Adopción gay, un camino legal con ponencia negativa

Enredada está la lucha que viven a diario mujeres y hombres de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) para hacer valer sus derechos como ciudadanos ante la Corte Constitucional. El alto tribunal entró con ponencia negativa en la discusión jurídica de una nueva demanda que pretender abrirle camino legal a la adopción por parejas gays.

La ponencia fue presentada por el magistrado Jorge Pretelt con un argumento de forma: Pretelt argumenta que la discusión ya se había resuelto en 2001 y que la Corte debe declarar este nuevo pleito judicial como “cosa juzgada constitucional”.

Los demandantes piden declarar inconstitucional el requisito de idoneidad moral para adoptar, ya que la norma define que quien quiera adoptar debe “garantizar idoneidad física, mental, moral y social”.

Germán Rincón, un abogado que lleva más de cinco años defendiendo en tribunales y en la misma Corte Constitucional el derecho de dos lesbianas antioqueñas que desean adoptar en pajera, asegura que el alto tribunal “no entiende que la moral es una escala de grises, y que la decisión que se tome no puede estar sujeta a la moralidad religiosa. Siento que se está atentando contra la democracia al permitirse la violación de derechos no teniendo en cuenta la moral civil sino religiosa”.

La ponencia del magistrado Pretelt surge al mismo tiempo en el que se estudia una tutela de una pareja de lesbianas de Medellín y en la que Rincón es el abogado de las dos mujeres. Frente al proceso que está en curso, Rincón señala que la Corte “tiene una mora judicial disfrazada en una suspensión de términos”: Rincón considera que los altos magistrados están metiendo la camándula en un una discusión que va más allá de las creencias y el dogma religioso.
El abogado Rincón reclama que la Corte Constitucional no tenga en cuenta los antecedentes internacionales, en este caso lo concluido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto lo conceptuado para estas minorías. “No se está respetando lo concluido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy hablando del caso de la jueza chilena Karen Atala, quien asumió su lesbianismo públicamente. Ella demandó al Estado Chileno ante el organismo internacional por discriminación al prohibirle el cuidado de sus hijos producto de su convivencia con una pareja homosexual. Y la Corte Interamericana le dio la razón a la mujer”.

Rincón asegura que “la Corte no puede perder su papel preponderante, no puede desconocer que este puede ser el momento de resarcir la discriminación legal histórica que tiene esta comunidad. Si se sigue tomando el indicador religioso para fallar y conceptuar sobre estos temas se continuará bajo la estela de discriminación y no habrá una solución a las minorías, sobre todo se tiene que tener en cuenta que la noción de familia no es la misma que se tenía hace más de 10 años”.

Martha Isabel Castañeda, viceprocuradora de la Nación, en reemplazo del Alejandro Ordóñez, procurador general, ya que se declaró impedido, aseguró que la Corte Constitucional “no puede fijar políticas públicas o simplemente cambie de postura sobre un precedente que tiene fuerza de cosa juzgada”.

De nuevo una discusión tan candente vuelve a polarizar las posiciones. Activistas de la comunidad LGBTI temen que con la llegada a la Corte Constitucional como magistrado titular de Luis Guillermo Guerrero se desequilibren las cargas en el alto tribunal en favor de las tesis conservadoras.

Enredada está la lucha que viven a diario mujeres y hombres de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) para hacer valer sus derechos como ciudadanos ante la Corte Constitucional. El alto tribunal entró con ponencia negativa en la discusión jurídica de una nueva demanda que pretender abrirle camino legal a la adopción por parejas gays.

La ponencia fue presentada por el magistrado Jorge Pretelt con un argumento de forma: Pretelt argumenta que la discusión ya se había resuelto en 2001 y que la Corte debe declarar este nuevo pleito judicial como “cosa juzgada constitucional”.

Los demandantes piden declarar inconstitucional el requisito de idoneidad moral para adoptar, ya que la norma define que quien quiera adoptar debe “garantizar idoneidad física, mental, moral y social”.

Germán Rincón, un abogado que lleva más de cinco años defendiendo en tribunales y en la misma Corte Constitucional el derecho de dos lesbianas antioqueñas que desean adoptar en pajera, asegura que el alto tribunal “no entiende que la moral es una escala de grises, y que la decisión que se tome no puede estar sujeta a la moralidad religiosa. Siento que se está atentando contra la democracia al permitirse la violación de derechos no teniendo en cuenta la moral civil sino religiosa”.

La ponencia del magistrado Pretelt surge al mismo tiempo en el que se estudia una tutela de una pareja de lesbianas de Medellín y en la que Rincón es el abogado de las dos mujeres. Frente al proceso que está en curso, Rincón señala que la Corte “tiene una mora judicial disfrazada en una suspensión de términos”: Rincón considera que los altos magistrados están metiendo la camándula en un una discusión que va más allá de las creencias y el dogma religioso.
El abogado Rincón reclama que la Corte Constitucional no tenga en cuenta los antecedentes internacionales, en este caso lo concluido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto lo conceptuado para estas minorías. “No se está respetando lo concluido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy hablando del caso de la jueza chilena Karen Atala, quien asumió su lesbianismo públicamente. Ella demandó al Estado Chileno ante el organismo internacional por discriminación al prohibirle el cuidado de sus hijos producto de su convivencia con una pareja homosexual. Y la Corte Interamericana le dio la razón a la mujer”.

Rincón asegura que “la Corte no puede perder su papel preponderante, no puede desconocer que este puede ser el momento de resarcir la discriminación legal histórica que tiene esta comunidad. Si se sigue tomando el indicador religioso para fallar y conceptuar sobre estos temas se continuará bajo la estela de discriminación y no habrá una solución a las minorías, sobre todo se tiene que tener en cuenta que la noción de familia no es la misma que se tenía hace más de 10 años”.

Martha Isabel Castañeda, viceprocuradora de la Nación, en reemplazo del Alejandro Ordóñez, procurador general, ya que se declaró impedido, aseguró que la Corte Constitucional “no puede fijar políticas públicas o simplemente cambie de postura sobre un precedente que tiene fuerza de cosa juzgada”.

De nuevo una discusión tan candente vuelve a polarizar las posiciones. Activistas de la comunidad LGBTI temen que con la llegada a la Corte Constitucional como magistrado titular de Luis Guillermo Guerrero se desequilibren las cargas en el alto tribunal en favor de las tesis conservadoras.