Álvaro Leyva: las claves para entender la sanción de la Procuraduría

El expediente más trascendental de la Procuraduría en contra de un funcionario público del gobierno de Gustavo Petro finalizó en primera instancia. El excanciller Álvaro Leyva Durán, a sus 82 años, fue sancionado con una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años. Según el órgano dirigido por la saliente Margarita Cabello, Leyva es responsable de haber participado en la actividad contractual de su entidad, la Cancillería, en detrimento del bolsillo nacional y con desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal. Su pecado fue haber declarado desierta la licitación para la expedición de pasaportes de todos los colombianos, decisión que se conoció en septiembre de 2023.

El expediente más trascendental de la Procuraduría en contra de un funcionario público del gobierno de Gustavo Petro finalizó en primera instancia. El excanciller Álvaro Leyva Durán, a sus 82 años, fue sancionado con una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años. Según el órgano dirigido por la saliente Margarita Cabello, Leyva es responsable de haber participado en la actividad contractual de su entidad, la Cancillería, en detrimento del bolsillo nacional y con desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal. Su pecado fue haber declarado desierta la licitación para la expedición de pasaportes de todos los colombianos, decisión que se conoció en septiembre de 2023.

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Leyva ha liderado públicamente, y en los estrados judiciales, una tesis por demostrar que sus subalternos terminaron “cuadrando” la licitación pública por $600.000 millones para que quedara únicamente en manos de la multinacional Thomas Greg & Sons, la cual viene desarrollando el contrato desde los años 70. Al contrario de lo que consideró la Procuraduría, Leyva ha mencionado que intervino en la fase final del proceso para cumplir con las exigencias de contratación estatal que garantizan la pluralidad de ofertas. Se mantiene firme en que, si no hubiera sido por él, Thomas Greg & Sons hubiese resultado favorecida en exclusiva, lo que pudo significar una mancha de corrupción para la Cancillería que estaba bajo su administración.

Esa tesis, hasta ahora, ya le trajo a Leyva un juicio disciplinario en la Procuraduría y al Estado una demanda por $117.000 millones por parte de Thomas Greg. El procurador Ernesto de Jesús Espinosa fue el encargado de leer el fallo en primera instancia contra Leyva, a quien sentenció por no tener justificaciones válidas para terminar el contrato de pasaportes. Aún más, cuando el mismo Comité Evaluador de la Cancillería, el equipo técnico especializado en el proceso que trabajó en confeccionar la licitación durante meses, siempre dio luz verde para contratar con Thomas Greg. Para la Procuraduría, no es cierto que en algún punto se intentó favorecer a ese contratista, sino que en realidad lo que hubo fue una falta de planificación de la Cancillería, que impidió a los demás oferentes tener más chances de ganar.

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El procurador Espinosa citó jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, la cual hace las veces de una guía judicial para la resolución de casos, en la que se estableció que, en Colombia, la declaratoria desierta de una licitación solo se puede realizar en casos particulares: uno, cuando ningún oferente se presente a la fase final de la licitación, lo que no sucedió porque, aunque haya sido la única empresa que llegó a esa etapa, Thomas Greg sí se presentó; dos, cuando las reglas sean confusas para los posibles contratistas, lo cual fue desvirtuado por la Procuraduría, dado que otros oferentes pudieron participar, pero no lo hicieron. Por ello, “la declaratoria desierta no podía provenir de la conducta omisiva”, explicó Espinosa. En otras palabras, Leyva no tenía ningún argumento para tomar la decisión que dejó huérfano el contrato para la expedición de pasaportes.

De otro lado, la Procuraduría se refirió a las observaciones de las otras empresas interesadas en el contrato de pasaportes, las cuales, solo al pliego de condiciones para participar, enviaron un total de 194 comentarios. La defensa de Leyva consideró que ese número mostraba que el proceso no era justo. Sin embargo, el órgano de control le respondió que las observaciones fueron respondidas por el Comité Evaluador de la Cancillería, que no consideró pertinente cambiar de manera determinante las reglas de la contratación. Y que en el expediente hay registro de adendas con las que la Cancillería modificó puntajes relacionados con la infraestructura del proveedor y a la tecnología que tendrían los pasaportes, a petición de los interesados, antes de llegar a la fase final.

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Leyva, por otro lado, fue declarado no responsable por un segundo cargo, en el que se evaluaba su responsabilidad por decretar la urgencia manifiesta que le permitió a la Cancillería contratar a Thomas Greg para que expidiera los pasaportes de 2024. Se trató de un proceso exprés que buscó la continuidad del servicio para los colombianos, mientras se desarrollaba una nueva licitación que sí cumpliera con los requisitos exigidos por el canciller. Para la Procuraduría, no puede hallarse culpabilidad en Leyva, pues “no es posible la exigibilidad de otro comportamiento al procesado, dado que la única alternativa que tenía el 14 de septiembre de 2023, a escasos días de fenecer el plazo del contrato vigente, era la de declarar la urgencia manifiesta, para proteger los derechos de los colombianos”, se explica en el fallo.

Al término de la audiencia, Leyva atendió a medios de comunicación y lo primero que expresó fue que el fallo “no es jurídico, es absolutamente político. Tanto así que hace unos días estaba prevista una decisión diferente. Es un juicio disciplinario plagado de irregularidades”. El excanciller agregó que la Procuraduría, al final, avaló lo que fueron unos “pliegos sastre”, hechos a la medida de Thomas Greg. No fue el único en escalar las tensiones entre las partes, pues el procurador Espinosa también dijo que Leyva “puso en riesgo los derechos de los connacionales” y que el expediente es agravado por el “grave daño social de la conducta”. La defensa de Leyva presentó un recurso para llevar el caso a segunda instancia, la cual será resuelta por la misma procuradora Margarita Cabello, antes de dejar su puesto en enero de 2025.

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