Amnistía Internacional rechaza trabajo de Fiscalía en crímenes contra líderes sociales

“Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa”. Este es el más reciente informe de Amnistía Internacional que da a conocer la permanencia de la crisis de los liderazgos sociales y la defensa de los derechos humanos, a pesar del cambio de gobierno. En cuanto al papel de la Fiscalía, las cifras muestran que la impunidad se mantiene. Para conocer más detalles del informe, este diario habló con Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien profundiza, además, sobre la desarticulación institucional para afrontar el flagelo.

“Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa”. Este es el más reciente informe de Amnistía Internacional que da a conocer la permanencia de la crisis de los liderazgos sociales y la defensa de los derechos humanos, a pesar del cambio de gobierno. En cuanto al papel de la Fiscalía, las cifras muestran que la impunidad se mantiene. Para conocer más detalles del informe, este diario habló con Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien profundiza, además, sobre la desarticulación institucional para afrontar el flagelo.

En contexto: Colombia no protege sus líderes sociales y sus asesinatos quedan en la impunidad

Este informe enfocado en Colombia trata de unos temas de conversación pública de más interés. ¿Qué hemos venido haciendo mal para que ser líder social sea un peligro?

Es una combinación de muchos factores que hemos venido siguiendo desde hace décadas. Colombia suele aparecer en primer lugar de los países más letales del mundo para defender derechos humanos, la tierra y el medio ambiente. Es algo que está traspasado por los conflictos armados que han vivido en Colombia y que siguen existiendo, han ido cambiando, pero que siguen transformando la situación de las personas defensoras.

Pero también tiene que ver con que Colombia tiene un entramado normativo e institucional que, si uno lo lee, parece muy completo en términos de prevención y protección de riesgos para personas defensoras. Pero, tal vez, es demasiado. Hay una hiperinflación normativa. Hay muchas instituciones a cargo, pero no necesariamente hay una coordinación interinstitucional o un Estado capaz de implementar todo ello de una manera que sea efectivo para que uno vea resultados concretos en los territorios.

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En el informe hacemos el análisis del periodo del último año del presidente Iván Duque, contrastándolo con el primer año del presidente Petro. Vimos que hubo un cambio positivo en el sentido de reconocer la existencia de una crisis y de adoptar una serie de medidas para avanzar en la dirección correcta. Sin embargo, todavía no vemos que eso tenga efecto en la disminución en las muertes y agresiones contra defensores.

Los planes de gobierno son distintos. La manera de llegar al poder también lo es, esta vez más empujado desde abajo. ¿Por qué no hubo cambios?

Este es un gobierno que, incluso, desde su campaña, plantó la bandera de la protección de los defensores de derechos humanos. Lo primero que hicieron fue iniciar el plan de emergencia. Nuestra evaluación es que lamentablemente no tuvo los resultados que se hubiera esperado. Y que el problema no es el plan en sí mismo, que fue construido con sociedad civil y tuvo el apoyo de Naciones Unidas, y recogida muchas de las recomendaciones que se le había hecho al Gobierno.

Donde se falló fue precisamente en la implementación. En conseguir la coordinación entre instituciones, ministerios, el gobierno central y los gobiernos locales, para hacer que esto se implemente. El Estado no fue capaz de implementar un plan con ese nivel de ambición. Eso nos preocupa. La voluntad no es suficiente. Lo que toca es encontrar maneras de que se genere una diferencia real en los territorios.

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¿Debería una institución enfocarse en el problema?

Podría ser un camino, pero hay varias maneras de resolver el tema. Una figura política o un funcionario público podría tener un rol más fuerte de compaginación. La preocupación es que existen muchas normas y cada una de ellas tiene responsables diferentes. En definitiva, no se da seguimiento. Un ejemplo muy concreto es el del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, que es un excelente sistema y que tiene un rol de prevención muy importante. Ningún país de la región tiene un sistema de esas características. Donde falla es en la implementación y seguimiento de las recomendaciones, que ya deja de depender de la Defensoría.

¿Cuál es la importancia de los defensores para un país y porque debemos protegerlos? Es el fondo del informe

Absolutamente. Estos liderazgos son personas que están defendiendo la tierra, el territorio y el medio ambiente de diferentes formas de ataque, como la acción empresarial, la acción estatal y la acción de grupos armados. Están protegiendo bienes como el agua que no solo afectan a sus comunidades. En esta crisis climática, es esencial tener esos liderazgos. Las comunidades suelen quedar solas en encontrar soluciones a lo que están enfrentando. En el informe específicamente hablamos de casos en el Putumayo, en Meta, el Catatumbo y dos grupos diferentes en el Magdalena Medio. Líderes que protegen zonas de reserva campesina, indígenas que salvaguardan su territorio o pescadores que enfrentan la contaminación.

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¿Cuál es la posición de Colombia en el mundo?

Hay una buena y una mala. La mala es que históricamente Colombia en el ranking de Global Witness, que ranquea los paises con más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el mundo, siempre esta en el primer o segundo lugar. En eso no está totalmente sola, porque, de hecho, las Américas suelen ser la región más letal para ese trabajo de defensa y es donde mueren más líderes ambientales en todo el mundo. La preocupación es persistente y constante.

La buena es que existe por primera vez, como lo vemos en el actual gobierno, al menos un reconocimiento de la crisis. Una voluntad de avanzar en una dirección de protección y de prevención de esto, y una oportunidad que ojalá no se desperdicie. Que ojalá se pueda avanzar trabajando con las propias comunidades y las personas defensoras, para encontrar mecanismos de protección. Esa protección no debe quedarse en lo individual. Se necesita una aproximación colectiva, que aborde las causas raíz del problema y que permita a las personas trabajar de manera segura.

¿Cómo ve a nuestra Fiscalía?

Nos preocupa. Cuando se trata de ataques a personas defensoras, en el 50% de los casos las investigaciones nunca avanzan. No se llega a la conclusión en la investigación. Y no es mucho más del 10% los casos que efectivamente llegan a juicio o a una resolución. Estamos en una situación de mucha impunidad respecto a los ataques. Existen protocolos, existen diferentes mecanismos de investigación, pero nada de eso se ve en la práctica. Seguramente el Grupo de Amenazas de la Fiscalía tiene todos estos protocolos, pero, al momento de que los casos llegan a las fiscalías locales, no se investiga con la misma diligencia.

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Y la tendencia en los últimos años es que las personas más vulnerables son precisamente líderes de Juntas de Acción Comunal, indígenas, negros, afrodescendientes, palenqueros, que viven en las zonas más marginales y es allí donde, justamente, la Fiscalía no llega con todos estos protocolos. Todo es parte del entramado que hace tan difícil proteger a los defensores de derechos humanos.

¿Qué puede concluir Amnistía Internacional?

Ha habido cambios puntuales. Hay cada vez menos conflictos entre el Estado y los grupos armados, se dan más entre los mismos grupos. Hay algunos de los territorios donde los riesgos han bajado, pero en términos de cifras macro uno ve que los números no cambian significativamente. Las últimas cifras de amenazas y asesinatos, de acuerdo con Indepaz y al Alto Comisionado para la Paz, indican una pequeña disminución de los homicidios, pero lo suficientemente pequeña como para no celebrar nada todavía. Y es demasiado pronto para saber si es tendencia.

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