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Más de $320 mil millones destinados a los créditos educativos que el Ministerio de Educación gestiona a través del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) están en riesgo, según alertó la Procuraduría General de la Nación. La entidad expresó preocupación por el impacto que esta situación podría tener en la continuidad académica de miles de estudiantes beneficiados con estos recursos.
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Los testimonios de estudiantes, quienes denuncian irregularidades en los pagos a las universidades, llevaron a la Procuraduría a investigar el retraso en los desembolsos comprometidos por el Icetex. Tras una inspección técnica, la Procuraduría evidenció un cruce de responsabilidades entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación. Hacienda asegura que los fondos están garantizados para 2024, pero Educación afirma que aún no ha recibido los recursos. Según el ente de control, el Icetex queda en el centro de esta disputa, incumpliendo los compromisos asumidos con las instituciones educativas.
Actualmente, más de 180.000 estudiantes dependen de estos créditos para financiar su educación superior, y la cifra de beneficiarios del Icetex asciende a 931.000, entre quienes están en etapa de estudios o pago. De estos, 505.000 cuentan con créditos condonables que el Estado subsidia bajo ciertas condiciones, como la graduación, mientras que 426.000 poseen créditos reembolsables financiados con recursos propios del Icetex.
La Asociación Colombiana de Universidades emitió una advertencia sobre las graves consecuencias que podría tener esta situación en el funcionamiento de las universidades y la oferta educativa. En una carta al ministro de Educación, la Asociación expresó preocupación porque no se ha definido una fecha para el giro de los recursos y señaló que el panorama para los créditos educativos en 2025 es incierto. “Lo que más nos preocupa es que, por primera vez en los 73 años del Icetex, enfrentamos una situación de esta magnitud, que amenaza la posibilidad de muchos jóvenes de acceder a la educación superior”, señala la misiva.
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La Procuraduría anunció que continuará haciendo seguimiento a las carteras de Hacienda y Educación hasta que se regularice el pago de los créditos educativos y se garantice el cumplimiento de los compromisos con las universidades.
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