Alertan por rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz en los Montes de María

Uno de los principios del Acuerdo de Paz, firmado en 2016, fue la igualdad y enfoque de género. En específico, el Estado se comprometió a emplear su sistema de justicia transicional, así como planes y programas que se implementen “teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades”. De acuerdo con Luz Piedad Caicedo, codirectora de la Corporación Humanas, entre 2019 y 2021, periodo medular del gobierno Iván Duque, los avances son escasos y difícilmente verificables.

Uno de los principios del Acuerdo de Paz, firmado en 2016, fue la igualdad y enfoque de género. En específico, el Estado se comprometió a emplear su sistema de justicia transicional, así como planes y programas que se implementen “teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades”. De acuerdo con Luz Piedad Caicedo, codirectora de la Corporación Humanas, entre 2019 y 2021, periodo medular del gobierno Iván Duque, los avances son escasos y difícilmente verificables.

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En entrevista con El Espectador, Caicedo se refirió al informe “Paz territorial, promesa por cumplir: ¿cómo va la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz en Montes de María”. Se trata de un estudio detallado, de más de 200 páginas, que recoge temas de tierras, derechos laborales, seguridad, atención psicosocial, convivencia y protección de derechos humanos. El presente de los Montes de María, en su concepto, no es tan favorable como se esperaba en una región de especial atención. Según datos de la JEP, entre 1997 y 2004, en todos los municipios del gran Magdalena se registraron más de 814 mil hechos criminales. Solo en los Montes de María, se perpetraron 11 masacres, así como desplazamientos, homicidios selectivos y violencia de genero.

Este es un informe de seguimiento a la implementación de los Acuerdos de Paz entre 2019 y 2021, el periodo medular del gobierno saliente ¿Encuentra avances significativos en temas de urgente acción por parte del Estado?

No, en general hay un rezago. Por ejemplo, en la entrega de tierras en los Montes de María. Hay ahí unos avances, pero el número de hectáreas entregadas es irrisorio. No está a la velocidad que debería estar, con la cobertura que debería tener. Hay demasiada lentitud. Entre 2019 y 2021, se habían adjudicado hectáreas del Fondo de Tierras a solo 393 mujeres en seis de los siete municipios bolivarenses: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno. Y a 996 mujeres en cuatro de los ocho municipios sucreños: Los Palmitos, Morroa, Ovejas y San Onofre que conforman la subregión de Montes de María

Asimismo, con el compromiso sobre la habilitación de nuevos cupos en educación técnica, tecnológica, y superior en zonas rurales, la situación es similar. Si bien el Ministerio de Educación habló de la creación de 5.578 nuevos cupos en zonas rurales, no especifica en qué territorios se habilitaron, cuántas personas se vieron beneficiadas, desagregadas por género, específicamente mujeres, hombres y población LGBTI, su pertenencia étnica-racial y su condición de discapacidad.

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Este caso, también lo evidenciamos con el compromiso de habilitar nuevos programas de educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural, pues no identificamos adelantos significativos en la subregión de Montes de María. Por lo menos siete nuevos programas impulsados por el Ministerio de Educación entre 2019 y 2020 se habían creado solamente en cuatro Instituciones de Educación Superior de la Región Andina.

¿Y el empleo?

El plan de cobertura de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo a 2021 había priorizado solamente seis de los 15 municipios de la subregión de Montes de María. A esto, se suma que no nos fue posible corroborar cuántas mujeres del territorio y, en particular, de estos seis municipios, habían sido ubicadas en un empleo a través de la ruta de empleabilidad de la entidad. Por último, si bien la entidad reporta algunas estrategias para la inclusión laboral con enfoque de género, no denotamos acciones sobre la vinculación de mujeres en empleos en áreas productivas no tradicionales para ellas.

¿Cuáles son sus mayores preocupaciones?

La primera gran conclusión es que hay un rezago muy importante en varias de las medidas que, si no se terminan de asumir por parte del orden nacional, no hay como obtener resultados en el orden territorial. Todas las medidas que requieren que se construya primero un documento directivo o lineamiento. A partir de ello se puede implementar la medida. Esto pasa en salud, tierras, la atención y salud con uso de psicoactivos. Hay un vacío muy grande porque en los territorios no hay como avances.

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La otra gran conclusión es que el Acuerdo de Paz no tiene dolientes en el orden territorial, no solo por la ausencia de estos documentos nacionales, sino porque en los territorios las distintas autoridades no conocen el acuerdo. No saben que fue lo que quedó pactado. Al no haber un documento nacional, quedan sin brújula. Tampoco son informados de cuáles son sus responsabilidades. Eso hace que el Acuerdo quede en la práctica en letra muerta en muchos aspectos.

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Forma parte de uno de los tantos temas que requieren ser aclarados. Tiene que quedar claro cómo se llevaron a cabo y quienes fueron las personas responsables por acción y omisión. Indudablemente, empezamos a ver resultados importantes en la JEP, en lo que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales. Sí forma parte de los avances esperados en materia de verdad, justicia y reparación. Hasta el momento, los testimonios de quienES han comparecido ante la JEP no han señalado de manera clara como se concertó esta política de falsos positivos. Hay una manifestación clara de que bajo la presión de altos mandos, de producir resultados, se hicieron este tipo de acciones.

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Pero todavía no me resulta suficientemente claro como los altos mandos, más allá de presionar, estaban ordenando que el resultado pudiera ser cualquier resultado. Eso podríamos depurarlo más. Seguramente se requiere mucha más investigación y confesiones que sean más explícitas con respecto a que recibieron órdenes. Lo relevante aquí es saber cómo tenían que llegar a esos resultados. Si el coronel interpreta o piensa que el resultado es mostrar muertos, pues ese es un problema del coronel. Pero si la claridad era, a mí no me importa quién es el muerto, ahí cambia.

Háblame del progreso parcial en cuanto a la atención psicosocial para la recuperación emocional de las víctimas.

La cifra habla por si sola. Únicamente 165 mujeres de 489.000 víctimas habían participado en espacios colectivos de concertación de prioridades para las medidas de reparación colectivas. Cualquier víctima del conflicto armado queda con unos impactos emocionales muy altos, que requieren ser atendidos y que son fundamentales para poder reconstruir la vida personal, familiar y comunitaria. Cuando se trata de una víctima de violencia sexual, se sitúa a la misma como responsable. Por tanto, necesita espacios en los que se reconozca como víctima y no se responsabilice a sí misma.

La violencia sexual se perpetra contra mujeres porque recoge lo que culturalmente significa la sexualidad. Lo que significa la virginidad. Lo que significa ser la mujer de alguien. Ese crimen no se comete en un vacío, sino en una construcción cultural, que les da una valoración particular a las mujeres, a la sexualidad y ala virginidad. Persiste una fractura psicológica. Una afrenta a la mujer y a su entorno.

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Es uy importante que se atienda porque se impacta a toda una comunidad. Es un daño en las relaciones entre hombres y mujeres. Es necesario que las mujeres se puedan reconstruir emocionalmente. Debe haber una reparación simbólica y una reparación material, porque esa violencia les causó en muchos casos un aislamiento. Resquebrajó las relaciones afectivas que tenían y le imposibilitó construirla. En muchos casos la violencia lesionó el cuerpo para toda la vida de las mujeres. Roturas en la vagina, en el ano, con las consecuencias que eso tiene.

Ustedes reportan que la protección de la UNP es inversamente proporcional al número de solicitudes ¿Qué riesgos han advertido y porque es urgente la protección de ellas?

El tema protección es muy complejo. No podemos todas las personas que habitamos este país, que pudiésemos tener una amenaza, ser beneficiarios de una medida de protección tipo chaleco antibalas, carro blindado, o personal policial. Se requiere que el Estado colombiano recupere los territorios donde no había hecho presencia y tenía presencia las Farc. Sabemos que ahora están copados por otros grupos armados, que tenga unos sistemas de alertas tempranas que pueda responder con la premura que se requiere.

Necesitamos que se logre tener las investigaciones adecuadas para poder atender a la población. Esto requiere medidas estructurales. Quizás uno de los puntos más complicados del Acuerdo y donde se ha fracaso más. Montes de María está casi que controlado por los paramilitares. No hay una disputa territorial. Hay un control casi que total por las Agc.

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