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El excanciller Álvaro Leyva presentó una apelación ante la Procuraduría General de la Nación contra la decisión que lo destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos. La sanción se dio por haber declarado desierta la licitación para la expedición de pasaportes en 2023, durante su gestión como ministro de Relaciones Exteriores.
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La apelación, elaborada por su abogado Yefferson Dueñas, será revisada en segunda instancia por la procuradora general, Margarita Cabello. El documento, de 164 páginas, expone argumentos que buscan anular el fallo emitido por el procurador delegado Ernesto Espinosa. Según Dueñas, el proceso disciplinario habría vulnerado el debido proceso, ya que fue adelantado únicamente por Espinosa y otra delegada, sin la participación completa de la Sala Disciplinaria.
El abogado también señaló que la licitación, que finalmente fue cancelada, presentaba irregularidades graves que afectaban los principios de libre competencia y selección objetiva, favoreciendo presuntamente a la empresa Thomas Greg. El excanciller Leyva argumentó que su decisión buscaba evitar un direccionamiento del contrato, aunque la Procuraduría concluyó que esto no estaba fundamentado legalmente.
En el fallo, la Sala Disciplinaria sostuvo que Leyva actuó de forma contraria a las normas que rigen los procesos de contratación pública, declarando desierta la licitación pese a la existencia de un oferente habilitado. Según el ente de control, esta decisión generó un desgaste administrativo y puso en riesgo la expedición de pasaportes, afectando los derechos de los ciudadanos.
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La defensa insiste en que el fallo disciplinario está basado en irregularidades procesales y pide que se revoque la sanción y se absuelva al excanciller de toda responsabilidad. La revisión del caso ahora está en manos del despacho de la procuradora Margarita Cabello.
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