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El paro nacional ha dejado claro que la sistematicidad de la violencia policial contra manifestantes es un problema estructural. Hemos sido testigos de un conjunto de prácticas policiales que violan los derechos humanos de manifestantes y lesionan gravemente el derecho a la protesta (Art. 37 Constitución). Sin embargo, analizar y demostrar en qué consiste la sistematicidad de dicha violencia es parte de lo que se debate actualmente. Aquí ofrezco algunas líneas de análisis a partir de una decisión clave de la Corte Suprema de Justicia y del análisis que se ha hecho de la violencia en el contexto del paro como parte de un sistema. Este tipo de análisis implica entender que la Policía es una institución centralizada, militarizada, con mando unificado y capacidad de operación en todo el territorio nacional.
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Un buen punto de partida de cualquier análisis sobre la sistematicidad de la violencia policial en contextos de protesta es la sentencia del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema en la cual se examinó el comportamiento de la Policía durante el paro de finales de 2019. Para analizar la sistematicidad de la violencia, la Corte tuvo en cuenta las características comunes de víctimas y agresores, el patrón temporal, las acciones escalonadas con un número de víctimas considerable, la estrategia coordinada, el contexto en el cual ocurren las violaciones, el propósito y la escala, naturaleza e impacto.
Con base en estos criterios la Corte analizó cinco prácticas policiales contra manifestantes que fueron documentadas por las organizaciones de derechos humanos que interpusimos la acción de tutela para defender el derecho a la protesta: la intervención sistemática, violenta y arbitraria de las protestas; la estigmatización de manifestantes pacíficos; el uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; las detenciones arbitrarias acompañadas de tratos inhumanos, crueles y degradantes; y los ataques contra la libertad de expresión y de prensa. La Corte encontró que la Policía incurre en estas conductas de manera sistemática y ordenó un conjunto de acciones que no han sido cumplidas, por lo cual solicitamos que se declare a las autoridades en desacato.
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Las cinco prácticas anteriores no sólo se han repetido en este último ciclo de protestas, sino que se han extendido e intensificado, como revela un incremento del número de víctimas, diversificación de los eventos violentos y la profundización de la impunidad. ¿Cómo explicar esto?
En primer lugar, la estigmatización de las protestas por parte de líderes políticos y miembros del ejecutivo estructura y legitima la violencia policial. Sus palabras enmarcan la acción policial de tal manera que facilitan, promueven, justifican y perpetúan la violencia policial. Quizás el más claro ejemplo viene del presidente Duque, quien durante una autoentrevista señaló que existía “terrorismo urbano” en las protestas.
Esta estigmatización no sólo es predominante en el Gobierno, sino que se ha extendido a órganos de control como la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría. El patrón es el siguiente: las instituciones del Estado sostienen públicamente que protegen la protesta “pacífica”, al tiempo que estigmatizan a quienes protestan y toman medidas punitivas en su contra. Si en el 2019 la estigmatización de la protesta era una política de gobierno, ahora parece que presenciamos una política de Estado.
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La segunda práctica preocupante es el asesinato de manifestantes y las heridas con armas de fuego en el contexto de las protestas. Lo más trágico del 9 y 10 de septiembre de 2020 fue que la Policía de Bogotá disparó contra la ciudadanía en el contexto de las protestas que se produjeron por el asesinato de Javier Ordóñez mientras se encontraba en custodia de la Policía. A un hecho de violencia policial le sucedieron otros muchos. Esta masacre ocurrida en la capital del país es un antecedente de las muertes que hoy estamos presenciando. Según datos de la organización Temblores, han ocurrido 43 muertes por parte de la Fuerza Pública y Human Rights Watch reporta 63 muertes desde el 28 de abril, mientras la Fiscalía reporta un total de 43 para el mismo período. Las discrepancias de análisis entre cifras oficiales y de la sociedad civil no le restan gravedad a las acusaciones. Al margen de la discusión metodológica, es un hecho incontestable que se ha asesinado a manifestantes y que estos asesinatos son parte de un contexto de acción policial que la Corte Suprema ha calificado como de uso sistemático de violencia contra manifestantes.
Junto con el asesinato de manifestantes, se encuentran otras conductas violatorias de los derechos humanos que son muy preocupantes. La denuncia de personas desaparecidas llevó a la CIDH a declarar que se trata de un hecho “extremadamente grave” en tanto persisten “denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y de las cuales la Fiscalía mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente”. Se presentan además denuncias de otros dos tipos de conductas que merecen observación rigurosa. Por una parte, como lo destacó la CIDH, se han registrado “al menos 87 actos de violencia sexual presuntamente cometidos por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes”, según indicó la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, es preocupante el aumento de lesiones oculares y faciales contra manifestantes, que sólo en Bogotá ascienden a 33.
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Dos hechos finales merecen mencionarse brevemente para ir ampliando esta anatomía de la violencia policial contra manifestantes. El primero es la acción de civiles armados y acompañados por la Policía durante las manifestaciones como pudo verse en un video en la ciudad de Cali. El segundo es el uso del “ciberpatrullaje” de las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares en lo que han denominado la campaña “Colombia es mi Verdad”. Según denunció la Fundación para la Libertad de Prensa, las Fuerzas Militares están calificando noticias como “falsas” y nombrarlas “terrorismo digital”.
La violencia policial contra manifestantes es una práctica sistemática, sin embargo, aún no existe voluntad seria del Estado por erradicarla: las investigaciones de estos hechos como aislados y la falta de reconocimiento público del problema por parte los órganos de control son obstáculos al esclarecimiento de conductas sistemáticas.
Quienes están reaccionando contra este problema son las fuerzas vivas de la sociedad. Se han activado repertorios de movilización contra la violencia policial. Por ejemplo, en las protestas se escucha una arenga que dice: “Dylan no murió, a Dylan lo mataron”. Además, en distintos muros de las ciudades los artistas expresan el sentir popular que denuncia la violencia policial. También se están haciendo ejercicios contraforenses para documentar en vivo y en el terreno las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía. Quienes analizamos el fenómeno debemos seguir trabajando en crear conceptos y metodologías multidisciplinarias para entender cuál es el quehacer de la justicia frente a la realidad de un sistema violento.
*Abogado y filósofo de la Universidad Industrial de Santander. Doctor en Derecho de la Universidad de los Andes. Subdirector de Dejusticia. malbarracin@dejusticia.org Twitter @malbarracin.
Este texto se basa en la presentación realizada en el microseminario de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia el 26 de mayo de 2021.