Álvaro Uribe podría no ir a juicio: Fiscalía pedirá preclusión de su caso
La Fiscalía concluyó que la investigación en contra de Álvaro Uribe no amerita que el expresidente vaya a juicio. Por eso le pidió a un juez que le permita archivar este proceso, que inició la Corte Suprema en 2018 en contra del exmandatario por presunta manipulación de testigos, de lo que Uribe siempre se ha declarado inocente.
La Fiscalía acaba de anunciar una de las decisiones que, sin duda, definirán la gestión de Francisco Barbosa como fiscal general: que el expresidente Álvaro Uribe no debería ir a juicio por fraude procesal y soborno. El fiscal del caso, Gabriel Jaimes, anunció que radicará una solicitud de preclusión, lo que significa que le pedirá a un juez que le autorice archivar el expediente contra Uribe luego de seis meses de recolectar evidencias, y en medio de denuncias por falta de imparcialidad de la víctima del proceso: el senador Iván Cepeda.
“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, argumentó la Fiscalía a través de un comunicado público.
El ente investigador agregó que las conclusiones que llevaron a esta decisión serán expuestas en una diligencia pública ante el juez penal del circuito que disponga el sistema de reparto. Además, señaló que estas podrán ser controvertidas por la defensa, el representante de la Procuraduría y quienes reclaman su calidad de víctimas. Además, el ente investigador dijo que actuó en cumplimiento del deber que le asiste de “solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar”.
Al cierre de la comunicación, el ente investigador invitó a la ciudadanía a seguir la audiencia en la que pedirá la preclusión del proceso contra el expresidente, en la fecha que disponga la judicatura, de manera que conozcan con detalle los argumentos de la decisión, “para formar un criterio propio sobre un caso que debe resolverse en sede judicial, alejado de opiniones, disputas personales e intereses políticos”.
Así lo anunció la Fiscalía a través de su comunicado:
El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a través de su cuenta de Twitter a la decisión de la Fiscalía, la cual lo favorece. “Gracias a Dios por este paso positivo. Gracias a tantas personas por sus oraciones y solidaridad”, manifestó. Sin embargo, hay que precisar que la decisión de precluir la investigación está en manos del juez al que le corresponda el proceso. Además, si el juez se negara a precluir la investigación, esto no significa que de inmediato haya una acusación en contra del expresidente, en este escenario, el fiscal podría volver a pedir la preclusión y las partes tendrían la posibilidad de exponer sus posturas.
(En contexto: La contrarreloj de la Fiscalía en el caso Uribe)
Álvaro Uribe comenzó a ser investigado desde 2018 por una presunta intención de manipular, a través de terceros, testimonios como el de Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado que Uribe promovió del bloque Metro en Antioquia. En febrero de ese año, la Corte Suprema desestimó una denuncia que el expresidente instauró en contra de Cepeda por manipulación de testigos y, en su lugar, reprochó varias conductas del líder natural del Centro Democrático y le compulsó copias. Apenas seis días después, el alto tribunal obtuvo información nueva de parte de la defensa de Iván Cepeda que señalaba que Monsalve estaba recibiendo presiones para que cambiara el testimonio que había entregado a la justicia en varias oportunidades. Con nuevos datos, se inició otro proceso por el cual se ordenó la investigación contra Uribe Vélez y contra el representante a la Cámara por Huila, Álvaro Prada.
En concreto, se indagaron los supuestos intentos de hacer cambiar el testimonio de Monsalve por varias vías. Primero, por medio del abogado Diego Cadena -hoy en juicio por estos mismos hechos-, quien visitó al testigo el 22 de febrero de 2018, mientras estaba recluido, para pedirle que firmara un documento que la defensa del expresidente necesitaba, a cambio de ayudarle con una acción de revisión del proceso penal por el cual Monsalve está preso. Cadena ha asegurado que fue iniciativa suya y de nadie más, ofrecerle la ayuda al testigo y declaró que, en todo caso, nunca revisó el citado expediente.
(En contexto: Los millones que habría entregado a testigos Diego Cadena, el exabogado de Álvaro Uribe)
Cadena, además, gestionó reuniones con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor en las que -según Vélez- el penalista les ofreció dinero para que testificaran en favor de Uribe y de su hermano Santiago Uribe, en juicio por presunta conformación de grupos paramilitares. Cadena asegura que solo entregó ayudas humanitarias. En este proceso contra el expresidente Uribe también se investigaron sus supuestos intentos directos para buscar, por medio de terceros, que el exnarcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, desacreditara el testimonio del oficial (r) de la Policía Juan Carlos Meneses, testigo en el juicio contra su hermano. Y se investigaba si Cadena buscó, “siguiendo instrucciones”, a la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, para que se comprometiera a declarar en favor de Santiago Uribe en el caso.
Uribe Vélez rindió indagatoria el 8 de octubre de 2019. Diez meses después, el 3 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en pleno (sin la presencia de la magistrada Cristina Lombana, quien fue separada del proceso), ordenó la detención del expresidente, en una histórica decisión proyectada por el magistrado César Reyes. Recluido en su finca El Ubérrimo, en Córdoba, Uribe renunció al Senado ese mismo mes y la Sala de Instrucción de la Corte perdió, así, la facultad para investigarlo, admitiendo que los cargos no tenían nexo con sus funciones como congresista. El 3 de septiembre de 2020 aterrizó en manos de la Fiscalía el caso contra Álvaro Uribe, uno de los procesos más importantes del país por tratarse de uno de los líderes políticos más influyentes de las últimas décadas.
(Lea también: Uribe fue un “determinador y beneficiario” de testimonios falsos: Corte Suprema)
Una vez allí, el fiscal Francisco Barbosa puso a un funcionario de toda su confianza al frente del caso: al coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, al frente. Como ha contado este diario, Jaimes, quien se hizo más conocido a nivel nacional por trabajar con el exprocurador Alejandro Ordóñez, recolectó principalmente evidencias que ya estaban en el expediente y otras nuevas sobre el testigo principal del caso: el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Se trata del hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, antigua propiedad de los Uribe Vélez, quien ha testificado sobre un posible rol del expresidente en la conformación del Bloque Metro de las Auc.
Álvaro Uribe siempre ha dicho que la Corte Suprema actúa en su contra con intenciones políticas, no con criterios judiciales. Cuando renunció al Senado, el proceso en su contra pasó a ser responsabilidad de la Fiscalía y la primera decisión que se tomó allí fue favorable por lado y lado: la jueza 30 penal de garantías de Bogotá tumbó la medida de aseguramiento en contra del exmandatario, dejándolo en libertad, bajo el argumento de que la indagatoria que había rendido en la Corte no podría equipararse a una imputación de cargos, con lo cual el fiscal Jaimes debería empezar casi de ceros el proceso.
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Las víctimas en el proceso (además de Cepeda, quien ya está acreditado como tal, están el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo) apelaron esa decisión y un juez de conocimiento la tumbó parcialmente en noviembre de 2020: aunque mantuvo la libertad de Uribe, aclaró que la indagatoria ante la Corte sí era equiparable a una imputación de cargos. Es decir, que Uribe quedaba ya formalmente investigado, y le correspondía a la Fiscalía decidir si solicitaba precluir el caso o lo llamaba a juicio. Inicialmente, la defensa de Álvaro Uribe interpuso una tutela contra esa decisión, que la Fiscalía apoyó, pero apenas el pasado 3 de marzo se conoció que desistió de ella, es decir, justo en la previa de la decisión que hoy toma la Fiscalía.
En estos seis meses, la Fiscalía escuchó los testimonios de una veintena de personas que ya había escuchado la Corte. Además, ordenó inspeccionar otros procesos como un par que lleva el ente investigador contra Monsalve, el caso por el que está en juicio el abogado Diego Cadena, el expediente del Bloque Metro en Justicia y Paz, y las pesquisas que se adelantaron contra personas posiblemente vinculadas a esa estructura, cercanas a Uribe Vélez: su hermano Santiago, los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao.
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Asimismo, citó a declarar a personas como Juan Carlos El Tuso Sierra, quien no atendió al llamado que le hizo la Corte. Este testigo, crucial para la defensa de Uribe, ha asegurado que Iván Cepeda lo visitó en 2009 en una cárcel de Estados Unidos junto a los también senadores de entonces, Rodrigo Lara y Piedad Córdoba. Según el relato de Sierra, que no quiso reiterar en el alto tribunal pero del cual dejó dos constancia en dos documentos que se remitieron a la Corte, Cepeda y Córdoba le ofrecieron dádivas por enlodar a Uribe. En esta versión también son cruciales dos personajes que han salido a defender al expresidente, pues aseguran haber sido quienes pusieron en contacto al líder del Centro Democrático con el exnarco Sierra: Roque Arismendi y Juan Manuel Aguilar (hermano de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, exjefe de la Oficina de Envigado).
¿Qué había dicho la Corte Suprema?
El 4 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción tomó una decisión histórica que alborotó al país: ordenó medida de aseguramiento, consistente en casa por cárcel, contra Álvaro Uribe Vélez. La primera decisión que ordena la captura de un exjefe de Estado, de 1.554 páginas, llegó a la conclusión de que Uribe era “el gran determinador de este entramado ilegal” que buscaba manipular testimonios. Lejos de la tesis de la Fiscalía de que este fue un actuar solitario de Diego Cadena, el alto tribunal dijo que el expresidente sí sabía de las gestiones que su abogado adelantaba. Y para hacer esa afirmación, tuvo en cuenta cientos de horas de interceptaciones a sus comunicaciones en las que quedaron consignadas sus charlas.
(En contexto: Las pruebas contra Uribe son “claras, inequívocas y concluyentes”: Corte Suprema)
“La prueba indiciaria es abundante, clara, inequívoca y concluyente de su condición de determinador de las conductas punibles avistadas (...) El senador Uribe hizo nacer o reforzó en sus determinados (Cadena y el abogado Juan José Salazar), no solo en virtud de ese vínculo contractual, sino por su autoridad de ascendiente, la idea de llevar a cabo el hecho delictivo”, señaló la Corte en su extensa decisión. El documento recoge que el propio Cadena hizo con su puño y letra las cartas que pedía los testigos firmar y que fueron enviadas y radicadas formalmente ante la Corte Suprema de Justicia.
(Le puede interesar: Caso Uribe: Corte Suprema pide a Fiscalía que investigue a Mario Uribe)
“(Las pruebas) permiten, y con suficiencia, colegir razonablemente que el senador Uribe indujo a Diego Cadena y a su equipo a realizar las conductas ilícitas de hacer entregas y prometer entregas de dinero y otras utilidades a cambio de obtener” testimonios. Se refiere al de Carlos Enrique Vélez, a las presiones a Monsalve o al de alias Diana, a quien la defensa del exmandatario llegó por intermedio de Vélez y quien fue buscada para desacreditar el testimonio del paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien también ha vinculado al expresidente con grupos paramilitares.
En el caso que se le sigue a Cadena en la Fiscalía, dicha entidad dijo que el abogado ofreció $200 millones, de los cuales se concretaron pagos de $48 millones y que se trató de dádivas y no de ayudas humanitarias como alegó Cadena ante la justicia y a los medios de comunicación. Cuando dichos ofrecimientos salieron a la luz, el expresidente Uribe se separó de Cadena: “Me vine a enterar en las últimas semanas, diez meses después de una declaración del testigo Carlos Enrique Vélez, que le había dado $2 millones por razones humanitarias. Fue a decírmelo a mi oficina y le dije: ‘hombre, doctor Diego, si me hubiese consultado, le digo que de ninguna manera. Terminantemente no’”. No obstante, la Corte señaló que los ofrecimientos se hicieron porque el senador Uribe “lo permitió y autorizó”.
Vélez afirmó ante la Corte que la oferta que recibió no fue por hacer una carta, sino por todo el montaje, y cuando los investigadores le preguntaron si conocía el origen de ese dinero, este dijo que lo que le informaban los abogados “era que venía de parte del señor Uribe Vélez”. Y Diana dijo en un video, según ella no sugerido por nadie, que Alberto (Pablo Hernán Sierra) no perteneció, no fue fundador, ni perteneció al Bloque Metro. El video lo recibió Fabián Rojas, integrante de la UTL de Uribe.
“Por ende, lo que se a precia es la persistencia en el abordaje, presión y ofrecimientos indebidos o ilegales hacia los potenciales testigos y la aducción sistemática de espurios elementos de prueba”, señaló la Corte en dicha decisión. La Sala de Instrucción afirmó que acá hubo un “patrón de conducta que surge evidente en todos estos eventos punibles, en los cuales el senador Uribe asume, probablemente de manera antijurídica, un rol fundamental, trascendente y muy activo en todas las fases de gestión de la prueba (...) lo que pronostica la necesidad y urgencia de garantizar y asegurar la inalterabilidad de la prueba”.
Asimismo, el alto tribunal apuntó que “el examen probatorio deja expuesta con suficiencia (...) la existencia de conductas punibles que pueden y deben atribuirse al senador Uribe Vélez como posible responsable a título de determinador, puesto que se aprecia que actuó con dolo, vale decir, con conocimiento de los hechos, conciencia de la ilicitud y la voluntad o querer su realización”. La Fiscalía, por su parte, desestimó estas conclusiones y llegó a otras muy distintas, que gravitan alrededor de la idea de que Uribe no ha cometido delitos.
La Fiscalía acaba de anunciar una de las decisiones que, sin duda, definirán la gestión de Francisco Barbosa como fiscal general: que el expresidente Álvaro Uribe no debería ir a juicio por fraude procesal y soborno. El fiscal del caso, Gabriel Jaimes, anunció que radicará una solicitud de preclusión, lo que significa que le pedirá a un juez que le autorice archivar el expediente contra Uribe luego de seis meses de recolectar evidencias, y en medio de denuncias por falta de imparcialidad de la víctima del proceso: el senador Iván Cepeda.
“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, argumentó la Fiscalía a través de un comunicado público.
El ente investigador agregó que las conclusiones que llevaron a esta decisión serán expuestas en una diligencia pública ante el juez penal del circuito que disponga el sistema de reparto. Además, señaló que estas podrán ser controvertidas por la defensa, el representante de la Procuraduría y quienes reclaman su calidad de víctimas. Además, el ente investigador dijo que actuó en cumplimiento del deber que le asiste de “solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar”.
Al cierre de la comunicación, el ente investigador invitó a la ciudadanía a seguir la audiencia en la que pedirá la preclusión del proceso contra el expresidente, en la fecha que disponga la judicatura, de manera que conozcan con detalle los argumentos de la decisión, “para formar un criterio propio sobre un caso que debe resolverse en sede judicial, alejado de opiniones, disputas personales e intereses políticos”.
Así lo anunció la Fiscalía a través de su comunicado:
El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a través de su cuenta de Twitter a la decisión de la Fiscalía, la cual lo favorece. “Gracias a Dios por este paso positivo. Gracias a tantas personas por sus oraciones y solidaridad”, manifestó. Sin embargo, hay que precisar que la decisión de precluir la investigación está en manos del juez al que le corresponda el proceso. Además, si el juez se negara a precluir la investigación, esto no significa que de inmediato haya una acusación en contra del expresidente, en este escenario, el fiscal podría volver a pedir la preclusión y las partes tendrían la posibilidad de exponer sus posturas.
(En contexto: La contrarreloj de la Fiscalía en el caso Uribe)
Álvaro Uribe comenzó a ser investigado desde 2018 por una presunta intención de manipular, a través de terceros, testimonios como el de Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado que Uribe promovió del bloque Metro en Antioquia. En febrero de ese año, la Corte Suprema desestimó una denuncia que el expresidente instauró en contra de Cepeda por manipulación de testigos y, en su lugar, reprochó varias conductas del líder natural del Centro Democrático y le compulsó copias. Apenas seis días después, el alto tribunal obtuvo información nueva de parte de la defensa de Iván Cepeda que señalaba que Monsalve estaba recibiendo presiones para que cambiara el testimonio que había entregado a la justicia en varias oportunidades. Con nuevos datos, se inició otro proceso por el cual se ordenó la investigación contra Uribe Vélez y contra el representante a la Cámara por Huila, Álvaro Prada.
En concreto, se indagaron los supuestos intentos de hacer cambiar el testimonio de Monsalve por varias vías. Primero, por medio del abogado Diego Cadena -hoy en juicio por estos mismos hechos-, quien visitó al testigo el 22 de febrero de 2018, mientras estaba recluido, para pedirle que firmara un documento que la defensa del expresidente necesitaba, a cambio de ayudarle con una acción de revisión del proceso penal por el cual Monsalve está preso. Cadena ha asegurado que fue iniciativa suya y de nadie más, ofrecerle la ayuda al testigo y declaró que, en todo caso, nunca revisó el citado expediente.
(En contexto: Los millones que habría entregado a testigos Diego Cadena, el exabogado de Álvaro Uribe)
Cadena, además, gestionó reuniones con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor en las que -según Vélez- el penalista les ofreció dinero para que testificaran en favor de Uribe y de su hermano Santiago Uribe, en juicio por presunta conformación de grupos paramilitares. Cadena asegura que solo entregó ayudas humanitarias. En este proceso contra el expresidente Uribe también se investigaron sus supuestos intentos directos para buscar, por medio de terceros, que el exnarcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, desacreditara el testimonio del oficial (r) de la Policía Juan Carlos Meneses, testigo en el juicio contra su hermano. Y se investigaba si Cadena buscó, “siguiendo instrucciones”, a la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, para que se comprometiera a declarar en favor de Santiago Uribe en el caso.
Uribe Vélez rindió indagatoria el 8 de octubre de 2019. Diez meses después, el 3 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en pleno (sin la presencia de la magistrada Cristina Lombana, quien fue separada del proceso), ordenó la detención del expresidente, en una histórica decisión proyectada por el magistrado César Reyes. Recluido en su finca El Ubérrimo, en Córdoba, Uribe renunció al Senado ese mismo mes y la Sala de Instrucción de la Corte perdió, así, la facultad para investigarlo, admitiendo que los cargos no tenían nexo con sus funciones como congresista. El 3 de septiembre de 2020 aterrizó en manos de la Fiscalía el caso contra Álvaro Uribe, uno de los procesos más importantes del país por tratarse de uno de los líderes políticos más influyentes de las últimas décadas.
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Una vez allí, el fiscal Francisco Barbosa puso a un funcionario de toda su confianza al frente del caso: al coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, al frente. Como ha contado este diario, Jaimes, quien se hizo más conocido a nivel nacional por trabajar con el exprocurador Alejandro Ordóñez, recolectó principalmente evidencias que ya estaban en el expediente y otras nuevas sobre el testigo principal del caso: el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Se trata del hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, antigua propiedad de los Uribe Vélez, quien ha testificado sobre un posible rol del expresidente en la conformación del Bloque Metro de las Auc.
Álvaro Uribe siempre ha dicho que la Corte Suprema actúa en su contra con intenciones políticas, no con criterios judiciales. Cuando renunció al Senado, el proceso en su contra pasó a ser responsabilidad de la Fiscalía y la primera decisión que se tomó allí fue favorable por lado y lado: la jueza 30 penal de garantías de Bogotá tumbó la medida de aseguramiento en contra del exmandatario, dejándolo en libertad, bajo el argumento de que la indagatoria que había rendido en la Corte no podría equipararse a una imputación de cargos, con lo cual el fiscal Jaimes debería empezar casi de ceros el proceso.
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Las víctimas en el proceso (además de Cepeda, quien ya está acreditado como tal, están el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo) apelaron esa decisión y un juez de conocimiento la tumbó parcialmente en noviembre de 2020: aunque mantuvo la libertad de Uribe, aclaró que la indagatoria ante la Corte sí era equiparable a una imputación de cargos. Es decir, que Uribe quedaba ya formalmente investigado, y le correspondía a la Fiscalía decidir si solicitaba precluir el caso o lo llamaba a juicio. Inicialmente, la defensa de Álvaro Uribe interpuso una tutela contra esa decisión, que la Fiscalía apoyó, pero apenas el pasado 3 de marzo se conoció que desistió de ella, es decir, justo en la previa de la decisión que hoy toma la Fiscalía.
En estos seis meses, la Fiscalía escuchó los testimonios de una veintena de personas que ya había escuchado la Corte. Además, ordenó inspeccionar otros procesos como un par que lleva el ente investigador contra Monsalve, el caso por el que está en juicio el abogado Diego Cadena, el expediente del Bloque Metro en Justicia y Paz, y las pesquisas que se adelantaron contra personas posiblemente vinculadas a esa estructura, cercanas a Uribe Vélez: su hermano Santiago, los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao.
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Asimismo, citó a declarar a personas como Juan Carlos El Tuso Sierra, quien no atendió al llamado que le hizo la Corte. Este testigo, crucial para la defensa de Uribe, ha asegurado que Iván Cepeda lo visitó en 2009 en una cárcel de Estados Unidos junto a los también senadores de entonces, Rodrigo Lara y Piedad Córdoba. Según el relato de Sierra, que no quiso reiterar en el alto tribunal pero del cual dejó dos constancia en dos documentos que se remitieron a la Corte, Cepeda y Córdoba le ofrecieron dádivas por enlodar a Uribe. En esta versión también son cruciales dos personajes que han salido a defender al expresidente, pues aseguran haber sido quienes pusieron en contacto al líder del Centro Democrático con el exnarco Sierra: Roque Arismendi y Juan Manuel Aguilar (hermano de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, exjefe de la Oficina de Envigado).
¿Qué había dicho la Corte Suprema?
El 4 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción tomó una decisión histórica que alborotó al país: ordenó medida de aseguramiento, consistente en casa por cárcel, contra Álvaro Uribe Vélez. La primera decisión que ordena la captura de un exjefe de Estado, de 1.554 páginas, llegó a la conclusión de que Uribe era “el gran determinador de este entramado ilegal” que buscaba manipular testimonios. Lejos de la tesis de la Fiscalía de que este fue un actuar solitario de Diego Cadena, el alto tribunal dijo que el expresidente sí sabía de las gestiones que su abogado adelantaba. Y para hacer esa afirmación, tuvo en cuenta cientos de horas de interceptaciones a sus comunicaciones en las que quedaron consignadas sus charlas.
(En contexto: Las pruebas contra Uribe son “claras, inequívocas y concluyentes”: Corte Suprema)
“La prueba indiciaria es abundante, clara, inequívoca y concluyente de su condición de determinador de las conductas punibles avistadas (...) El senador Uribe hizo nacer o reforzó en sus determinados (Cadena y el abogado Juan José Salazar), no solo en virtud de ese vínculo contractual, sino por su autoridad de ascendiente, la idea de llevar a cabo el hecho delictivo”, señaló la Corte en su extensa decisión. El documento recoge que el propio Cadena hizo con su puño y letra las cartas que pedía los testigos firmar y que fueron enviadas y radicadas formalmente ante la Corte Suprema de Justicia.
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“(Las pruebas) permiten, y con suficiencia, colegir razonablemente que el senador Uribe indujo a Diego Cadena y a su equipo a realizar las conductas ilícitas de hacer entregas y prometer entregas de dinero y otras utilidades a cambio de obtener” testimonios. Se refiere al de Carlos Enrique Vélez, a las presiones a Monsalve o al de alias Diana, a quien la defensa del exmandatario llegó por intermedio de Vélez y quien fue buscada para desacreditar el testimonio del paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien también ha vinculado al expresidente con grupos paramilitares.
En el caso que se le sigue a Cadena en la Fiscalía, dicha entidad dijo que el abogado ofreció $200 millones, de los cuales se concretaron pagos de $48 millones y que se trató de dádivas y no de ayudas humanitarias como alegó Cadena ante la justicia y a los medios de comunicación. Cuando dichos ofrecimientos salieron a la luz, el expresidente Uribe se separó de Cadena: “Me vine a enterar en las últimas semanas, diez meses después de una declaración del testigo Carlos Enrique Vélez, que le había dado $2 millones por razones humanitarias. Fue a decírmelo a mi oficina y le dije: ‘hombre, doctor Diego, si me hubiese consultado, le digo que de ninguna manera. Terminantemente no’”. No obstante, la Corte señaló que los ofrecimientos se hicieron porque el senador Uribe “lo permitió y autorizó”.
Vélez afirmó ante la Corte que la oferta que recibió no fue por hacer una carta, sino por todo el montaje, y cuando los investigadores le preguntaron si conocía el origen de ese dinero, este dijo que lo que le informaban los abogados “era que venía de parte del señor Uribe Vélez”. Y Diana dijo en un video, según ella no sugerido por nadie, que Alberto (Pablo Hernán Sierra) no perteneció, no fue fundador, ni perteneció al Bloque Metro. El video lo recibió Fabián Rojas, integrante de la UTL de Uribe.
“Por ende, lo que se a precia es la persistencia en el abordaje, presión y ofrecimientos indebidos o ilegales hacia los potenciales testigos y la aducción sistemática de espurios elementos de prueba”, señaló la Corte en dicha decisión. La Sala de Instrucción afirmó que acá hubo un “patrón de conducta que surge evidente en todos estos eventos punibles, en los cuales el senador Uribe asume, probablemente de manera antijurídica, un rol fundamental, trascendente y muy activo en todas las fases de gestión de la prueba (...) lo que pronostica la necesidad y urgencia de garantizar y asegurar la inalterabilidad de la prueba”.
Asimismo, el alto tribunal apuntó que “el examen probatorio deja expuesta con suficiencia (...) la existencia de conductas punibles que pueden y deben atribuirse al senador Uribe Vélez como posible responsable a título de determinador, puesto que se aprecia que actuó con dolo, vale decir, con conocimiento de los hechos, conciencia de la ilicitud y la voluntad o querer su realización”. La Fiscalía, por su parte, desestimó estas conclusiones y llegó a otras muy distintas, que gravitan alrededor de la idea de que Uribe no ha cometido delitos.