Así van las investigaciones contra los presuntos aliados de Aida Merlano

Aida Merlano aseguró su curul en el Senado en 2018 impulsada por la maquinaria política y económica de una red de corrupción electoral en la cual, aparentemente, participó el expresidente del Congreso Arturo Char, hoy privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Sin embargo, hay otro grupo de políticos que también habrían conformado el entramado, pero las investigaciones en su contra poco o nada se han movido desde hace cuatro años. El excongresista Laureaño Acuña, conocido como el Gato Volador; Lilibeth Llinás y los exdiputados, exconcejales y abogados Jorge Luis Rangel, Vicente Carlos Támara, Juan Carlos Zamora, Alberto Castro Reyes, Gregorio Castro Bravo y Margarita María Balen serían, supuestamente, otras piezas claves a quienes la justicia, en contraste, les ha sido esquiva.

Aida Merlano aseguró su curul en el Senado en 2018 impulsada por la maquinaria política y económica de una red de corrupción electoral en la cual, aparentemente, participó el expresidente del Congreso Arturo Char, hoy privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Sin embargo, hay otro grupo de políticos que también habrían conformado el entramado, pero las investigaciones en su contra poco o nada se han movido desde hace cuatro años. El excongresista Laureaño Acuña, conocido como el Gato Volador; Lilibeth Llinás y los exdiputados, exconcejales y abogados Jorge Luis Rangel, Vicente Carlos Támara, Juan Carlos Zamora, Alberto Castro Reyes, Gregorio Castro Bravo y Margarita María Balen serían, supuestamente, otras piezas claves a quienes la justicia, en contraste, les ha sido esquiva.

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El caso, según las investigaciones y las declaraciones de la propia Merlano, tuvo su génesis en las elecciones legislativas de 2018, donde se orquestó una organización criminal para comprar y vender votos en Barranquilla y municipios del Atlántico, Magdalena, Bolívar y Cesar, como ya lo probó la Corte Suprema. La complejidad de la operación quedó evidenciada desde el funcionamiento de la sede de campaña de Aida Merlano, conocida como la Casa Blanca. Al lugar solo entraban líderes y coordinadores carnetizados, quienes estaban registrados con nombres y cargo, y recibían una mensualidad para ordenar el proceso y no dejar la campaña por el ofrecimiento de otros políticos.

Las investigaciones dan cuenta de que los líderes de esta red, que eran reclutados por los coordinadores, con cédula en mano, debían dejar anotado el número de votantes que llevarían a la organización. Con huellero y talonario, cooptaban y marcaban presuntamente con un sello al ciudadano que vendía su voto. La intención era, al término de la jornada, dar cuenta de su aporte. Una vez llegaban al “comando central” empezaba la “labor de revisión”. Minuciosamente los denominados “punteadores”, bajo la supervisión de los coordinadores, verificaban que la huella del votante plasmada en el talonario coincidiera con la que aparecía en la fotocopia de su cédula.

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El Espectador conoció que, dentro del mismo caso en contra de Arturo Char por concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante, la Corte Suprema también está investigando a Laureano Acuña, quien fue senador del Partido Conservador entre 2014 y 2020. Según fuentes cercanas al proceso, Aida Merlano no ha hablado en contra de Laureano Acuña directamente, pero el alto tribunal tiene pruebas que darían cuenta de su participación en los mismos hechos que el expresidente del Senado en 2017. El proceso no ha tenido mayores avances por dilaciones como las inasistencias de Char a los llamados a declarar en 2020 y 2022, y por su silencio guardado en junio de este año, cuando por fin se presentó asegurando que los señalamientos de Merlano en su contra eran falsos.

En el caso de Lilibeth Llinás, quien era candidata a la Cámara de Representantes en 2018 por Cambio Radical y a quien Merlano ha señalado como una de las líderes de la red criminal, su caso lo lleva el Juzgado Octavo Penal de Barranquilla, el mismo despacho donde están los casos de Jorge Luis Rangel, Vicente Carlos Támara, Juan Carlos Zamora, Alberto Castro Reyes, Gregorio Castro Bravo y Margarita María Balen -esposa del fallecido Jorge Gerlein, hermano de Julio Gerlein-. Los siete investigados fueron imputados en julio de 2018 por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante. A pesar de los señalamientos en contra de este grupo de personas, ninguno aceptó cargos y el proceso siguió su curso.

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El 26 de noviembre de ese mismo año la Fiscalía llamó a juicio a todos los involucrados en el proceso y radicó el escrito de acusación. Allí reafirmó todo lo dicho en contra de ellos, pero hasta la fecha, según fuentes cercanas a este caso, el avance de la justicia ha sido casi nulo. En este momento se encuentra en fase preparatoria, es decir, ajustando a los testigos y las pruebas que serán llevadas al juicio, pero la última sesión fue el pasado 11 de octubre y se espera que la siguiente sea el 28 de noviembre de este año. Las razones de la demora se basan en la programación de audiencias y problemas de conexión que generan aplazamientos, entre otros factores, explicaron fuentes del caso.

El segundo eslabón de la organización, y no menos importante, lo ocupó Julio Gerlein Echavarría, al parecer, como financiador. De acuerdo con lo que ha podido averiguar la Fiscalía, el empresario habría sido una de las fichas claves en la financiación del entramado de corrupción. Fue acusado por la Fiscalía en 2019 por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y violación en los topes de los gastos en las campañas electorales como interviniente. Este diario conoció que en el proceso contra él ya terminó la etapa de práctica de pruebas y se espera que el próximo 29 de noviembre inicien los alegatos de conclusión.

La última de las investigadas por ser parte de este sofisticado esquema de compra de votos es Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña y hermana de la corrupta exsenadora del Partido Conservador, quien es investigada por los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir agravado. Su caso, según las fuentes consultadas por El Espectador, es el que más retraso tiene. Está hace 17 meses en el Tribunal Superior de Barranquilla a la espera de que se validen varias pruebas que se encuentran dentro del expediente. Por ahora Aida Merlano enfrenta otro proceso por la cinematográfica fuga que protagonizó en 2019 desde el segundo piso de un consultorio odontológico. Por este caso la Fiscalía presentó escrito de acusación y se espera que sea condenada el próximo 16 de noviembre.

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