Álvaro García Romero, el mecenas de los ‘paras’

El mecenas del paramilitarismo en Sucre, que pactó lazos entre la política regional y la hegemonía criminal desatada por las autodefensas desde 1997, nació en Sincelejo el 19 de febrero de 1951 y, con apenas estudios de bachillerato y algunos en administración de negocios, durante 24 años ininterrumpidos fue congresista. Su nombre, Álvaro García Romero, pasará a la historia como el primer parlamentario condenado a 40 años de prisión por su incidencia en la formación de grupos de autodefensa en Sucre, desviar dineros públicos para financiarlos, ser uno de los partícipes de la sangrienta incursión a Macayepo y, de colofón, por el asesinato de una jurado de votación en San Onofre (Sucre).

En 150 páginas, la Corte desgranó una a una las evidencias en contra del ‘gordo’ García. Refirió que se tienen documentadas reuniones en la finca Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule, a las que asistió la pléyade de ganaderos y políticos con el único fin de traducir en las Convivir un proyecto paramilitar auspiciado por la casa Castaño. Además, una reunión en un sitio conocido como Varsovia, en donde se habló de los fines políticos de las autodefensas, y otras un poco más pedestres en las que se estableció que la alianza criminal entre él y su socio Salvador Arana —también condenado a 40 años— aportaría $60 millones para patrocinar las Auc.

Al concretarse el apoyo de García para que Jorge Anaya llegara a la Gobernación, se pactó con Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, que en la Secretaría de Educación debía ser nombrado Oswaldo Ayala, cuñado del sanguinario jefe paramilitar, y que los contratos de la Secretaría de Salud debían ser ‘mordidos’ por los ‘paras’. En el computador de alias Don Antonio reposan conversaciones en donde se especifica la siguiente orden de las Auc: “Señores, el 70% de la votación para el Senado va con Álvaro García”. Y se constató que de un contrato por un valor de cerca de $50 millones se destinaron más de $17 millones a los paramilitares.

La Corte probó el triunvirato perverso conformado por el ganadero Joaquín García, el ex gobernador Salvador Arana y el ‘gordo’ García, quienes solían reunirse en las fincas Los Ángeles, La 70 y El Palmar. En esta última la Fiscalía ha documentado más de 500 fosas comunes. Era el centro de tortura de Cadena. Se relató entonces que Joaco García se jactaba de utilizar al senador Álvaro García para que moviera sus influencias en la Armada y fue así como se dispuso el escenario para que un comando paramilitar entre el 9 y el 16 de octubre de 2002, en sucesivas sesiones de barbarie, silenciara a garrote y a machete la voz de 15 campesinos.

Para más señas, la Corte recordó que en las elecciones de 2000 la fórmula de García a la Cámara fue Jorge Luis Feris Chadid, llamado a juicio por firmar el pacto de Ralito para refundar la patria y cuyo hermano era el comandante paramilitar Salomón Feris, alias 08. Se sostiene en una grabación de Don Antonio que García les entregó a los ‘paras’ $3.200 millones y en múltiples declaraciones del confeso paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, se reseña cómo la génesis de las autodefensas fue encarnada por el triunvirato de marras, cómo se acordó favorecer los intereses del paramilitarismo e infiltrar el Estado.

El alto tribunal pidió investigar por la masacre de Macayepo al coronel Hernando Alfonso Jama Arjona, entonces comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, pues a todas luces pudo facilitar la incursión de los ‘paras’, pese a contar con información confiable de su siniestro plan. Una grabación del 6 de octubre de 2000, interceptada por la Policía, en la que dialogan Álvaro y Joaco García, puso en evidencia que se gestaba una masacre anunciada. En la conversación se ultiman los detalles de la incursión y Joaquín le pide a Álvaro que hable con el coronel para que “se haga el loco” y permita el paso de los ‘paras’, a lo que Álvaro responde: “Tú sabes que se lo he dicho”.

La grabación fue reportada al coronel Jama por el director de inteligencia de la Policía, pero, paradójicamente, con la orden de operaciones denominada ‘Tranquilidad’, dispuso un registro del área el 17 de octubre de 2000, es decir, cuando “los hechos de sangre se habían consumado”. Por último, la Corte estableció que García fue el autor del homicidio de Georgina Narváez, perpetuado en noviembre de 1997, una jurado de votación que se percató de cómo la influencia del político gestaba un fraude en favor de su partidario Eric Morris en San Onofre. García se autodenominó entonces el “mago” de la Registraduría y logró torcer la suerte de los comicios, al tiempo que ordenó el asesinato de Narváez. Ella sabía que la iban a matar.

La Corte investigará nuevamente a García por el delito de desplazamiento forzado en relación con la masacre de Macayepo, insistió en la investigación en contra de los defensores del ex congresista Eric Morris —también condenado— que trataron de que Pitirri se retractara a cambio de una casa en Sucre y pidió investigar por falso testimonio a Éder Pedraza, alias Ramón Mojana; Sadys Ríos, Samir Otero y Jairo Verbel. Más evidencias contra el ‘gordo’ García eran imposibles. Sucre, como quedó expuesto, durante años fue políticamente la cueva de la expansión paramilitar. Es el epílogo de su mecenas.

El mecenas del paramilitarismo en Sucre, que pactó lazos entre la política regional y la hegemonía criminal desatada por las autodefensas desde 1997, nació en Sincelejo el 19 de febrero de 1951 y, con apenas estudios de bachillerato y algunos en administración de negocios, durante 24 años ininterrumpidos fue congresista. Su nombre, Álvaro García Romero, pasará a la historia como el primer parlamentario condenado a 40 años de prisión por su incidencia en la formación de grupos de autodefensa en Sucre, desviar dineros públicos para financiarlos, ser uno de los partícipes de la sangrienta incursión a Macayepo y, de colofón, por el asesinato de una jurado de votación en San Onofre (Sucre).

En 150 páginas, la Corte desgranó una a una las evidencias en contra del ‘gordo’ García. Refirió que se tienen documentadas reuniones en la finca Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule, a las que asistió la pléyade de ganaderos y políticos con el único fin de traducir en las Convivir un proyecto paramilitar auspiciado por la casa Castaño. Además, una reunión en un sitio conocido como Varsovia, en donde se habló de los fines políticos de las autodefensas, y otras un poco más pedestres en las que se estableció que la alianza criminal entre él y su socio Salvador Arana —también condenado a 40 años— aportaría $60 millones para patrocinar las Auc.

Al concretarse el apoyo de García para que Jorge Anaya llegara a la Gobernación, se pactó con Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, que en la Secretaría de Educación debía ser nombrado Oswaldo Ayala, cuñado del sanguinario jefe paramilitar, y que los contratos de la Secretaría de Salud debían ser ‘mordidos’ por los ‘paras’. En el computador de alias Don Antonio reposan conversaciones en donde se especifica la siguiente orden de las Auc: “Señores, el 70% de la votación para el Senado va con Álvaro García”. Y se constató que de un contrato por un valor de cerca de $50 millones se destinaron más de $17 millones a los paramilitares.

La Corte probó el triunvirato perverso conformado por el ganadero Joaquín García, el ex gobernador Salvador Arana y el ‘gordo’ García, quienes solían reunirse en las fincas Los Ángeles, La 70 y El Palmar. En esta última la Fiscalía ha documentado más de 500 fosas comunes. Era el centro de tortura de Cadena. Se relató entonces que Joaco García se jactaba de utilizar al senador Álvaro García para que moviera sus influencias en la Armada y fue así como se dispuso el escenario para que un comando paramilitar entre el 9 y el 16 de octubre de 2002, en sucesivas sesiones de barbarie, silenciara a garrote y a machete la voz de 15 campesinos.

Para más señas, la Corte recordó que en las elecciones de 2000 la fórmula de García a la Cámara fue Jorge Luis Feris Chadid, llamado a juicio por firmar el pacto de Ralito para refundar la patria y cuyo hermano era el comandante paramilitar Salomón Feris, alias 08. Se sostiene en una grabación de Don Antonio que García les entregó a los ‘paras’ $3.200 millones y en múltiples declaraciones del confeso paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, se reseña cómo la génesis de las autodefensas fue encarnada por el triunvirato de marras, cómo se acordó favorecer los intereses del paramilitarismo e infiltrar el Estado.

El alto tribunal pidió investigar por la masacre de Macayepo al coronel Hernando Alfonso Jama Arjona, entonces comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, pues a todas luces pudo facilitar la incursión de los ‘paras’, pese a contar con información confiable de su siniestro plan. Una grabación del 6 de octubre de 2000, interceptada por la Policía, en la que dialogan Álvaro y Joaco García, puso en evidencia que se gestaba una masacre anunciada. En la conversación se ultiman los detalles de la incursión y Joaquín le pide a Álvaro que hable con el coronel para que “se haga el loco” y permita el paso de los ‘paras’, a lo que Álvaro responde: “Tú sabes que se lo he dicho”.

La grabación fue reportada al coronel Jama por el director de inteligencia de la Policía, pero, paradójicamente, con la orden de operaciones denominada ‘Tranquilidad’, dispuso un registro del área el 17 de octubre de 2000, es decir, cuando “los hechos de sangre se habían consumado”. Por último, la Corte estableció que García fue el autor del homicidio de Georgina Narváez, perpetuado en noviembre de 1997, una jurado de votación que se percató de cómo la influencia del político gestaba un fraude en favor de su partidario Eric Morris en San Onofre. García se autodenominó entonces el “mago” de la Registraduría y logró torcer la suerte de los comicios, al tiempo que ordenó el asesinato de Narváez. Ella sabía que la iban a matar.

La Corte investigará nuevamente a García por el delito de desplazamiento forzado en relación con la masacre de Macayepo, insistió en la investigación en contra de los defensores del ex congresista Eric Morris —también condenado— que trataron de que Pitirri se retractara a cambio de una casa en Sucre y pidió investigar por falso testimonio a Éder Pedraza, alias Ramón Mojana; Sadys Ríos, Samir Otero y Jairo Verbel. Más evidencias contra el ‘gordo’ García eran imposibles. Sucre, como quedó expuesto, durante años fue políticamente la cueva de la expansión paramilitar. Es el epílogo de su mecenas.