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Una jueza envió a la cárcel a tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados del Ejército Nacional, señalados como presuntos responsables del homicidio de 11 personas en el caserío Alto Remanso, de Puerto Leguízamo (Putumayo) el 28 de marzo de 2022. Esta masacre tuvo entre sus víctimas a un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal, un menor de edad y ocho personas más, que permanecían en estado de indefensión. Adicionalmente, quedaron heridos cinco civiles, entre ellos una adolescente embarazada que dormía en su vivienda.
Con las pruebas que presentó la Fiscalía en el caso, que dan cuenta de la presunta responsabilidad de los uniformados en la masacre, se les investiga por los delitos de homicidio en persona protegida, consumado y tentado. Los militares que tendrán que permanecer en el centro de reclusión militar del Batallón de Ingenieros No 13 de Bogotá son el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista; al capitán Jorge Erney Marroquín Cadena; al teniente Julián Ernesto Ávila Martínez; a los sargentos Cristian Gabriel Pérez Galindo y Maicol Andrés Quiñones Mendoza; a los cabos Wilber Leonardo Rodríguez y Wilson Andrés Santamaría Ramos; y 17 soldados profesionales.
Los hechos de la masacre Alto Remanso
De acuerdo con las pruebas presentadas por el fiscal Luis Alfonso Cabezas, este operativo fue ejecutado por 25 militares repartidos en cinco equipos, entre integrantes del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, y acabó el 28 de marzo de 2022 con la vida de 11 civiles, que celebraban un bazar comunitario en la vereda Alto Remanso, de Puerto Leguízamo (Putumayo). El fiscal Cabezas reveló que en esta operación militar —calificada como “exitosa” en su momento por el exministro de Defensa, Diego Molano, durante el gobierno de Iván Duque—, militares portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, dispararon durante dos horas y media en contra de las 50 personas presentes, iniciando a las 7:13 a.m. y finalizando a las 9:45 a.m.
Según la versión del Ejército, el operativo iba dirigido en contra Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, señalado de financiar el grupo armado Comandos de Frontera, disidentes de las FARC al mando de Iván Márquez. Sin embargo, la Fiscalía alegó que el Ejército tenía conocimiento previo de que Loaiza no se encontraba en la vereda, y señalaron erróneamente al presidente de la Junta de Acción Comunal de ser alias Bruno.
Los militares, que habían llegado 11 días antes a la vereda Alto Remanso para desarrollar labores de inteligencia, de acuerdo con los análisis del Centro Estratégico de Valoración Probatoria (Cevap), gastaron en total 1.597 cartuchos de calibre 5,56 × 45 mm; 32 cartuchos de calibre 7,62 × 39 mm; nueve granadas de 40 milímetros y cinco granadas de mano. Asimismo, la Fiscalía aseguró que mientras esto ocurría, el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista dirigía la acción armada desde el complejo militar Santana, en Puerto Asís (Putumayo).
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