Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Explorar salidas distintas, pero complementarias a las opciones de fuerza para desactivar organizaciones criminales de alto impacto es absolutamente crucial para cualquier esfuerzo serio de construcción de paz. Implica reconocer que el conflicto armado cambió y necesitamos nuevas alternativas. El reto no es menor: consiste en construir soluciones intermedias entre costosas negociaciones políticas e ineficaces sometimientos para responder a un conflicto armado cuyo elenco de actores se transformó y se ha vuelto más criminal y más político. Básicamente porque la viabilidad de la agenda económica de muchas de estas organizaciones criminales depende de su capacidad de controlar territorios, regular comunidades y aceitar redes de corrupción conectadas a los estados locales y nacional. Toda una infraestructura política sin la cual los negocios no prosperarían.
La apuesta de este Gobierno ha sido la de habilitar diálogos sociojurídicos. Una fórmula que, en la práctica, supone que a cambio de beneficios jurídicos colectivos los miembros de estas organizaciones entreguen personal, armas, fortunas e información.
(Lea también: Bandas criminales de Medellín no quieren ley de sometimiento, sino justicia restaurativa)
Dificultades a la vista
Al menos dos dificultades quedaron a la vista durante este primer año de esfuerzos. La primera de ellas es que el Gobierno no tiene la información suficiente ni criterios claros para definir cuáles de estas organizaciones criminales pueden entrar o no por este canal a la paz total y en qué orden. Esto ha llevado a un desgaste gigantesco para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que será mucho más problemático, paradójicamente, si se llega al mejor escenario posible: aquél donde todos los procesos logren despegar en circunstancias en las que el Gobierno no cuenta con los recursos políticos e institucionales suficientes para hacerlos sostenibles.
La segunda dificultad ha sido la inexistencia de un marco jurídico que delimite mejor el alcance de los acercamientos y diálogos con estas estructuras criminales. La propuesta de ley de sometimiento radicada en marzo de este año terminó archivada y no existe la intención de volver a presentarla en la actual legislatura. De modo que el Gobierno deberá arreglárselas con lo que ya existe en la normatividad vigente.
En este contexto, durante este primer año el Gobierno avanza con mesas de diálogo y procesos de acercamiento.
Desafíos particulares
En cuanto a las mesas de diálogo, hay tres en fase pública. Una en la cárcel de Itagui con los principales líderes de las organizaciones que participan del crimen organizado del Valle de Aburrá. Otra, en Buenaventura, con Shottas y Espartanos. Y una más con tres bandas en Quibdó: Los Mexicanos, RPS y Locos Yam.
Estas tres mesas comparten una falta de claridad en la metodología y los contenidos sustantivos del diálogo, pero abren interrogantes particulares según cada contexto. En la mesa de Itagui no es claro si quienes están sentados ahí representan y controlan a las bandas menores encargadas de operar la criminalidad en las calles y si su eventual sometimiento podría tener un efecto adverso al elevar los niveles de violencia que en los últimos años han disminuido por pactos entre criminales. En Buenaventura, de haber voluntad de estas dos bandas, la pregunta de fondo es qué tan sostenible puede ser un proceso que demanda un compromiso permanente de un Gobierno nacional con un marcado déficit de atención y cumplimiento y una apropiación territorial que encuentra una débil institucionalidad local. Y en Quibdó, la injerencia que tienen organizaciones como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el crimen local, complejiza las perspectivas de futuro y advierte serios riesgos para los jóvenes que participan del proceso al exponerse a potenciales retaliaciones de rivales o de sus “empleadores”.
(Le podría interesar: Violencia en el oriente de Medellín es un saboteo a la negociación con bandas)
En fase exploratoria se mantienen los procesos con las dos organizaciones sucesoras del paramilitarismo más poderosas del país: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadores de La Sierra Nevada de Santa Marta (ACSN). En ambos, el Gobierno enfrenta desafíos relativamente similares. Primero: alinear las expectativas de negociación política de estas organizaciones con su limitadísima oferta de sometimiento. Segundo: evitar que en ese esfuerzo de alineación se envíen señales equivocadas que lleven a estas organizaciones a elevar su perfil violento en contra del Estado para conseguir un esquivo estatus político. Y, tercero: manejar las tensiones que supone llevar a cabo procesos simultáneos con dos organizaciones que, actualmente, están en guerra en los departamentos de Magdalena y La Guajira.
(En contexto: Shottas y Espartanos: así es el entramado criminal y las alianzas entre bandas)
¿Esfuerzos en vano?
El escenario de este primer año no es el más alentador. Pero es muy pronto para concluir que hayan sido esfuerzos en vano. Especialmente porque estamos ante procesos en marcha susceptibles de ajustes que pueden incrementar su probabilidad de éxito. Al menos tres son urgentes para el Gobierno.
Disciplinar el lenguaje. Pese a que se dice con firmeza que no serán negociaciones políticas, los pronunciamientos del Alto Comisionado dan a entender que en la práctica pueden llegar a serlo y el discurso de muchas estructuras criminales es que sin transformaciones estructurales no habrá sometimiento.
(Lea también: “Los jefes quieren dejar la guerra”, así se mueve la Paz Total en Medellín)
Delimitar objetivos. Esto implica reconocer que no todas las cosas buenas vienen juntas: interrumpir carreras criminales de jóvenes marginados no necesariamente conlleva una disminución de la violencia ni ésta -la disminución- una efectiva desarticulación de las redes criminales. Estos procesos escapan al pensamiento “lineal” y bien intencionado. Supone complicados dilemas que hay que anticipar y mayor claridad en las estrategias para enfrentarlos.
Priorizar. Luego de un año de exploraciones, viene la etapa de las decisiones. La probabilidad de éxito de estos procesos depende de concentrar esfuerzos y acotar expectativas. Y esto implica un balance realista entre el esfuerzo institucional y político que cada proceso requiere versus el impacto agregado que potencialmente puede representar en materia de reducción de violencia y acceso a información que permita desarrollar mejores políticas de desmantelamiento y desarticulación de estas estructuras criminales.
*Investigador del CINEP/PPP
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.