Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Ocho años y cinco meses de que la Corte Suprema de Justicia condenara a Andrés Felipe Arias a 17 años por su participación en irregularidades en el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS), el alto tribunal confirmó que el exministro de Agricultura sí fue culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Además de confirmar su culpabilidad, la Corte mantuvo en firme la pena de cárcel que recibió en 2014.
La decisión se convierte en el fin de una larga novela judicial que protagonizó el exministro, que se voló a Estados Unidos días antes de conocer su sentencia, y en donde permaneció prófugo por dos años. Además, fue su equipo de abogados el que logró un cambio radical en el sistema en el que se juzga a los aforados en el país, pues su caso sirvió para que funcionarios como él puedan acceder a una segunda instancia y no solo a una, como funcionaba el proceso antes de 2018.
(En contexto: Así es como Andrés Felipe Arias quiere tumbar su condena por Agro Ingreso Seguro)
Precisamente, la decisión que se conoce hoy es la segunda instancia que tanto peleó Arias desde su condena en 2014. En ese momento, la Fiscalía lo llevó a juicio argumentando que Agro Ingreso Seguro “fue concebido como una política pública orientada a (…) reducir la desigualdad en el campo”, pero que Arias desconoció los principios de “transparencia, planeación, economía y responsabilidad propios de la contratación estatal”.
Los convenios que se firmaron para ejecutar AIS, agregó la Fiscalía, “permitieron que, de manera injustificada, particulares se apropiaran de dineros del Estado”. El 16 de julio de 2014, la Corte Suprema le dio la razón a la Fiscalía y condenó a Arias. Pero, para ese momento, él ya no estaba en el país: había huido con su familia a Estados Unidos, país donde trató —sin éxito— de obtener asilo político.
(Le podría interesar: Hackeo a la Fiscalía: directivo de Odebrecht confirmó que Andrés F. Arias recibió dinero)
Como la justicia estadounidense no le dio la razón, el 12 de julio de 2019 lo extraditó de regreso a Colombia, en donde estuvo varios años detenido en el Cantón Norte de Bogotá. A finales de agosto del año pasado, Arias logró el beneficio de prisión domiciliaria, en donde estaba esperando esta decisión de la Corte Suprema. Desde el día uno de su condena, el exministro ha dicho que su caso es producto de una persecución judicial al uribismo.
¿Qué es el caso Agro Ingreso Seguro?
Según documentos que reposan en el alto tribunal, Agro Ingreso Seguro (AIS) fue un programa del Ministerio de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe Vélez pensado para subsidiar a campesinos afectados por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Su misión era: “Promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”.
Si embargo, en octubre de 2009, una investigación de la primera revista Cambio reveló que los subsidios se habían desviado y terminaron beneficiando a poderosos terratenientes, sobre todo en la costa Caribe. Más tarde, la justicia logró probar que el modus operandi de las irregularidades se basaron en que, poderosas familias de esta zona del país fraccionaron sus predios para acceder a, por ejemplo, subsidios de riego y drenaje de tierras, muy por encima de lo que se permitía.
(Lea también: Corte Suprema dice que abogado Víctor Mosquera le mintió a Comité de la ONU)
Según el expediente, los terratenientes se aprovecharon”irregularmente de los apoyos que otorgó el gobierno en el marco del programa AIS, violando de esta manera los términos de referencia”. El Ministerio de Agricultura le dijo hace dos años a la Corte Suprema que, bajo estas operaciones ilegales, se desviaron $16.500 millones, de los cuales ya habían sido recuperados $14.400 millones.
El pecado de Arias, explicó en su momento el alto tribunal, es que no celebró ninguna licitación pública para la entrega de multimillonarios subsidios agrícolas, como lo pedía la ley, y, en su lugar, le entregó esta competencia de manera directa a otra entidad. Además, explicó que el exministro sabía de primera mano las irregularidades sobre el fraccionamiento de predios por parte de terratenientes, que terminaron beneficiados con más de dos subsidios, lo cual iba en contra de la naturaleza de la ley.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.