Alertan sobre presiones a exparamilitares para que retomen las armas

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla acaba de prender las alarmas sobre la situación que viven algunos exparamilitares que aún siguen siendo procesados por esa justicia transicional que tenía como fin enjuiciar a antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Esa instancia judicial señaló que algunos desmovilizados no reportan actividad económica, denuncian estigmatización (lo que incide negativamente en el acceso a un empleo digno), y han venido recibiendo presiones por bandas emergentes para retomar las armas.

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En el comunicado emitido la Sala de Justicia y Paz le pide a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) “que revise sus políticas, de cara a la realidad actual de los postulados, a efectos de generar espacios reales de reintegración social y laboral, y proporcionar un efectivo acompañamiento”. Además, también le pide al Ministerio de Justicia que, como cabeza de este proceso de justicia transicional, coordine la creación de políticas efectivas de regreso a la sociedad de los excombatientes de las Auc y hacer conocer de esta compleja situación a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, para que hagan seguimiento y brinden apoyo al llamado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla.

Opinión: ¿Qué dijo Mancuso?

Este pronunciamiento de la Sala se da luego de que, entre el 30 de julio y 6 de agosto de 2021, le impuso detención preventiva al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien se encuentra en Estados Unidos esperando a que se determine si es extraditado a Colombia o no, y a otros 18 miembros de los frentes Pivijay, Villareal, Bernardo Escobar y William Rivas de las Auc. El Tribunal los procesa por 1.215 hechos cometidos entre los años 1996 y 2006, entre ellos, hechos relacionados con homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y otros delitos conexos, cometidos en los departamentos de Magdalena y Cesar.

Aunque la Sala no señala puntualmente quiénes han sido presionados, entre los procesados están: Adriano Torres Hernández (alias Octavio), Arnover Carvajal Quintana (alias Pocalucha), Dany Velásquez Madera (alias José Cabezón), Deiro Londoño Garcés (alias Careniña), Edmundo Guillén Hernández (alias Caballo), Jairo Samper Cantillo (alias Lucho), Jorge Escorcia Orozco (alias Rocoso), José Antonio Blanco Morales (alias El Pigua), José Mangonez Lugo (alias Carlos Tijeras), Juan Charris Yancy, Julio Noriega Castrillón (alias Carlos Keki), Luis Olea Páez (alias Jader), Miguel Posada Castillo (alias Rafael), Nemías Sandoval Becerra (alias Camilo), Omar Martínez Ossías (alias Maicol), Richar Fabra Romero (alias Carlos Mario), Rolando Garavito Zapata (alias Nicolás), Yovanis Acosta Orozco (alias Víctor).

El tribunal también se pronunció sobre “las presiones que ha venido recibiendo por la incomodidad que genera en algunos desmovilizados” tener un dispositivo de monitoreo satelital. La Sala señaló que “el sistema de vigilancia electrónica no es un capricho del Tribunal. Son las Leyes 906 de 2004 y 975 de 2005. Incluso con el respaldo de la Corte Constitucional. Esta Sala ha decretado la vigilancia electrónica para todos los procesados (excomandantes y expatrulleros) que han sido beneficiados con sustitución de medida de aseguramiento por haber cumplido ocho años físicos de detención en una cárcel; figura que, si bien permite deambular por las calles, no equivale a una absolución o al cumplimiento de la pena”.

Y añadió que “las víctimas deben recibir un mensaje de no impunidad y los procesados deben captar esa señal psicológica que les recuerde sus compromisos con aquellos a los que agredieron y con la sociedad en pleno. El dispositivo con tecnología de GPS constituye la única opción tangible para hacer efectivas las demás obligaciones sustitutivas que se les ha trazado (no volver a los sitios donde delinquieron, no salir del país, observar buena conducta, no portar armas, entre otros). Si alguno de los postulados se siente incómodo con la manera en la que el legislador fijó el procedimiento especial, está en total libertad de renunciar al proceso transicional. El sometimiento aquí es voluntario”.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla acaba de prender las alarmas sobre la situación que viven algunos exparamilitares que aún siguen siendo procesados por esa justicia transicional que tenía como fin enjuiciar a antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Esa instancia judicial señaló que algunos desmovilizados no reportan actividad económica, denuncian estigmatización (lo que incide negativamente en el acceso a un empleo digno), y han venido recibiendo presiones por bandas emergentes para retomar las armas.

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En el comunicado emitido la Sala de Justicia y Paz le pide a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) “que revise sus políticas, de cara a la realidad actual de los postulados, a efectos de generar espacios reales de reintegración social y laboral, y proporcionar un efectivo acompañamiento”. Además, también le pide al Ministerio de Justicia que, como cabeza de este proceso de justicia transicional, coordine la creación de políticas efectivas de regreso a la sociedad de los excombatientes de las Auc y hacer conocer de esta compleja situación a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, para que hagan seguimiento y brinden apoyo al llamado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla.

Opinión: ¿Qué dijo Mancuso?

Este pronunciamiento de la Sala se da luego de que, entre el 30 de julio y 6 de agosto de 2021, le impuso detención preventiva al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien se encuentra en Estados Unidos esperando a que se determine si es extraditado a Colombia o no, y a otros 18 miembros de los frentes Pivijay, Villareal, Bernardo Escobar y William Rivas de las Auc. El Tribunal los procesa por 1.215 hechos cometidos entre los años 1996 y 2006, entre ellos, hechos relacionados con homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y otros delitos conexos, cometidos en los departamentos de Magdalena y Cesar.

Aunque la Sala no señala puntualmente quiénes han sido presionados, entre los procesados están: Adriano Torres Hernández (alias Octavio), Arnover Carvajal Quintana (alias Pocalucha), Dany Velásquez Madera (alias José Cabezón), Deiro Londoño Garcés (alias Careniña), Edmundo Guillén Hernández (alias Caballo), Jairo Samper Cantillo (alias Lucho), Jorge Escorcia Orozco (alias Rocoso), José Antonio Blanco Morales (alias El Pigua), José Mangonez Lugo (alias Carlos Tijeras), Juan Charris Yancy, Julio Noriega Castrillón (alias Carlos Keki), Luis Olea Páez (alias Jader), Miguel Posada Castillo (alias Rafael), Nemías Sandoval Becerra (alias Camilo), Omar Martínez Ossías (alias Maicol), Richar Fabra Romero (alias Carlos Mario), Rolando Garavito Zapata (alias Nicolás), Yovanis Acosta Orozco (alias Víctor).

El tribunal también se pronunció sobre “las presiones que ha venido recibiendo por la incomodidad que genera en algunos desmovilizados” tener un dispositivo de monitoreo satelital. La Sala señaló que “el sistema de vigilancia electrónica no es un capricho del Tribunal. Son las Leyes 906 de 2004 y 975 de 2005. Incluso con el respaldo de la Corte Constitucional. Esta Sala ha decretado la vigilancia electrónica para todos los procesados (excomandantes y expatrulleros) que han sido beneficiados con sustitución de medida de aseguramiento por haber cumplido ocho años físicos de detención en una cárcel; figura que, si bien permite deambular por las calles, no equivale a una absolución o al cumplimiento de la pena”.

Y añadió que “las víctimas deben recibir un mensaje de no impunidad y los procesados deben captar esa señal psicológica que les recuerde sus compromisos con aquellos a los que agredieron y con la sociedad en pleno. El dispositivo con tecnología de GPS constituye la única opción tangible para hacer efectivas las demás obligaciones sustitutivas que se les ha trazado (no volver a los sitios donde delinquieron, no salir del país, observar buena conducta, no portar armas, entre otros). Si alguno de los postulados se siente incómodo con la manera en la que el legislador fijó el procedimiento especial, está en total libertad de renunciar al proceso transicional. El sometimiento aquí es voluntario”.