Alcalde de Cali irá a juicio disciplinario por contratos de la Feria de Cali 2020
La Procuraduría formuló cargos contra Jorge Iván Ospina Gómez, y al secretario de Cultura de la ciudad, José Darwin Lenis Mejía, por presuntas irregularidades en la organización del evento durante la pandemia.
El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, y al secretario de Cultura de la ciudad, José Darwin Lenis Mejía, tendrán que responder ante la Procuraduría por presuntas irregularidades en la organización de la Feria de Cali de 2020, la cual se desarrolló durante la pandemia de forma virtual.
De acuerdo con la investigación del ente de control, al parecer, un convenio firmado entre la ciudad y Corfecali para la organización de la mayor festividad de la ciudad, se habría hecho por $11.955 millones, sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor. Dice el Ministerio Público que ese precio fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizarían de forma virtual por la pandemia del covid-19.
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Para la Procuraduría, la administración de la ciudad tenía el deber de incluir en los estudios previos la forma cómo se calcularon los precios de los eventos a realizar y, según el ente de control “en este caso no aconteció, pues como ha quedado evidenciado, tan solo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual”.
El Ministerio Público señaló que el alcalde Ospina pudo haber incurrido en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación, que estaba en cabeza del secretario de Cultura Lenis Mejía. La razón que da la Procuraduría a esta hipótesis es que el alcalde no le habría advertido a Mejía sobre los cambios contractuales que implicaba la organización de la Feria, no le requirió informe alguno sobre la metodología para fijar los costos y tampoco le pidió una explicación por la inclusión de aspectos que eran propios de eventos presenciales.
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Además de la investigación contra el alcalde y el secretario de Cultura, la Procuraduría abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía, por presunta negligencia “para disponer de un equipo para el mantenimiento o reparación de cerca de 1.200 cámaras de seguridad que se encuentran fuera de servicio en la ciudad”. El ente de control adelanta las averiguaciones sobre las denuncias hechas en medios locales sobre el desuso de más de la mitad de las cámaras de la ciudad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, y al secretario de Cultura de la ciudad, José Darwin Lenis Mejía, tendrán que responder ante la Procuraduría por presuntas irregularidades en la organización de la Feria de Cali de 2020, la cual se desarrolló durante la pandemia de forma virtual.
De acuerdo con la investigación del ente de control, al parecer, un convenio firmado entre la ciudad y Corfecali para la organización de la mayor festividad de la ciudad, se habría hecho por $11.955 millones, sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor. Dice el Ministerio Público que ese precio fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizarían de forma virtual por la pandemia del covid-19.
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Para la Procuraduría, la administración de la ciudad tenía el deber de incluir en los estudios previos la forma cómo se calcularon los precios de los eventos a realizar y, según el ente de control “en este caso no aconteció, pues como ha quedado evidenciado, tan solo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual”.
El Ministerio Público señaló que el alcalde Ospina pudo haber incurrido en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación, que estaba en cabeza del secretario de Cultura Lenis Mejía. La razón que da la Procuraduría a esta hipótesis es que el alcalde no le habría advertido a Mejía sobre los cambios contractuales que implicaba la organización de la Feria, no le requirió informe alguno sobre la metodología para fijar los costos y tampoco le pidió una explicación por la inclusión de aspectos que eran propios de eventos presenciales.
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