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Continúa la puja por definir los alcances de la libre competencia en el monopolio de aguardientes en el país. Por un empate en la votación de la sala plena de la Corte Constitucional, en la que quedaron cuatro votos a favor y cuatro en contra, ahora tendrá que entrar a dirimir un conjuez para definir el resultado de la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibánez.
La razón del empate fue que la magistrada Cristina Pardo presentó un impedimento y por eso no se logró definir el pleito, luego de que ese tribunal convocara a una audiencia pública por la presunta vulneración del derecho a la libre competencia y la consolidación de un monopolio rentístico en el mercado de los aguardientes.
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La disputa comenzó cuando en 2023 la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca le quitó a la Industria Licorera de Caldas la autorización que tenía para comercializar en el departamento su icónico Aguardiente Amarillo de Manzanares.
Esto abrió un debate sobre la presencia de fabricantes de licores en el mercado de los distintos departamentos del país, el derecho a la libre competencia de los fabricantes y a la libre elección por parte de los consumidores.
El tema es clave porque las rentas de licor destilado se destinan a la financiación de los sectores de educación y salud en cada departamento. Los defensores alegan que la apertura del mercado afectaría el recaudo, mientras que los demandantes argumentan que una competencia libre estimula la demanda del licor y, por ende, los ingresos provenientes de su comercialización.
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Desde el departamento de Caldas, donde más tensión ha generado el lío jurídico y comercial por lo que representa en términos comerciales, sobre todo en la temporada decembrina, expresaron que esperaban que la decisión se resolviera a su favor.
“Mientras en Colombia les cierran las fronteras, en otros países han aumentado las ventas internacionales hasta un 70%, por lo que es paradójico que encontremos Amarillo en el exterior y no en Bogotá o Medellín legalmente, pero sí de contrabando y a precios mayores”, dijo Henry Gutiérrez Ángel, gobernador de Caldas.
Por ahora, será un conjuez el que entrará a desempatar la discusión de la ponencia, decisión que se postergará hasta el año 2025.
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