Alianza entre Procuraduría, Fiscalía y Contraloría para vigilar recursos de crisis por COVID-19
Su principal objetivo es evitar irregularidades en la contratación de programas y servicios y aseguran que actuarán con celeridad en la investigación de posibles hechos de corrupción.
Redacción Judicial
Bajo el lema “Transparencia para la Emergencia”, la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía se unieron para ponerle la lupa a los recursos públicos que se destinarán para atender la emergencia por el COVID-19 en el país. El procurador Fernando Carrillo, el contralor Carlos Felipe Córdoba y el fiscal Francisco Barbosa señalaron que no van a permitir que los recursos de los colombianos, necesarios en este momento para enfrentar la emergencia, terminen en los bolsillos de los corruptos.
(Le puede interesar: Contraloría ordena reportar recursos públicos usados para enfrentar el coronavirus)
“Cada institución, en el marco de sus competencias, verificará el estricto cumplimiento de las medidas decretadas, ejercerá la acción preventiva para garantizar el uso adecuado de los dineros públicos destinados a la asistencia de la población, constatará que existan las condiciones esenciales para superar la situación causada por el virus, y actuará con celeridad para investigar y sancionar los hechos de corrupción que sean identificados”, explicaron las entidades en un comunicado de prensa.
“Transparencia para la Emergencia” será un programa, agregaron los jefes de estas entidades, que se pondrá en marcha en todo el país y la prioridad serán los asuntos contractuales relacionados con salud, seguridad y convivencia, educación, y servicios sociales y de atención de emergencias. Para lograrlo, la cada entidad conformará equipos especializados que recibirán las quedas de los ciudadanos, identificarán los sectores más sensibles y podrán intervenir en procesos de contratación para blindarlos y evitar irregularidades.
La articulación de este programa estará coordinado por las manos derchas de los jefes de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría: la vicefiscal Martha Janeth Mancera; el viceprocurador, Juan Carlos Cortés González, y del vicecontralor, Ricardo Rodríguez Yee. Semanalmente, las entidades “informarán al país sobre observaciones, resultados y hallazgos del programa conjunto”, explicaron, y además, hicieron un llamado a organismos del orden nacional, departamental y nacional para que entreguen la información de los contratos de manera oportuna y veraz.
Una de las decisiones más importantes en materia de recursos públicos para afrontar la pandemia es el Decreto 444 de 2020, con el que se crea el Fondo de Mitigación Emergencias (FOME), que hoy cuenta con $14.5 billones. Este valor salió de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), fondos territoriales que hoy funcionan para mantener estable el gasto público en inversión de las entidades territoriales a través del tiempo.
Ahora las entidades de control deberán vigilar que los recursos destinados a mitigar los efectos de la propagación del virus se utilicen de manera correcta. Se espera que cada semana, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría informen al país sobre observaciones, resultados y hallazgos del programa conjunto.
* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.
Bajo el lema “Transparencia para la Emergencia”, la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía se unieron para ponerle la lupa a los recursos públicos que se destinarán para atender la emergencia por el COVID-19 en el país. El procurador Fernando Carrillo, el contralor Carlos Felipe Córdoba y el fiscal Francisco Barbosa señalaron que no van a permitir que los recursos de los colombianos, necesarios en este momento para enfrentar la emergencia, terminen en los bolsillos de los corruptos.
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“Cada institución, en el marco de sus competencias, verificará el estricto cumplimiento de las medidas decretadas, ejercerá la acción preventiva para garantizar el uso adecuado de los dineros públicos destinados a la asistencia de la población, constatará que existan las condiciones esenciales para superar la situación causada por el virus, y actuará con celeridad para investigar y sancionar los hechos de corrupción que sean identificados”, explicaron las entidades en un comunicado de prensa.
“Transparencia para la Emergencia” será un programa, agregaron los jefes de estas entidades, que se pondrá en marcha en todo el país y la prioridad serán los asuntos contractuales relacionados con salud, seguridad y convivencia, educación, y servicios sociales y de atención de emergencias. Para lograrlo, la cada entidad conformará equipos especializados que recibirán las quedas de los ciudadanos, identificarán los sectores más sensibles y podrán intervenir en procesos de contratación para blindarlos y evitar irregularidades.
La articulación de este programa estará coordinado por las manos derchas de los jefes de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría: la vicefiscal Martha Janeth Mancera; el viceprocurador, Juan Carlos Cortés González, y del vicecontralor, Ricardo Rodríguez Yee. Semanalmente, las entidades “informarán al país sobre observaciones, resultados y hallazgos del programa conjunto”, explicaron, y además, hicieron un llamado a organismos del orden nacional, departamental y nacional para que entreguen la información de los contratos de manera oportuna y veraz.
Una de las decisiones más importantes en materia de recursos públicos para afrontar la pandemia es el Decreto 444 de 2020, con el que se crea el Fondo de Mitigación Emergencias (FOME), que hoy cuenta con $14.5 billones. Este valor salió de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), fondos territoriales que hoy funcionan para mantener estable el gasto público en inversión de las entidades territoriales a través del tiempo.
Ahora las entidades de control deberán vigilar que los recursos destinados a mitigar los efectos de la propagación del virus se utilicen de manera correcta. Se espera que cada semana, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría informen al país sobre observaciones, resultados y hallazgos del programa conjunto.
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