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El canciller Álvaro Leyva le respondió a la Procuraduría de Margarita Cabello por suspenderlo por tres meses dentro del caso que se adelanta en su contra por la licitación para la fabricación de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons. La defensa del ministro de Relaciones Exteriores señala en una carta enviada al Ministerio Público que la decisión no fue tomada de manera objetiva e imparcial y le piden a la jefe del ente de control declararse impedida dentro del caso.
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De acuerdo con el documento de 22 páginas conocido por este diario, la decisión de la Procuraduría en contra de Leyva debe ser revocada de inmediato, ya que los cargos por los que fue llamado a juicio disciplinario, según dicen, no estaba bien fundamentada y pondría en riesgo la seguridad del Estado.
Según reza el texto, el “patrón de comportamiento invocado por la Sala de Instrucción es inexistente. El disciplinado solo ha declarado desierta una única licitación de los numerosos procesos contractuales que ha adelantado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ello obedeció a la necesidad de hacer prevalecer la legalidad y evitar la adjudicación en un proceso estructurado con un pliego de condiciones que comprometía en forma grave principios de la contratación estatal”.
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De acuerdo con lo escrito en el documento por el abogado Yefferson Dueñas, antes de que el canciller Leyva pudiera ejercer su defensa, lo que, según dice, era “garantía del proceso disciplinario y no una simple formalidad, la Sala ya había sentado su posición con repercusiones gravísimas para él que era conocida por toda la sociedad”. De acuerdo con Dueñas, si Leyva hubiera tenido esa garantía, hubiera podido “explicar ante el ente de control por qué la conducta objeto de examen no constituye falta disciplinaria o no existen elementos para atribuir responsabilidad. Empero, desde antes de su radicación, los argumentos que pudieran ser planteados carecían de interés y relevancia para la Procuraduría General, que ya había anticipado la formulación de cargos”.
El abogado Dueñas además señaló que “es este uno de aquellos casos en los que las garantías procesales de los investigados se convierten en una simple protocolización del trámite exigido por una norma, pero sin ningún valor sustancial o material, donde se desconoce abiertamente el derecho al debido proceso”.
Adicionalmente, el abogado del canciller Leyva le pidió a la jefa del Ministerio Público dar un paso al costado dentro del caso en contra de su defendido. “Me permito solicitar a la señora Procuradora General de la Nación, doctora Margarita Cabello Blanco, que evalúe la posibilidad de declararse impedida para pronunciarse en el grado de consulta. Lo anterior, debido a las manifestaciones realizadas públicamente sobre la decisión proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción, en la que se ordenó suspender al Ministro de Relaciones Exteriores por un término de tres (3) meses”, dice la carta.
Este es el documento que la defensa de Álvaro Leyva le hizo llegar a la Procuraduría:
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