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Álvaro Uribe Vélez se convertiría en el primer presidente de la historia de Colombia en ser llamado a juicio penal. Según el propio exmandatario, la Sala Penal del Tribunal de Bogotá le diría este viernes “no” a su pretensión de precluir el proceso y –por tercera vez– lo dejará anclado al caso de presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
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Aunque la noticia fue dada a conocer por el mismo Uribe en la noche de este jueves, se espera que –a las 2:00 p.m. de este 6 de octubre– el Tribunal dé lectura pública a la decisión en la que se conocerán los detalles. Además, fuentes cercanas al proceso le dijeron a El Espectador que, aunque la Fiscalía tiene seis meses para presentar el escrito de acusación contra Uribe, en esta ocasión no esperarán y lo presentarán inmediatamente.
El exmandatario, además de hacer pública la posible decisión un día antes que el Tribunal, se manifestó sobre la determinación que lo mantendría en el lío judicial. Desde Cartagena, donde se encontraba cuando fue notificado, dio una rueda de prensa en la que dijo que recibió la noticia sobre su futuro judicial “con enorme preocupación”. Según el expresidente, lo único que ha hecho es defender su reputación y sostuvo no saber nada “de sobornar testigos ni de engañar a la Corte”. Uribe, en su intervención, expresó también que “toda información que se recogía, se enviaba con buena fe a la Corte para que la examinara en ejercicio de su competencia, pero lo que dijeron es que yo enviaba esa información para engañar”.
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El exmandatario, incluso, se refirió a la génesis del expediente, en el cual fue él quien, en 2012, denunció al senador del Polo Democrático Iván Cepeda, que en un debate en el Congreso presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las autodefensas.
Uribe lo denunció en la Corte y seis años después, en febrero de 2018, el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidad alguna en la conducta de Cepeda y, por el contrario, advirtió posibles faltas en la defensa del exmandatario. A partir de ese momento el alto tribunal detectó posibles presiones del expresidente y sus abogados contra los testigos que le habían hablado a Cepeda.
Desde Cartagena, Uribe afirmó que, a lo largo del proceso, ninguno de los testigos que ha participado en el caso “ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos”. Según el exmandatario, en todos estos años de escándalos simplemente ha pedido que “se verificara si era verdad si las informaciones que me llegaban a mí de que personas como el senador Iván Cepeda los buscaba y les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente”.
Dentro del proceso, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha sido el testigo estrella, ha señalado a Uribe y a su hermano Santiago de crear, junto con otros hacendados de Antioquia, los primeros grupos paramilitares en ese departamento.
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Monsalve es hijo de un exmayordomo de la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de la familia Uribe Vélez en los años 90. Tanto en denuncias como en declaraciones ante la justicia, el condenado exmiembro de los Rastrojos ha sostenido que en esa finca se creó el Bloque Metro de las AUC, con la supuesta participación del expresidente. Aunque la defensa de Uribe, la Fiscalía y la Procuraduría quisieron restarle credibilidad a Monsalve, la jueza Laura Barrera les respondió en mayo pasado que “existen declaraciones de testigos, no nombrados por el señor fiscal (Javier Cárdenas), que señalan a Monsalve como miembro del Bloque Metro, así como la existencia de este grupo cerca de la hacienda Guacharacas”.
La Fiscalía ha sido insistente en todas las instancias en que no hay pruebas que indiquen que Álvaro Uribe estuvo inmiscuido en algún delito. Por ejemplo, el fiscal Javier Cárdenas, subalterno de Gabriel Jaimes, primer fiscal que trató de precluir el proceso, intentó probar que lo correcto era cerrar la investigación. El ente investigador organizó su tesis en siete hechos diferentes, separados por testigos, para explicar por qué no había material probatorio para seguir con la investigación que había arrancado la Corte en 2018.
El fiscal Cárdenas, incluso, argumentó que testigos claves como Monsalve no tienen credibilidad y le pidió a la jueza Barrera archivar la investigación. Sin embargo, la funcionaria judicial fue crítica al decir que el intento de preclusión fue un “desgaste” para el proceso y que el fiscal nunca investigó a profundidad los hechos denunciados por los testigos.
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Caso a caso, Barrera fue desvirtuando la tesis de la Fiscalía con siete hechos que involucran a la exfiscal Hilda Niño, al excongresista Álvaro Hernán Prada (hoy magistrado del Consejo Electoral) y a los exparamilitares alias el Tuso Sierra y Carlos Enrique Vélez. Este último mencionó en su declaración que el abogado Diego Cadena le ofreció hasta $200 millones por testificar a favor de Uribe.
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