han presentado en el marco del Paro Nacional, fue admitida. El Juzgado Décimo Mixto Administrativo del Circuito de Popayán le dio luz verde a la acción interpuesta por Maicol Andrés Rodríguez quien expuso de manera detallada las presuntas actuaciones irregulares que habrían desplegado los uniformados en la ciudad. (Lea también: Los relatos de torturas y tratos crueles de tres capturados por la Policía en el paro nacional)
En la tutela, el denunciante señala a la Policía de Popayán de vulnerar los derechos a la vida, integridad personal, libertad de expresión, libre reunión y manifestación pacífica, debido proceso, libertad personal, dignidad humana, no recibir tratos crueles ni denigrantes y a derechos políticos. Además, vincula a otras entidades estatales como el municipio de Popayán, departamento del Cauca, Personería de Popayán, Defensoría del Cauca, Procuraduría, Ejército y Secretaría de Salud del Cauca, por omisión pues, asegura, no han tomado medidas efectivas en favor de los derechos de los ciudadanos.
“Desde el día 28 de abril se inició a lo largo del departamento las diversas marchas que reflejan las voces de 30.000 personas (…) de una sociedad civil que no encuentra justificación ante la constante situación de violencia que asalta diariamente los territorios caucanos, manifestándose en contra de la reforma tributaria a la salud, clamando por la vida, el territorio, la democracia y la paz. El Paro Nacional se ha extendido por los días siguientes hasta el presente día, presentándose todos los días heridos por el uso excesivo de la fuerza, personas detenidas sin soporte alguno, entre otros”, señala la tutela.
Agrega que ni la Policía de Popayán, ni las demás accionadas, han garantizado el derecho a la manifestación pacífica sino que, por el contrario, actuaron de manera arbitraria. “Por falta de protocolos, transparencia y publicidad de los procedimientos, los actos arbitrarios de la Policía han generado en Popayán-Cauca y en otros municipios del departamento, tratos crueles, torturas, amenazas y violencias psicológicas, físicas y de género contra los legales y legítimos manifestantes”, indica la tutela.
El denunciante añade que la Policía de Popayán no cuenta con implementos, dispositivos, transportes y espacios adecuados para abordar, intervenir y aprehender a manifestantes garantizando las condiciones de bioseguridad que deberían existir en medio de la pandemia por Covid-19 y que las otras autoridades accionadas no han hecho nada para controlar este asunto. Además, asegura que los policías estaban impidiendo que se realizara el acompañamiento jurídico necesario a las personas que se encontraban retenidas dentro de los Centros de Traslado por Protección (CTP).
“Los capturados narran que los ingresaron a las celdas, las cuales son espacios cerrados y pequeños y por largas horas los retuvieron sin ofrecerles comida ni agua, algunos de ellos no se encontraban con todas sus prendas de vestir como camisetas y zapatos, otros se encontraban mojados o con sus prendas húmedas y todos con la prohibición de usar su teléfono, tal cual, constituye tratos crueles inhumanos y degradantes”, advirtió el demandante quien adjunto videos como prueba de los presuntos hechos de violencia y exceso de fuerza contra quienes participaban de las protestas. (Le puede interesar: 379 personas han desaparecido en el Paro Nacional, denuncian 26 organizaciones)
El objetivo de la tutela es que la justicia cobije lo derechos fundamentales que habrían sido vulnerados por las autoridades y les ordene que en un plazo razonable, hasta de tres días, elaboren la propuesta, la debatan y aprueben el protocolo de intervención policial en los momentos de alteración del orden público que se presenten mientras los ciudadanos ejercen el derecho constitucional de la reunión y manifestación pacífica. Pero, además, que para construir, debatir y aprobar este protocolo convoquen a una mesa de diálogo en la que participen voceros de la Defensoría, Personería y Procuraduría, así como organizaciones que propenden por los derechos humanos.
La tutela llegó a manos de la jueza del circuito Jenny Ximena Cuentia quien en su análisis del caso señaló que por diversos medios de comunicación y redes sociales se ha evidenciado la ocurrencia de desmanes, la existencia de heridos, persecución a manifestantes, desmanes contra los bienes de los ciudadanos y contiendas de diversa índole entre miembros de la Policía y manifestantes, situaciones que, a juicio del demandante, son ocasionadas por el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía, específicamente por el grupo del Esmad.
La funcionaria, quien resolvió admitir la demanda, agregó que la Corte Suprema de Justicia dejó claramente establecido que en Colombia durante el desarrollo de las manifestaciones y protestas públicas se deben garantizar y respetar la protesta pacífica. En ese sentido, el despacho consideró que las medidas provisionales planteadas por el demandante en la tutela buscan salvaguardar los derechos humanos de los manifestantes y en ese sentido accedió a decretar dichas medidas que comprometen a varias entidades estatales.
En primer lugar, le pidió a la Secretaría de Salud del Cauca, al comandante de la Policía de Popayán, a la Defensoría, Personería y Procuraduría para que vayan a los CTP a verificar las condiciones de bioseguridad de esos espacios, así como las medidas de protección de quienes se encuentran allí detenidos. Asimismo, le pidió al alcalde, al comandante de Policía de Popayán y al gobernador del Cauca gestionar las medidas que estén a su alcance para garantizar y proteger el derecho de reunión y manifestación pacífica, mientras se adopta el fallo respectivo de este proceso. (Noticia relacionada: Estas son las 87 personas desaparecidas en el Paro Nacional, según Defensoría)
También, les pidió documentar en video los procedimientos que realicen y disponer de todos los elementos de seguridad y salud a las personas trasladas por protección conforme lo dispone el Ministerio de Salud, por cuenta de la pandemia. Además, les ordenó que garanticen la asistencia de abogados, agentes del Ministerio Público y colectivos de derechos humanos que requieran información sobre las personas detenidas en estos lugares. En total, fueron ocho las medidas provisionales que, según la jueza, resultan necesarias en favor de quienes participan en la protesta.
Además, el despacho vinculó a otras entidades al proceso como, por ejemplo, al presidente de la República, al ministro de Defensa, Esmad, Copes y Goes; Fiscalía seccional Popayán; Agencias Nacional de Defensa Jurídica del Estado; a la CUT de Popayán; la OIT; Asoinca; CRIC; Guardia Indígena del Cauca y ONIC, así como a instituciones educativas y otras asociaciones y organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos. Asimismo, la jueza ordenó la práctica de varias pruebas haciendo varios requerimientos a la Policía como el listado de las personas retenidas durante la protesta, los protocolos para realizar las detenciones y si han recibido denuncias sobre abuso de la fuerza por parte algún miembro de la Policía o del Esmad, entre otras.
La jueza dispuso un término de dos días para que las entidades accionadas en la tutela entreguen su postura respecto a esta acción judicial y, en caso de que no alleguen sus contestaciones de manera oportuna, “se tendrán por ciertos los hechos de la demanda y se entrará a resolver de plano”.