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La Fiscalía General dejó en firme la imputación cinco civiles y 12 integrantes de la Policía que estarían involucrados en varias actuaciones ilegales contra un grupo de manifestantes, el 28 de mayo de 2021, en el sector de Ciudad Jardín, en Cali (Valle del Cauca). Entre ellos está Andrés Escobar, quien el año pasado quedó fichado en videos atacando con un arma, al parecer traumática, a manifestantes durante el paro nacional.
“En uno de los hechos conocidos, particulares habrían disparado armas traumáticas contra varios ciudadanos con la aparente connivencia de algunos uniformados que estaban en el lugar”, indicó la Fiscalía. El ente investigador les imputó los delitos de usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos a Escobar, Diego León Quiroz Arroyave, Juan Antonio Córdoba García, Andrés Felipe Chicaiza y Francisco Córdoba García.
Adicionalmente, a Escobar se le formuló el cargo de amenazas agravado por el nivel de intimidación que, al aparecer, ejerció sobre la ciudadanía. Los delitos de tortura agravada y privación injusta de la libertad, fueron imputados los integrantes de la Policía, Jhon Madrid Quiñones, Andrés Quintero Acosta, Germán Alejandro Ospina Plaza y Alexis Mosquera Mena. Esto, con relación a la aprehensión de varios jóvenes, y el traslado y graves agresiones que, supuestamente, le propinaron a un estudiante de música en la estación de policía de La María.
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Asimismo, les fue imputado el delito de prevaricato por omisión a los policías José Fernando León Agudelo, mayor Mauricio Gómez Velandia, teniente Aurelio Guevara Machuca, Christian Eulises Chilito Muñoz, Jhony Andrés Cuspian, patrullero Eder Javier Sinuco Osorio, patrulleros José Ricardo Guzmán y Ariel Augusto Nossa Barrera. El material de prueba da cuenta de que, presuntamente, omitieron actos propios de sus funciones y permitieron que los civiles atacaran a los manifestantes. Esta información se publica por razones de interés general.
La imputación
El Espectador conoció en abril pasado detalles de la imputación. La Fiscalía señaló que: “En Colombia se presentaron hechos de gravedad que afectaron los derechos tanto de la ciudadanía que participaba activamente como de las personas que no lo hacían. La situación fue particularmente grave en Cali, en la cual de manera general los grupos más afectados fueron jóvenes, estudiantes, periodistas, indígenas, afrodescendientes y personas que no participaron en las manifestaciones”
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Luego de ello, el funcionario del ente investigar situó a los asistentes a la audiencia en el 28 de mayo de 2021. En inmediaciones del CAI Ciudad Jardín, en la mañana, un grupo de manifestantes realizaba marchas en contra de la fallida reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Entonces, en complicidad con la Policía, aseguró el fiscal, los cinco imputados, al parecer, dispararon armas traumáticas. Se tiene conocimiento de pistolas, escopetas y fusiles. Incluso, el fiscal mencionó el serial de cada una de ellas y aseguró que, en su teoría del caso, no hay arma de fuego alguna.
Además de eso, el fiscal del caso, aseguró que existía un grupo por WhatsApp en el que vecinos de Ciudad Jardín prometieron defender su zona de afectaciones durante el paro nacional. En plena manifestación, los cinco imputados habrían acudido con chalecos antibalas. A los hermanos Francisco y Juan Antonio Córdoba se los señala de suministrar las armas de fogueo utilizadas durante la mañana de ese 28 de mayo. Chicaiza, por su parte, al igual que Escobar, quedó señalado por recibir la invitación por mensaje de texto y acudir a, presuntamente, usurpar funciones públicas.
En material fílmico, Escobar quedó reseñado como una de las personas que apuntó con arma contra manifestantes. Días más tarde, a través de un video expresó que “el camino no son las armas. El camino no es una guerra civil. Mi intención no es hacer un llamado al odio ni al resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada en el marco del paro nacional”, dijo. Durante el proceso investigativo solicitó a sus seguidores apoyarlo en un Vaki para financiar su defensa judicial. Entre tanto, participó activamente en sus redes sociales durante los últimos meses, apoyando las ideas que buscan el libre porte de armas en Colombia.
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Escobar, así como los civiles y los policías, de ahora en adelante tienen calidad de imputado y su proceso continuará hasta llegar a juicio. Por su parte, Sebastian Caballero, representante de víctimas, señaló que “voy a solicitar medida de aseguramiento. A mi me hubiera gustado que la Fiscalía hubiese sido más contundente respecto a unos delitos, pero reconozco que ha habido voluntad de investigar y se ha hecho un trabajo juicioso. Como representante de víctimas voy a profundizar en la verdad. La Fiscalía acude a que se establezca la verdad procesal, los videos y fotografías. Yo quiero ir mucho más allá y es lo que he dicho desde el comienzo: hay un aparato organizado de poder. Personas que tenían un alto mando militar, policial y político que pudo desatar ese andamiaje que resultó en el ataque a la población civil”.
De acuerdo con Caballero, las víctimas se han ido recuperando. Físicamente ya están bien, pero psicológica y anímicamente a veces tienen sus episodios de crisis. “Les da ansiedad el proceso. Sienten que no ha habido justicia.
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