En menos de una semana se conocieron dos casos de violencia sexual en los que las víctimas fueron menores de edad pertenecientes a etnias indígenas y los perpetradores, militares. En el primero, una niña embera de 12 años, el caso se resolvió en 72 horas y los siete uniformados aceptaron cargos ante un juez. En el segundo caso, una adolescente nukak maku denunció el abuso desde septiembre del año pasado y, apenas hasta ahora se comienza a mover en la justicia. Y ahora, en este último caso, el ICBF, que asegura haber hecho todo el acompañamiento, asumió la custodia de la menor de edad.
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La historia de Angélica* se remonta agosto de 2019 en una vereda de San José del Guaviare llamada Charras, a unas tres horas del casco urbano. Tras salir del baño, asegura la adolescente, dos soldados la retuvieron y la obligaron a irse con ellos. Estuvo desaparecida domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y hasta la mañana del viernes. Luego contaría a sus autoridades tradicionales y a las judiciales que la tuvieron secuestrada en el Batallón de Infantería No. 19 General José Joaquín París, ubicado en la capital del Guaviare y allí los dos uniformados la obligaron a tener relaciones sexuales.
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el 20 de septiembre del año pasado tuvieron conocimiento de los hechos e iniciaron un acompañamiento. “Un equipo interdisciplinario del ICBF realizó la verificación de derechos y la autoridad administrativa abrió un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos en su favor con ubicación en medio familiar. De igual manera, interpuso la denuncia ante la Fiscalía (investigación que, al parecer, no ha prosperado)”, aseguró la entidad este martes a través de un comunicado. Desde entonces, aseguró el Instituto, la adolescente ha recibido apoyo profesional.
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Fue en virtud de ese seguimiento, dijo el ICBF, que la Defensoría de Familia ha hecho varios trámites de la mano de las autoridades nukak maku y ha visitado en repetidas ocasiones el entorno familiar de la adolescente. “En el marco de la última visita se evidenció que en el lugar donde residía no contaba con las garantías necesarias para permanecer. Por tanto, la Defensoría de Familia determinó ubicarla en hogar sustituto donde sigue recibiendo atención psicosocial”, añadió la entidad. Es decir, la menor de edad ya no está viviendo con sus familiares, sino que quedó en poder del ICBF.
Este caso lo denunció inicialmente el portal Semana en el programa que dirige el investigador Ariel Ávila. A las pocas horas, no obstante, el propio Ejército confirmó que tenía conocimiento del “presunto caso de violencia sexual contra una menor indígena en el Guaviare”. El Comando de Segunda Brigada de Selva aseguró que desde que tuvo conocimiento de los hechos inició una indagación disciplinaria que ahora está asumiendo la Procuraduría y que la Fiscalía 02 de San José del Guaviare lleva otras pesquisas independientes. Además, que el Comando “ha estado presto a los requerimientos de las autoridades judiciales y entidades de control, en el desarrollo de sus investigaciones y procedimientos”.