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La defensa del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y detenido en Cabo Verde desde junio de 2020, presentó este 19 de agosto denuncias contra tres jueces y contra el fiscal general del país africano. Según las denuncias, los funcionarios judiciales han violado sus derechos en múltiples ocasiones.
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Estas denuncias se suman a las ya presentadas la semana pasada también contra José Landim, el fiscal general caboverdiano, y contra tres inspectores de la policía judicial que intervinieron en su detención. Alex Saab denunció ante el Consejo Superior de la Magistratura de Cabo Verde a tres magistrados del Tribunal de Apelación de Barlavento por cometer “numerosos errores procesales”.
Según el señalado testaferro, fueron esos supuestos errores los que llevaron a la aprobación de la petición de extradición de Estados Unidos contra el empresario, según la defensa. Las denuncias aseguran, por ejemplo, que “se excedió el tiempo para la detención provisional en la cárcel durante alrededor de cien días”.
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Respecto al fiscal Landim, la defensa de Alex Saab alega, entre otras acusaciones, que presentaron ante la fiscalía general “varias denuncias de tortura, perjurio y ocultación de pruebas”. Aunque la defensa del colombiano lleva un buen tiempo denunciando esto, los supuestos delitos, meses después, no se han investigado todavía, según su defensa.
Tras la decisión que tomó el año pasado el Tribunal de Apelación de Barlavento, Alex Saab presentó primero un recurso ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde ―que acabó, no obstante, ratificando esa sentencia el pasado 17 de marzo― y, después, en julio, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) de la nación isleña. El pasado 13 de agosto, el TC celebró una vista clave para evaluar tanto este recurso de amparo como una solicitud que defiende la inconstitucionalidad de la detención de Saab.
El TC, sin embargo, no reveló en esa misma jornada su decisión y anunciará su veredicto durante los próximos días. Durante esa vista, la defensa de Saab pidió que se tenga en cuenta el carácter político de las acusaciones, pues, según el abogado Geraldo Almeida, “quedó claramente demostrado durante todo el proceso”, algo que contradice la Constitución caboverdiana, que prohíbe cualquier extradición por motivos políticos.
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En cuanto a las denuncias presentadas la semana pasada ante la fiscalía caboverdiana, la defensa atribuye al fiscal y a los inspectores una “ofensa considerada contra la integridad física, tortura y tratos crueles, degradantes o inhumanos, robo de la propiedad personal, abuso de poder, atentado contra autoridades extranjeras, corrupción pasiva y secuestro”.
¿De qué se acusa a Alexa Saab?
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, en cumplimiento de una petición de Estados Unidos a través de Interpol. Su defensa alega que la alerta roja se emitió después de que Saab había sido arrestado.
Tras su detención, Venezuela aseveró también que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados argumentan que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios por primera vez por investigaciones del portal Armando.Info, que lo vincularon con los contratos de las cuestionadas CLAP, los comités locales de alimentación. Y, asimismo, la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente Nicolás Maduro.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecio al Gobierno de Maduro. Según el Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con “cientos de millones de dólares”. En Colombia fue llamado a juicio por un esquema de falsas importaciones con el que también habría lavado millonarias sumas de dinero.