Álvaro Uribe y el fantasma del paramilitarismo, que no deja de rondarlo

“Soy un combatiente de las ideas, pero no un delincuente”. Con esas palabras respondió el expresidente Álvaro Uribe este martes, al enterarse de que el Tribunal Superior de Medellín había ordenado investigarlo por el asesinato de Jesús María Valle, uno de los defensores de derechos humanos más importantes que haya tenido Antioquia y el país. Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998, justamente dos meses después de que Uribe, quien abiertamente calificó a Valle de enemigo de las Fuerzas Militares, dejara la Gobernación de Antioquia. “Frente al homicidio del dr. Valle, fueron los funcionarios de la Gobernación quienes más influyeron en la decisión de Carlos Castaño de dar la orden de muerte”, concluyó el Tribunal de Medellín en su fallo, recién conocido.

El Tribunal, que se refirió en detalle a la participación que habría tenido Pedro Juan Moreno en el crimen, amigo muy cercano de Uribe y secretario de Gobierno en su administración en Antioquia. Pero, asimismo, recalcó: “Se debe evitar la falacia, muy recurrida en estos casos, de culpar a los muertos, en este caso al general (Alfonso) Manosalva y al dr. Moreno”. El primero comandaba la Cuarta Brigada de Medellín para la época en que Uribe era gobernador y murió en abril de 1997 por un aneurisma cerebral; el segundo falleció en febrero de 2006, en un accidente de helicóptero en el Urabá. “Ellos tienen parte de la culpa, pero son integrantes de una organización, lo que se busca es juzgar a los que aún están vivos y participaron en ella”.

(En contexto: Alvaro Uribe Vélez se refiere a la masacre de El Aro)

El senador y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, dijo algo certero: “Llevan miles de folios en esas investigaciones”. Este fallo es por lo menos el tercero, durante los últimos cuatro años, que pide que Uribe sea investigado por nexos con el paramilitarismo. Uno se expidió en noviembre de 2014, cuando la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín pidió que se agregaran en la investigación que ya existía contra Uribe por supuestos vínculos con grupos paramilitares las declaraciones que habían dado a la justicia los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Hebert Veloza (alias H.H.), así como los exparamilitares Manuel Salóm y Luis Adrián Palacio. La orden venía incluida en la sentencia contra Jesús Ignacio Roldán, más conocido como Monoleche, quien fue mano derecha de Vicente Castaño Gil.

Mancuso contó, por ejemplo, que se había reunido con Álvaro Uribe en su finca El Ubérrimo cuando era gobernador de Antioquia, es decir, entre 1995 y 1997. Dijo que los presentó un coronel de la Policía llamado Raúl Suárez, y que el oficial le había dicho que Uribe los apoyaba “en la lucha contra la subversión”. Mancuso además señaló que se había reunido con Carlos Castaño y con Pedro Juan Moreno, a quien el más reciente fallo del Tribunal de Medellín identifica como el posible enlace entre la Gobernación de Antioquia de Uribe y los paramilitares. Mancuso expresó, igualmente, que le había entregado un millón de dólares a otro comandante paramilitar para apoyar la campaña presidencial de Uribe, a cambio de la promesa electoral de la “reinstitucionalización del Estado”, lo cual era, según Mancuso, de gran interés para los paramilitares.

No era la primera vez que ese Tribunal pedía que se indagara en profundidad sobre los denunciados vínculos entre los paramilitares y Álvaro Uribe, una tarea que le corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el fuero constitucional con que quedó tras haber sido presidente de la República. Ya lo había hecho en 2013, pero en menos de un año, la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión. En 2015, y con el fallo contra Monoleche como precedente también, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín insistió: se ratificaba la orden de expedir copias para investigar a Álvaro Uribe. “El nombre del Ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez aparece vinculado en este texto a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por éstos”.

(Puede interesarle: Los crímenes en los que 'Don Mario' involucró a Álvaro Uribe)

El senador Uribe, quien ha dicho una y otra vez que nada tuvo que ver con los paramilitares, señala que el fallo del Tribunal de Medellín —que ahora viene de la justicia ordinaria, no del programa de Justicia y Paz— es un asunto conveniente para sus opositores. “En vísperas de elecciones vuelven a insinuarme como asesino”, replicó el congresista del Centro Democrático. La justicia, sin embargo, empezó a pedir que fuera investigado desde mucho antes que esta campaña electoral arrancara. Las solicitudes de investigarlo siguen apilándose en la Comisión de Acusación, cuya falta de diligencia se convierte, a su vez, en una sombra de duda sobre el propio Uribe. Sin que los jueces intervengan, los cuestionamientos seguirán gravitando alrededor del expresidente.

Vea el último fallo del Tribunal Superior de Medellín: [[{"fid":"638372","view_mode":"default","type":"media","link_text":"fallo_2017_jesus_maria_valle.pdf","attributes":{"class":"file media-element file-default"}}]]

“Soy un combatiente de las ideas, pero no un delincuente”. Con esas palabras respondió el expresidente Álvaro Uribe este martes, al enterarse de que el Tribunal Superior de Medellín había ordenado investigarlo por el asesinato de Jesús María Valle, uno de los defensores de derechos humanos más importantes que haya tenido Antioquia y el país. Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998, justamente dos meses después de que Uribe, quien abiertamente calificó a Valle de enemigo de las Fuerzas Militares, dejara la Gobernación de Antioquia. “Frente al homicidio del dr. Valle, fueron los funcionarios de la Gobernación quienes más influyeron en la decisión de Carlos Castaño de dar la orden de muerte”, concluyó el Tribunal de Medellín en su fallo, recién conocido.

El Tribunal, que se refirió en detalle a la participación que habría tenido Pedro Juan Moreno en el crimen, amigo muy cercano de Uribe y secretario de Gobierno en su administración en Antioquia. Pero, asimismo, recalcó: “Se debe evitar la falacia, muy recurrida en estos casos, de culpar a los muertos, en este caso al general (Alfonso) Manosalva y al dr. Moreno”. El primero comandaba la Cuarta Brigada de Medellín para la época en que Uribe era gobernador y murió en abril de 1997 por un aneurisma cerebral; el segundo falleció en febrero de 2006, en un accidente de helicóptero en el Urabá. “Ellos tienen parte de la culpa, pero son integrantes de una organización, lo que se busca es juzgar a los que aún están vivos y participaron en ella”.

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El senador y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, dijo algo certero: “Llevan miles de folios en esas investigaciones”. Este fallo es por lo menos el tercero, durante los últimos cuatro años, que pide que Uribe sea investigado por nexos con el paramilitarismo. Uno se expidió en noviembre de 2014, cuando la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín pidió que se agregaran en la investigación que ya existía contra Uribe por supuestos vínculos con grupos paramilitares las declaraciones que habían dado a la justicia los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Hebert Veloza (alias H.H.), así como los exparamilitares Manuel Salóm y Luis Adrián Palacio. La orden venía incluida en la sentencia contra Jesús Ignacio Roldán, más conocido como Monoleche, quien fue mano derecha de Vicente Castaño Gil.

Mancuso contó, por ejemplo, que se había reunido con Álvaro Uribe en su finca El Ubérrimo cuando era gobernador de Antioquia, es decir, entre 1995 y 1997. Dijo que los presentó un coronel de la Policía llamado Raúl Suárez, y que el oficial le había dicho que Uribe los apoyaba “en la lucha contra la subversión”. Mancuso además señaló que se había reunido con Carlos Castaño y con Pedro Juan Moreno, a quien el más reciente fallo del Tribunal de Medellín identifica como el posible enlace entre la Gobernación de Antioquia de Uribe y los paramilitares. Mancuso expresó, igualmente, que le había entregado un millón de dólares a otro comandante paramilitar para apoyar la campaña presidencial de Uribe, a cambio de la promesa electoral de la “reinstitucionalización del Estado”, lo cual era, según Mancuso, de gran interés para los paramilitares.

No era la primera vez que ese Tribunal pedía que se indagara en profundidad sobre los denunciados vínculos entre los paramilitares y Álvaro Uribe, una tarea que le corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el fuero constitucional con que quedó tras haber sido presidente de la República. Ya lo había hecho en 2013, pero en menos de un año, la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión. En 2015, y con el fallo contra Monoleche como precedente también, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín insistió: se ratificaba la orden de expedir copias para investigar a Álvaro Uribe. “El nombre del Ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez aparece vinculado en este texto a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por éstos”.

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El senador Uribe, quien ha dicho una y otra vez que nada tuvo que ver con los paramilitares, señala que el fallo del Tribunal de Medellín —que ahora viene de la justicia ordinaria, no del programa de Justicia y Paz— es un asunto conveniente para sus opositores. “En vísperas de elecciones vuelven a insinuarme como asesino”, replicó el congresista del Centro Democrático. La justicia, sin embargo, empezó a pedir que fuera investigado desde mucho antes que esta campaña electoral arrancara. Las solicitudes de investigarlo siguen apilándose en la Comisión de Acusación, cuya falta de diligencia se convierte, a su vez, en una sombra de duda sobre el propio Uribe. Sin que los jueces intervengan, los cuestionamientos seguirán gravitando alrededor del expresidente.

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