Amenazas a la JEP: caso ya llegó al Consejo de Seguridad de la ONU

La gravedad de la situación de seguridad que atraviesa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue en estado crítico. Amenazas, atentados, hostigamientos y ahora un panfleto tienen en alerta a la jurisdicción que, desde hace seis años, busca garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado. El último hecho violento es un panfleto firmado por las Águilas Negras, en el que amenazan la vida a excombatientes de las FARC, abogados, buscadores de desaparecidos y demás colaboradores del proceso de paz en todo el país. Es tan grave lo que está pasando en la JEP, que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia incluyó uno de estos episodios en el más reciente informe que le presentó al Consejo de Seguridad de la ONU.

La gravedad de la situación de seguridad que atraviesa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue en estado crítico. Amenazas, atentados, hostigamientos y ahora un panfleto tienen en alerta a la jurisdicción que, desde hace seis años, busca garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado. El último hecho violento es un panfleto firmado por las Águilas Negras, en el que amenazan la vida a excombatientes de las FARC, abogados, buscadores de desaparecidos y demás colaboradores del proceso de paz en todo el país. Es tan grave lo que está pasando en la JEP, que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia incluyó uno de estos episodios en el más reciente informe que le presentó al Consejo de Seguridad de la ONU.

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Lo hizo en un informe de 20 páginas que presentó el pasado 27 de junio, en el que exaltó los avances de la JEP en las investigaciones que tiene a su cargo, pero incluyó el crítico caso de las amenazas que han recibido abogados, testigos y magistrados que tiene el caso de las ejecuciones extrajudiciales que militares ocultaron en el cementerio de Dabeiba (Antioquia). La Misión de Verificación le explicó al Consejo de Seguridad que ha recibido información de que, desde el inicio de estas investigaciones,13 personas han sido amenazadas. Aunque no incluyó nombres propios, el caso tiene que ver con el magistrado Alejandro Ramelli, su auxiliar, Hugo Escobar, la abogada Tania Parra y una testigo, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de seguridad.

Dos semanas después de que este caso llegara hasta el Consejo de Seguridad de la ONU, volvieron las amenazas. Esta vez, en panfletos que se han conocido en varios municipios de Santander, firmados por las Águilas Negras, en contra de excombatientes de las FARC, defensores de derechos humanos, abogados, buscadores de desaparecidos y otras personas que colaboren con el proceso de paz, entre ellos, magistrados de la JEP. El anónimo puso de nuevo en alerta a las autoridades y a los funcionarios de la jurisdicción especial, quienes avanzan en casos tan importantes como la imputación en el macrocaso 02, que tiene que ver con hechos victimizantes que sufrieron los habitantes de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño).

El presidente de la JEP, Roberto Vidal, explicó que las intimidaciones no son nuevas, persisten y ponen en peligro las funciones propias del mecanismo de justicia. El magistrado reveló que tres abogados y una psicóloga, integrantes de la bancada de defensa de la Jurisdicción, fueron los que recibieron este panfleto a través de sus correos electrónicos y que, aunque no mencionan en específico al organismo, sí especifica todas sus funciones y proyectos de sanción, por lo que se considera una amenaza generalizada dirigida a la JEP en todo su conjunto.

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Las declaraciones de Vidal fueron todavía más preocupantes. Durante una rueda de prensa, rechazó los actos de violencia y explicó que ya se comunicó con la Fiscalía, en particular con la vicefiscal, Martha Mancera, quien le respondió que ya avanzan en la investigación para dar con los culpables. “Estos hechos socavan la esperanza de millones de víctimas del conflicto, que empiezan a ver a sus victimarios reconocer su responsabilidad por lo que hicieron”, dijo Vidal y añadió: “La JEP confía en los resultados de la Fiscalía para judicializar a los responsables de estas amenazas que buscan que no se conozca la verdad de los crímenes más atroces y que pretenden intimidar a quienes decidieron romper el silencio”.

Tras la firma final del Acuerdo de Paz, la JEP se convirtió en el mecanismo más importante para encontrar verdad, justicia y reparación. Junto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) conforma el Sistema Integral para la Paz. Aunque desde su creación ha tenido detractores, nunca la habían atacado frontalmente como, al parecer, lo hizo el Clan del Golfo con la amenaza al magistrado Alejandro Ramelli. La intimidación tuvo lugar en mayo de este año, cuando Ramelli, y su magistrado auxiliar Hugo Escobar —encargados de investigar sobre falsos positivos en Antioquia—, también fueron amenazados por el Clan del Golfo. Días más tarde, la noche del jueves 8 de junio, el vehículo de Escobar fue impactado, al parecer, con arma de fuego. Todavía las autoridades no han dado información sobre quiénes podrían haber atacado el vehículo del magistrado auxiliar.

A medida que han avanzado las amenazas y presiones contra la JEP, también ha aumentado la violencia contra los firmantes de la paz, como los integrantes del partido Comunes, especialmente en regiones como Caquetá y Putumayo. “Lamentablemente, las amenazas en el caso de los miembros de las FARC que están en proceso de desmovilización, que están sometidos a la Jurisdicción y a sus mecanismos de condicionalidad, esas amenazas también han avanzado. El país conoce la muerte de líderes de la desmovilización”, afirmó el magistrado. Comunes es el partido conformado por excombatientes de las FARC y firmantes del Acuerdo de Paz, desde la semana pasada denunciaron también que, frente a su sede en Medellín, varios sujetos llegan constantemente para grabar y tomar fotos, lo que consideran otro intento de intimidación. A la fecha, según su registro, han sido asesinados 390 firmantes, 380 estaban en proceso de reincorporación.

Ante las más recientes amenazas, la Corporación Humanitaria Reencuentros manifestó su rechazo. “Nos preocupa profundamente este tipo de amenazas, ya que en lo que va corrido del año, se reporta el asesinato de 20 firmantes de la paz”, escribió la organización mediante un comunicado, en el que también hace un llamado al Gobierno Nacional, a las instituciones como la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a las diferentes entidades correspondientes para que brinden garantías de seguridad a estas personas. A esta solicitud se unieron otras entidades como la Defensoría del Pueblo, específicamente en el departamento de Santander.

Asimismo, en septiembre de 2021, la Unidad de Búsqueda informó que en el municipio de Saravena (Arauca), una servidora y un conductor de esa entidad fueron abordados por personas armadas que exigieron la entrega del vehículo, el cual contaba con logos de la UBPD y sería utilizado para realizar una acción humanitaria de pedagogía en el marco de la conmemoración del día internacional de las víctimas de desaparición forzada. Al igual que ellos, comisionados de la verdad han sido intimidados. Leyner Palacios, por ejemplo, recibió el más reciente mensaje en febrero de este año, cuando le advirtieron que tenía 12 horas para abandonar su tierra natal, la costa del Pacífico de Colombia, para que “no volviera nunca más”. Un año antes, en marzo de 2020, uno de sus guardaespaldas fue asesinado.

Al respecto, el abogado de graves delitos de lesa humanidad e integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Reinaldo Villalba, considera que “hay que preguntarse quienes se benefician con el ocultamiento de la verdad para saber quienes hay detrás de esos ataques”. Dice que quiénes públicamente han denigrado el Acuerdo de paz, son promotores directos de este tipo de hostigamientos. “Son amenazas dirigidas a un total amedrentamiento de las funciones de la JEP, el lugar donde se están conociendo las verdades de personas que históricamente han estado favoreciendo la impunidad. Ese es el objetivo que tienen estas amenazas”, opina el defensor. “Es un ataque directo y permanente a la verdad”, añade Villalba.

Como escribió en mayo pasado la Comisión Colombiana de Juristas, con estos actos “no solo se afecta a los funcionarios judiciales, sino que también se ven perjudicadas las víctimas, quienes desde hace años buscan respuestas en este escenario de justicia transicional, y la sociedad colombiana en general”. Ahora, con el caso de los panfletos, la situación vuelve a agravarse. Ni la Fiscalía ni la fuerza pública han dado pistas sobre el avance de sus investigaciones de las amenazas, pero ahora que el Consejo de Seguridad de la ONU conoce de la situación, la esperanza está puesta en que, por esa vía diplomática, las autoridades toman medidas sobre este delicado asunto.

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