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Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, prácticamente aterrizó en una sala de audiencias de Ibagué. Llegó allí, luego de su extradición desde España en la noche del pasado 13 de septiembre. Durante más de dos horas, escuchó la imputación de cargos que hizo la Fiscalía, en la que detalló por qué este supuesto reclutador de víctimas de falsos positivos debe ser procesado en Colombia por estos dos delitos: homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.
El Zarco solo habló para aclararle al juez que no reconoce su responsabilidad en ningunos de los casos a los que lo vinculó la Fiscalía durante la audiencia, aunque en declaraciones anteriores ya había confesado su participación en ellos. Según el ente investigador, El Zarco, habría acordado con miembros de inteligencia del Ejército las personas que debían llevar a las fincas para que, mediante emboscadas, pudieran asesinarlas y luego presentar informes haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate. Los hechos, dice la Fiscalía, habrían ocurrido en el Tolima en el año 2008.
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Según el ente investigador, se tiene documentados tres casos en los cuales habrían 14 víctimas que fueron asesinadas por miembros del Ejército , luego de ser reclutadas por El Zarco. La modalidad, explica la Fiscalía, consistía en engañar mediante promesas de trabajo o remuneraciones económicas a las víctimas.
“Los convencían de desplazarse a sitios desolados, en donde ya tenían todo organizado con miembros del Ejército, para asesinar a los inocentes cuando llegaran al punto. Se creó una empresa criminal, en donde se concertó desde el Ejército para cometer varios homicidios”, manifestó la Fiscalía.
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“Hay un modus operandi similar en los hechos. Existe una relación razonable en lo que podría conformarse un concierto para delinquir y la evidencia con la que cuenta esta investigación da cuenta que muchos de los medios pueden servir para demostrar la responsabilidad de Luis John Castro Ramírez en estos hechos”, indicó el ente investigador.
La Fiscalía, además, explicó que “aquí hubo una posible alianza entre hombres de inteligencia del Ejército y funcionarios del extinto DAS, para cometer las ejecuciones extrajudiciales. En algunos de los casos, los integrantes del Ejército justificaban los crímenes indicando que los muertos iban a cometer el secuestro del propietario de la finca donde eran asesinados”.
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En su intervención, el fiscal del caso afirmó que “el 28 de febrero de 2008 murieron seis personas a manos del Ejército; el 30 de marzo perecieron dos personas a manos de un grupo uniformados y el 23 de junio de 2008, murieron otras seis personas”. Además, durante la audiencia, la Fiscalía manifestó que “ninguna de las víctimas hacía parte de una organización criminal que fuera hostil al Estado colombiano, como las Farc o el ELN”.
La Fiscalía añadió que “los miembros del Ejército hicieron esto dando una apariencia de conflicto y eso hace que los hechos se vinculen con el Derecho Internacional Humanitario”. En lo dicho por el ente investigador “la participación concreta de Castro Ramírez corresponde a ubicarlas y convencerlas para que posteriormente fueran ejecutadas en un aparente combate con miembros del Ejército”.
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Asimismo, la Fiscalía sostuvo que, “pese a que el ciudadano procesado no era miembro del Ejército, participó de manera conjunta de una conducta violatoria del DIH y como autor de dicha conducta y el delito imputado no exige un sujeto activo (que El Zarco fuera un soldado), por tanto el ciudadano puede ser coautor del delito de homicidio en persona protegida de las 14 víctimas mencionadas en los tres hechos”.
Al preguntarle el juez si aceptaba los delitos imputados, ofreciendo una rebaja del 50% de la pena, El Zarco negó su responsabilidad en los actos y manifestó que muchas de las cosas sustentadas por la Fiscalía no se acomodaban a la verdad de los hechos. Tras esa respuesta, el juez decidió aplazar la audiencia de medida de aseguramiento para mañana a las 9:00 a.m, en donde se conocerá si el recién extraditado enfrentará su proceso en prisión o podrá hacerlo en libertad.
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