Aníbal Gaviria quedó detenido en su casa y llamado a juicio

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, va a juicio: esa es la decisión que acaba de anunciar la Fiscalia, la cual acusó al mandatario regional de los delitos de e contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Según el organismo investigativo, Gaviria cometió irregularidades cuando fue gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007 y tomó determinaciones relacionadas con los contratos para el mantenimiento y la pavimentación de una vía que comunica a Caucasia con Puerto Berrio, conocida como la Troncal La Paz. (Lea también: El año atípico de Aníbal Gaviria)

El cuestionado contrato por el cual la Fiscalía acusó al gobernador fue pactado por un valor inicial de más de $41.000 millones (exactamente $41.663.432.778). Según la investigación, en el momento de la licitación se fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato. Sin embargo, cuando el convenio se firmó (el 22 de diciembre de 2005), ese porcentaje aumentó al 29% (unos $1.500 millones de más), sin que hubiese ninguna justificación técnica para esto. A ojos del fiscal instructor se trato entonces de una modificación caprichosa.

“Examinados los documentos obtenidos a lo largo de la investigación y que soportan las distintas fases contractuales, se corroboró que no existió un estudio o tan siquiera una consideración o una justificación que valide esta decisión”, explicó la Fiscalía en el escrito de acusación, documento conocido por El Espectador. De acuerdo con el ente investigador, la defensa habría respondido ante los cuestionamientos por el estudio requerido como un “error mecanográfico”. Además, el ente investigador aseguró que un desfase de $1.500 millones solo obedece a una acción consiente.

Y siguió con sus cuestionamientos: “como lo afirmaron los testigos, ese era el deber ser: que la modificación estuviera precedida de un estudio. Sin embargo, contrario a ello, luego de fijar en definitiva el porcentaje del anticipo en el 25% del valor básico del contrato, brilló por su ausencia el necesario ejercicio de ponderación por parte de la administración, resultando que impuso un actuar suyo, desapegado de la legalidad, arbitrario, carente de soportes, de las necesarias ponderaciones técnicas y financieras que propendieran a la protección del interés general”.

A esto se suman indicios de probables anomalías en el trámite y celebración de la primera adición del contrato, suscrita el 8 de noviembre de 2007, por un valor de $3.995 millones, que tenía como objeto pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas. El problema, según la Fiscalía, es que, al parecer, esa adición no contaba con soportes técnicos.

De acuerdo con el ente investigador, sobre la primera adición del contrato, “no es clara la necesidad por solventar: la terminación de las obras objeto del contrato, si era entregar las obras al servicio de la comunidad, si se refería a culminar totalmente la Troncal de la Paz o, si era la inclusión de la pavimentación del tramo Escarralao - Nuevo Oriente”. Y no solo eso, la adición del contrato habría incrementado su valor, sin justificación, por más de $850 millones.

“El estudio que sirvió de fundamento para la suscripción del Contrato Adicional No.1 estimó que se requería adicionar el valor en $3.140 millones. Sin embargo, el contrato finalmente celebrado el 8 de noviembre de 2007, lo fue por $3.995 millones sin que sea posible precisar qué incidió en esa variación, porque en toda la documentación soporte del trámite contractual, no hay referencia justificativa de esta disparidad”, explicó la Fiscalía.

Pero ahí no terminan la supuestas irregularidades. El ente investigador identificó la suscripción del una segunda adición al contrato (otrosí 2), ocurrida cuatro días antes de que el Gaviria dejara el cargo y después de haber terminado el empalme con su sucesor. Señala la Fiscalía que el objetivo de esta era la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz. El valor de este convenio, superaba los $16.000 millones. (Le puede interesar: La Troncal de la Paz fue exitosa, le dijo Aníbal Gaviria a la Fiscalía)

Sin embargo, la investigación apunta a que este otrosí 2 contempló una obra que no era complementaria, ni tendría relación con el proyecto base, entonces, para la Fiscalía, debió contratarse a través de un proceso distinto de selección objetiva. Otro de los puntos que llamó la atención de la autoridad judicial es que, antes de pagarse el anticipo pactado, se le permitió al contratista destinar $5.000 millones para la adquisición de maquinaria, aun cuando disponer del equipo suficiente fue uno de los requisitos de la licitación.

Para el fiscal del caso, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto, y aún cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia del proceso. Con ese argumento y el material probatorio que, según la Fiscalía, respalda la investigación, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a Anibal Gaviria como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

En conclusión, la Fiscalía dijo que “la firma de Aníbal Gaviria Correa esté ausente de muchos documentos contractuales, como se evidenció, no significa que estuvo al margen del proceso, ni que los actos ilegales puestos de presente no hubiesen recibido su confirmación con su diciente silencio. Esta actitud silente -tranquila- resultó avaladora y complaciente con los actos expedidos por la secretaria de Infraestructura y el Comité de Contratación a lo largo del trámite contractual objeto de esta investigación”.

El mandatario fue capturado en Medellín y quedó cobijado con medida de aseguramiento bajo detención domiciliaria. De esta forma, Gaviria quedó acusado y el juicio se desarrollará ante la Corte Suprema de Justicia, juez natural para las personas de su investidura. Esta es la segunda vez que el mandatario regional es capturado por estos hechos, la primera fue el 5 de junio de 2020, pero luego de pasar cinco meses detenido, la defensa pidió su libertad alegando vencimiento de términos.

Sin embargo, la Fiscalía se opuso a esta petición asegurando que la detención solo se contaba desde el momento en que quedó ejecutoriada y desde que el Inpec ordenó su vigilancia el 12 de agosto de 2020. Contra este argumento, la defensa del gobernador insistió señalando que el mandatario fue suspendido del cargo por Decreto Presidencial 821 del mismo 5 de junio de 2020. La controversia se resolvió a través de un habeas corpus fallado en favor de Gaviria, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Medellín que ordenó la libertad del gobernador en octubre del año pasado. (Noticia relacionada: Tribunal ordena libertad del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria)

En su decisión, el magistrado César Augusto Rengifo Cuello acogió los argumentos de la defensa y señaló que habían pasado más de 120 días desde la detención sin que la Fiscalía hubiese calificado el mérito del proceso. “Ninguna razón atendible que justifique válidamente la tardanza en que en este caso ha incurrido la Fiscalía para formalizar la detención del Mandatario, observa este juez para entender tan flagrante mora en las actuaciones”, señaló el togado, agregando que las omisiones o tardanza de las autoridades, no se le pueden trasladar a quiene está detenido.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, va a juicio: esa es la decisión que acaba de anunciar la Fiscalia, la cual acusó al mandatario regional de los delitos de e contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Según el organismo investigativo, Gaviria cometió irregularidades cuando fue gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007 y tomó determinaciones relacionadas con los contratos para el mantenimiento y la pavimentación de una vía que comunica a Caucasia con Puerto Berrio, conocida como la Troncal La Paz. (Lea también: El año atípico de Aníbal Gaviria)

El cuestionado contrato por el cual la Fiscalía acusó al gobernador fue pactado por un valor inicial de más de $41.000 millones (exactamente $41.663.432.778). Según la investigación, en el momento de la licitación se fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato. Sin embargo, cuando el convenio se firmó (el 22 de diciembre de 2005), ese porcentaje aumentó al 29% (unos $1.500 millones de más), sin que hubiese ninguna justificación técnica para esto. A ojos del fiscal instructor se trato entonces de una modificación caprichosa.

“Examinados los documentos obtenidos a lo largo de la investigación y que soportan las distintas fases contractuales, se corroboró que no existió un estudio o tan siquiera una consideración o una justificación que valide esta decisión”, explicó la Fiscalía en el escrito de acusación, documento conocido por El Espectador. De acuerdo con el ente investigador, la defensa habría respondido ante los cuestionamientos por el estudio requerido como un “error mecanográfico”. Además, el ente investigador aseguró que un desfase de $1.500 millones solo obedece a una acción consiente.

Y siguió con sus cuestionamientos: “como lo afirmaron los testigos, ese era el deber ser: que la modificación estuviera precedida de un estudio. Sin embargo, contrario a ello, luego de fijar en definitiva el porcentaje del anticipo en el 25% del valor básico del contrato, brilló por su ausencia el necesario ejercicio de ponderación por parte de la administración, resultando que impuso un actuar suyo, desapegado de la legalidad, arbitrario, carente de soportes, de las necesarias ponderaciones técnicas y financieras que propendieran a la protección del interés general”.

A esto se suman indicios de probables anomalías en el trámite y celebración de la primera adición del contrato, suscrita el 8 de noviembre de 2007, por un valor de $3.995 millones, que tenía como objeto pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas. El problema, según la Fiscalía, es que, al parecer, esa adición no contaba con soportes técnicos.

De acuerdo con el ente investigador, sobre la primera adición del contrato, “no es clara la necesidad por solventar: la terminación de las obras objeto del contrato, si era entregar las obras al servicio de la comunidad, si se refería a culminar totalmente la Troncal de la Paz o, si era la inclusión de la pavimentación del tramo Escarralao - Nuevo Oriente”. Y no solo eso, la adición del contrato habría incrementado su valor, sin justificación, por más de $850 millones.

“El estudio que sirvió de fundamento para la suscripción del Contrato Adicional No.1 estimó que se requería adicionar el valor en $3.140 millones. Sin embargo, el contrato finalmente celebrado el 8 de noviembre de 2007, lo fue por $3.995 millones sin que sea posible precisar qué incidió en esa variación, porque en toda la documentación soporte del trámite contractual, no hay referencia justificativa de esta disparidad”, explicó la Fiscalía.

Pero ahí no terminan la supuestas irregularidades. El ente investigador identificó la suscripción del una segunda adición al contrato (otrosí 2), ocurrida cuatro días antes de que el Gaviria dejara el cargo y después de haber terminado el empalme con su sucesor. Señala la Fiscalía que el objetivo de esta era la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz. El valor de este convenio, superaba los $16.000 millones. (Le puede interesar: La Troncal de la Paz fue exitosa, le dijo Aníbal Gaviria a la Fiscalía)

Sin embargo, la investigación apunta a que este otrosí 2 contempló una obra que no era complementaria, ni tendría relación con el proyecto base, entonces, para la Fiscalía, debió contratarse a través de un proceso distinto de selección objetiva. Otro de los puntos que llamó la atención de la autoridad judicial es que, antes de pagarse el anticipo pactado, se le permitió al contratista destinar $5.000 millones para la adquisición de maquinaria, aun cuando disponer del equipo suficiente fue uno de los requisitos de la licitación.

Para el fiscal del caso, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto, y aún cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia del proceso. Con ese argumento y el material probatorio que, según la Fiscalía, respalda la investigación, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a Anibal Gaviria como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

En conclusión, la Fiscalía dijo que “la firma de Aníbal Gaviria Correa esté ausente de muchos documentos contractuales, como se evidenció, no significa que estuvo al margen del proceso, ni que los actos ilegales puestos de presente no hubiesen recibido su confirmación con su diciente silencio. Esta actitud silente -tranquila- resultó avaladora y complaciente con los actos expedidos por la secretaria de Infraestructura y el Comité de Contratación a lo largo del trámite contractual objeto de esta investigación”.

El mandatario fue capturado en Medellín y quedó cobijado con medida de aseguramiento bajo detención domiciliaria. De esta forma, Gaviria quedó acusado y el juicio se desarrollará ante la Corte Suprema de Justicia, juez natural para las personas de su investidura. Esta es la segunda vez que el mandatario regional es capturado por estos hechos, la primera fue el 5 de junio de 2020, pero luego de pasar cinco meses detenido, la defensa pidió su libertad alegando vencimiento de términos.

Sin embargo, la Fiscalía se opuso a esta petición asegurando que la detención solo se contaba desde el momento en que quedó ejecutoriada y desde que el Inpec ordenó su vigilancia el 12 de agosto de 2020. Contra este argumento, la defensa del gobernador insistió señalando que el mandatario fue suspendido del cargo por Decreto Presidencial 821 del mismo 5 de junio de 2020. La controversia se resolvió a través de un habeas corpus fallado en favor de Gaviria, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Medellín que ordenó la libertad del gobernador en octubre del año pasado. (Noticia relacionada: Tribunal ordena libertad del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria)

En su decisión, el magistrado César Augusto Rengifo Cuello acogió los argumentos de la defensa y señaló que habían pasado más de 120 días desde la detención sin que la Fiscalía hubiese calificado el mérito del proceso. “Ninguna razón atendible que justifique válidamente la tardanza en que en este caso ha incurrido la Fiscalía para formalizar la detención del Mandatario, observa este juez para entender tan flagrante mora en las actuaciones”, señaló el togado, agregando que las omisiones o tardanza de las autoridades, no se le pueden trasladar a quiene está detenido.