Alberto Santofimio: condenado por “sacar del camino” a su contrincante

Alberto Santofimio Botero, abogado y político tolimense que llegó a ser senador y ministro de Justicia, fue condenado en 2011 por su participación en el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. Con ponencia del entonces magistrado José Luis Barceló, la Corte Suprema de Justicia ratificó la responsabilidad del tolimense en el homicidio de quien era uno de sus rivales en la contienda electoral por la Presidencia de la República en 1989. El exsenador, quien se encuentra privado de la libertad, ha insistido en su inocencia desde el comienzo del proceso. (Vea acá el especial sobre lo 30 años del asesinato de Galán)

Santofimio era un personaje central en la política nacional. Había llegado a la Cámara de Representantes a los 25 años y siempre se distinguió por su oratoria. Fue designado ministro de Justicia en la presidencia de Alfonso López Michelsen. Hacia finales de los años ochenta entró en la disputa por la nominación del Partido Liberal a la presidencia. No solo Galán fue su opositor sino también, Hernando Durán Dussán y Jaime Castro; el exalcalde de Medellín, William Jaramillo Gómez, y el político bogotano Ernesto Samper Pizano, quien llegó a la presidencia cuatro años después en 1994.

Su vida política estuvo salpicada de escándalos. El primer lío se presentó a mediados de los años 70, tras su paso por la presidencia de la Cámara. Alcanzó a ser acusado de nombrar de manera ficticia a varios funcionarios. En 1983, a raíz de los señalamientos del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla contra el narcotráfico, Santofimio la emprendió contra Lara, acusándolo de recibir dineros del narcotraficante Evaristo Porras. Años después, Porras fue vinculado con el capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, a quien Santofimio asesoraba políticamente.

Sumado a esto, el acontecimiento que finiquitó su vida política se dio cuando Ernesto Samper Pizano llegó a la presidencia de Colombia. Tras la revelación de los llamados “narcocasetes” en 1994, se hizo evidente el ingreso de “dineros calientes” del Cartel de Cali a varias campañas políticas. Alberto Santofimio se vio sumido en este nuevo escándalo e hizo parte de los procesados en el caso judicial 8.000. No salió bien librado, pues además de ser condenado por recibir esta financiación ilícita, le quitaron la investidura en la justicia administrativa. Es decir, le declararon la muerte política. 

Durante mucho tiempo existieron sospechas de la vinculación de Santofimio al crimen de Galán, pero no pasaba de comentarios en los pasillos sobre su cercanía con el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Diez años después del magnicidio del líder liberal, el 19 de agosto de 1999, fueron condenados, en calidad de autores materiales del asesinato, José Édgar Téllez Cifuentes, alias Pantera, y Johan Lozano Rodríguez. En dicha sentencia, el juez ordenó investigar a Santofimio Botero, pero seis meses después, un fiscal de derechos humanos se “inhibió” de investigar de manera formal al excongresista.

Pero fue solo después de la extradición del exjefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, en 2005, cuando John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, confeso jefe de sicarios de Escobar, decidió prender su ventilador. En 1994, Velásquez había dicho que conocía en detalle quién había ordenado el crimen de Galán, con detalles adicionales de cómo se consiguió el automóvil en el que se transportaron, pero aseguró que ningún político estuvo involucrado. No obstante, casi diez años más tarde, Popeye cambió su versión y señaló a Santofimio como el “determinador” del crimen.

Así revivió el expediente 16 años después. La noche en que Jaime Eduardo Rueda le disparó a Galán en Soacha, solo era el comienzo de la historia. El siguiente capítulo empezó a escribirse con la captura de Santofimio el 12 de mayo de 2005. Sobre las 10:30 de la mañana, el exsenador liberal mercaba en Armenia (Quindío) cuando fue interceptado por agentes del CTI. Le mostraron la boleta que ordenaba su captura y, aunque pensó que era un error, no opuso resistencia. Lo llevaron al búnker del ente investigador en Bogotá para que un fiscal iniciara la diligencia de indagatoria. 

Al testimonio de Popeye se sumó el de Carlos Oviedo, abogado y excongresista quindiano ―condenado por un atentado fallido a Galán en Medellín― y el de Luis Carlos Aguilar, alias Mugre. Todos apuntando a lo mismo: que Santofimio convenció a Escobar de que el líder del Nuevo Liberalismo podía ser piedra en el zapato para sus negocios y, aprovechando que el capo del cartel de Medellín lo escuchaba, lo indujo a matar a Galán. Popeye contó, por ejemplo, que escuchó que en una conversación Santofimio le dijo a Escobar: “Si Galán es presidente te extradita, te lo digo con todo el convencimiento, Pablo, mátalo”.

Antes de ser capturado, Santofimio le concedió unas declaraciones al periodista Jorge Eliécer Orozco en las que insistió en que no tenía nada que ver en el crimen de Galán: “Lo que pasa es que quisieron elevar a la categoría de delito la contradicción intelectual, la emulación política, el hecho de que un grupo de colombianos no compartiera las aspiraciones que muy justamente ventilaba el doctor Galán en ese momento”. Y agregó: “No alcanzamos a ser ni siquiera adversarios”. El exsenador se anticipó a la que sería la hipótesis central en su contra: que le pidió a Escobar que matara a Galán para sacarlo de la contienda política.

Luego de un juicio que captó la atención de los medios de comunicación y que se inició a los pocos meses de que Santofimio fuera capturado, el juzgado primero especializado de Cundinamarca condenó al exsenador tolimense en 2007 por su coautoría en “los homicidios con fines terroristas, causados en las personas de Luis Carlos Galán Sarmiento, Santiago Cuervo Jiménez ―guardaespaldas del líder liberal― y Julio César Peñalosa Sánchez ―concejal de Soacha―”. El fallo lo obligó, entonces, a pagar una pena de 24 años de cárcel, a indemnizar a la familia Galán y lo inhabilitó para ejercer en política por 10 años.

Santofimio apeló y, por una vez, la justicia le dio la razón. El 22 de octubre de 2008 el Tribunal Cundinamarca lo absolvió. Según explicó el fallo, la Fiscalía no comprobó que Escobar y el exsenador tolimense hubieran sostenido vínculos después de 1984. Además, desvirtuó todos los testimonios que comprometían a Santofimio. Se dijo, por ejemplo, que el lenguaje que usó Popeye al declarar era más “propio de expertos en leyes”, cuestionó “su entorno delictual” y aseguró que no había cómo “calificarlo de testigo fiable, por cuanto fue integrante de una terrible organización criminal”, y no era confiable su cambio de versión 16 años después.

La Fiscalía y la familia Galán no estuvieron de acuerdo con la interpretación del Tribunal y le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que revisara el expediente. El entonces magistrado José Luis Barceló presentó una ponencia en la que señaló los múltiples errores en que incurrió la segunda instancia y ratificó la decisión del juzgado primero en 2007. Los colegas de Barceló en la Sala Penal acogieron la reinterpretación del caso. Santofimio fue de nuevo capturado y, de inmediato, lo trasladaron a la cárcel La Picota.

La Corte consideró que el testimonio de Popeye era válido, porque su pasado criminal no hacía inverosímil lo que dijera y justificaron el cambio de versión del lugarteniente del cartel de Medellín en el “miedo” que le pudo producir cualquier represalia. En el alto tribunal acogieron con mayor apertura la tesis de que Santofimio pidiera “sacar del camino” a su contendor político. “Por ese entonces, la eliminación del oponente político era un fenómeno que lejos estaba de ser impensable o de considerar como de imposible ocurrencia”, anotó la Corte, poniendo como ejemplo comparable el exterminio de la Unión Patriótica.

El exsenador liberal solicitó en 2017 que le concedieran el beneficio de casa por cárcel. En una primera ocasión le cerraron esta posibilidad, pero el 13 de mayo del mismo año se le concedió la solicitud. El juzgado precisó que, para continuar con este beneficio, Santofimio debía cumplir con sus otras obligaciones, siendo una de ellas el pago de la indemnización a la familia Galán. Dos años después, en mayo de este año, fue precisamente el incumplimiento de esto último lo que lo devolvió a la cárcel. A la fecha, no había pagado las indemnizaciones decretadas en la sentencia condenatoria, por el daño causado a las víctimas.

Dos semanas después, el excongresista solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según su abogado, el juzgado 16 de Ejecución de Penas de Bogotá que vigila su condena, estaría vulnerando su derecho a la libertad personal, y sometiendo al exsenador tolimense a un supuesto encarcelamiento ilegal, pues, asegura, Santofimio seguiría preso por deudas. La familia Galán ha aclarado en medios de comunicación que no está interesada en recibir ningún dinero de parte de quien determinó la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, antes de que pudiera ser elegido presidente de la república.

Alberto Santofimio Botero, abogado y político tolimense que llegó a ser senador y ministro de Justicia, fue condenado en 2011 por su participación en el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. Con ponencia del entonces magistrado José Luis Barceló, la Corte Suprema de Justicia ratificó la responsabilidad del tolimense en el homicidio de quien era uno de sus rivales en la contienda electoral por la Presidencia de la República en 1989. El exsenador, quien se encuentra privado de la libertad, ha insistido en su inocencia desde el comienzo del proceso. (Vea acá el especial sobre lo 30 años del asesinato de Galán)

Santofimio era un personaje central en la política nacional. Había llegado a la Cámara de Representantes a los 25 años y siempre se distinguió por su oratoria. Fue designado ministro de Justicia en la presidencia de Alfonso López Michelsen. Hacia finales de los años ochenta entró en la disputa por la nominación del Partido Liberal a la presidencia. No solo Galán fue su opositor sino también, Hernando Durán Dussán y Jaime Castro; el exalcalde de Medellín, William Jaramillo Gómez, y el político bogotano Ernesto Samper Pizano, quien llegó a la presidencia cuatro años después en 1994.

Su vida política estuvo salpicada de escándalos. El primer lío se presentó a mediados de los años 70, tras su paso por la presidencia de la Cámara. Alcanzó a ser acusado de nombrar de manera ficticia a varios funcionarios. En 1983, a raíz de los señalamientos del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla contra el narcotráfico, Santofimio la emprendió contra Lara, acusándolo de recibir dineros del narcotraficante Evaristo Porras. Años después, Porras fue vinculado con el capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, a quien Santofimio asesoraba políticamente.

Sumado a esto, el acontecimiento que finiquitó su vida política se dio cuando Ernesto Samper Pizano llegó a la presidencia de Colombia. Tras la revelación de los llamados “narcocasetes” en 1994, se hizo evidente el ingreso de “dineros calientes” del Cartel de Cali a varias campañas políticas. Alberto Santofimio se vio sumido en este nuevo escándalo e hizo parte de los procesados en el caso judicial 8.000. No salió bien librado, pues además de ser condenado por recibir esta financiación ilícita, le quitaron la investidura en la justicia administrativa. Es decir, le declararon la muerte política. 

Durante mucho tiempo existieron sospechas de la vinculación de Santofimio al crimen de Galán, pero no pasaba de comentarios en los pasillos sobre su cercanía con el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Diez años después del magnicidio del líder liberal, el 19 de agosto de 1999, fueron condenados, en calidad de autores materiales del asesinato, José Édgar Téllez Cifuentes, alias Pantera, y Johan Lozano Rodríguez. En dicha sentencia, el juez ordenó investigar a Santofimio Botero, pero seis meses después, un fiscal de derechos humanos se “inhibió” de investigar de manera formal al excongresista.

Pero fue solo después de la extradición del exjefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, en 2005, cuando John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, confeso jefe de sicarios de Escobar, decidió prender su ventilador. En 1994, Velásquez había dicho que conocía en detalle quién había ordenado el crimen de Galán, con detalles adicionales de cómo se consiguió el automóvil en el que se transportaron, pero aseguró que ningún político estuvo involucrado. No obstante, casi diez años más tarde, Popeye cambió su versión y señaló a Santofimio como el “determinador” del crimen.

Así revivió el expediente 16 años después. La noche en que Jaime Eduardo Rueda le disparó a Galán en Soacha, solo era el comienzo de la historia. El siguiente capítulo empezó a escribirse con la captura de Santofimio el 12 de mayo de 2005. Sobre las 10:30 de la mañana, el exsenador liberal mercaba en Armenia (Quindío) cuando fue interceptado por agentes del CTI. Le mostraron la boleta que ordenaba su captura y, aunque pensó que era un error, no opuso resistencia. Lo llevaron al búnker del ente investigador en Bogotá para que un fiscal iniciara la diligencia de indagatoria. 

Al testimonio de Popeye se sumó el de Carlos Oviedo, abogado y excongresista quindiano ―condenado por un atentado fallido a Galán en Medellín― y el de Luis Carlos Aguilar, alias Mugre. Todos apuntando a lo mismo: que Santofimio convenció a Escobar de que el líder del Nuevo Liberalismo podía ser piedra en el zapato para sus negocios y, aprovechando que el capo del cartel de Medellín lo escuchaba, lo indujo a matar a Galán. Popeye contó, por ejemplo, que escuchó que en una conversación Santofimio le dijo a Escobar: “Si Galán es presidente te extradita, te lo digo con todo el convencimiento, Pablo, mátalo”.

Antes de ser capturado, Santofimio le concedió unas declaraciones al periodista Jorge Eliécer Orozco en las que insistió en que no tenía nada que ver en el crimen de Galán: “Lo que pasa es que quisieron elevar a la categoría de delito la contradicción intelectual, la emulación política, el hecho de que un grupo de colombianos no compartiera las aspiraciones que muy justamente ventilaba el doctor Galán en ese momento”. Y agregó: “No alcanzamos a ser ni siquiera adversarios”. El exsenador se anticipó a la que sería la hipótesis central en su contra: que le pidió a Escobar que matara a Galán para sacarlo de la contienda política.

Luego de un juicio que captó la atención de los medios de comunicación y que se inició a los pocos meses de que Santofimio fuera capturado, el juzgado primero especializado de Cundinamarca condenó al exsenador tolimense en 2007 por su coautoría en “los homicidios con fines terroristas, causados en las personas de Luis Carlos Galán Sarmiento, Santiago Cuervo Jiménez ―guardaespaldas del líder liberal― y Julio César Peñalosa Sánchez ―concejal de Soacha―”. El fallo lo obligó, entonces, a pagar una pena de 24 años de cárcel, a indemnizar a la familia Galán y lo inhabilitó para ejercer en política por 10 años.

Santofimio apeló y, por una vez, la justicia le dio la razón. El 22 de octubre de 2008 el Tribunal Cundinamarca lo absolvió. Según explicó el fallo, la Fiscalía no comprobó que Escobar y el exsenador tolimense hubieran sostenido vínculos después de 1984. Además, desvirtuó todos los testimonios que comprometían a Santofimio. Se dijo, por ejemplo, que el lenguaje que usó Popeye al declarar era más “propio de expertos en leyes”, cuestionó “su entorno delictual” y aseguró que no había cómo “calificarlo de testigo fiable, por cuanto fue integrante de una terrible organización criminal”, y no era confiable su cambio de versión 16 años después.

La Fiscalía y la familia Galán no estuvieron de acuerdo con la interpretación del Tribunal y le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que revisara el expediente. El entonces magistrado José Luis Barceló presentó una ponencia en la que señaló los múltiples errores en que incurrió la segunda instancia y ratificó la decisión del juzgado primero en 2007. Los colegas de Barceló en la Sala Penal acogieron la reinterpretación del caso. Santofimio fue de nuevo capturado y, de inmediato, lo trasladaron a la cárcel La Picota.

La Corte consideró que el testimonio de Popeye era válido, porque su pasado criminal no hacía inverosímil lo que dijera y justificaron el cambio de versión del lugarteniente del cartel de Medellín en el “miedo” que le pudo producir cualquier represalia. En el alto tribunal acogieron con mayor apertura la tesis de que Santofimio pidiera “sacar del camino” a su contendor político. “Por ese entonces, la eliminación del oponente político era un fenómeno que lejos estaba de ser impensable o de considerar como de imposible ocurrencia”, anotó la Corte, poniendo como ejemplo comparable el exterminio de la Unión Patriótica.

El exsenador liberal solicitó en 2017 que le concedieran el beneficio de casa por cárcel. En una primera ocasión le cerraron esta posibilidad, pero el 13 de mayo del mismo año se le concedió la solicitud. El juzgado precisó que, para continuar con este beneficio, Santofimio debía cumplir con sus otras obligaciones, siendo una de ellas el pago de la indemnización a la familia Galán. Dos años después, en mayo de este año, fue precisamente el incumplimiento de esto último lo que lo devolvió a la cárcel. A la fecha, no había pagado las indemnizaciones decretadas en la sentencia condenatoria, por el daño causado a las víctimas.

Dos semanas después, el excongresista solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según su abogado, el juzgado 16 de Ejecución de Penas de Bogotá que vigila su condena, estaría vulnerando su derecho a la libertad personal, y sometiendo al exsenador tolimense a un supuesto encarcelamiento ilegal, pues, asegura, Santofimio seguiría preso por deudas. La familia Galán ha aclarado en medios de comunicación que no está interesada en recibir ningún dinero de parte de quien determinó la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, antes de que pudiera ser elegido presidente de la república.