JEP: militares reconocieron alianzas con Auc para cometer falsos positivos

Una docena de militares reconocen este 18 de julio los asesinatos de inocentes que hicieron pasar por bajas en combate cuando eran integrantes del batallón La Popa, entre 2002 y 2005. En Valledupar, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ante el país, reconocerán que, presionados desde altos manos del Ejército por mostrar resultados, asesinaron a civiles bajo dos modalidades: bien fuera en alianza con paramilitares o eligiendo a sus víctimas entre personas en condiciones de vulnerabilidad.

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El sargento (r) José de Jesús Rueda Quintero reconoció su responsabilidad como comandante de pelotones como “Zarpazo”, que según la documentación aportada a la JEP funcionaba exclusivamente para aumentar los positivos en combate de manera ilegítima. Rueda Quintero quedó cara a cara con los familiares de la casi decena de víctimas que asumió en la justicia transicional. Empezó su discurso asegurando que cuando llegó a La Popa, en 2002, jamás había escuchado de estrategias tales como las ejecuciones extrajudiciales, pero su vida cambió una vez se adentró en el Cesar.

Explicó que, durante los primeros días, incluso estando de civil, jefes paramilitares se le acercaron y le propusieron entregarle positivos como si de mercancía se tratara. Encontró en el Batallón que la alianza era un secreto implícito entre los militares. Rueda Quintero aseguró que aceptó el trato siempre y cuando le entregaran guerrilleros para su muerte, la cual se iba a simular en combate. El 21 de octubre de 2003, le llevaron a un joven y le dijeron que se trataba de un criminal. Ordenar su asesinato terminó, en 2015, en una condena de 34 años de prisión en la justicia ordinaria.

“Recibimos a Wilfrido Chantrix Quiroz, para darlo de baja. Ya lo traían con armamento las autodefensas de alias JJ. Le dije: ¿usted es guerrillero? ¿Usted conoce de la región? Me dijo: sí. Se dio la orden de darlo de baja. Posteriormente nos enteramos de que no era ningún guerrillero, sino era una persona del pueblo y aparte de eso tenía un problema de salud. Empecé a entender en mi sentir que había perdido el norte, mi esencia, mi naturaleza”, agregó el militar. Chantrix Quiroz era un reciclador con deficiencias mentales.

Posteriormente, el militar retirado aceptó responsabilidad por las muertes de Luis Eduardo Oñate y Carlos Mario Navarro, cuyos familiares tenía en frente. “Llevaba toda mi vida esperando este momento”, aseguró Rueda Quintero. Y agregó que falló en su posición de garante, pues su deber era proteger la comunidad. De hecho, le pagaban por eso. A su turno entró el soldado (r) Juan Carlos Soto Sepúlveda, quien confesó haber asesinado un inocente con 13 impactos con arma de fuego. Los detalles de sus métodos viles y colmados de sevicia provocaron la sorpresa del público, el cual murmuró nada más oír al militar que entregó su verdad del Batallón La Popa.

La magistrada Julieta Lemaitre entregó la palabra a representantes indígenas. Entre ellas, mujeres del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, que cuenta con medidas cautelares de protección por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una comunidad históricamente perseguida, que hasta 2005 sufrió el asesinato de 50 líderes indígenas y el desplazamiento forzado de casi 800 personas. También representación indígena Kankuama, la cual fue vulnerada en alianza con el Bloque Norte de las Auc.

Osmaira Nieves Oñate se presentó primero. Su hermano, un indígena Wiwa, desapareció el 27 de febrero de 2004. Del paradero de Luis Eduardo Oñate, la víctima apenas conoce que hombres armados lo bajaron de un auto y se lo llevaron con rumbo desconocido, para luego ser entregado a soldados activos. Nieves Oñate llevó a la audiencia un periódico que ya tornó su color a amarillo y exigió a los militares responder por el paradero de su familiar.

“Para un 27 de febrero lo agarraron, para un 28 de febrero llegaba el presidente Alvaro Uribe aquí a Valledupar para un consejo de seguridad. ¿Qué seguridad era esa que estaba prestando? ¿Presentar un joven de 17 años como una baja en combate? Le truncaron sus sueños. Soñaba con ser un gran abogado. Y hoy estoy aquí frente a unos abogados defendiendo su honra. ¿Qué clase de gobierno teníamos?”, concluyó Nieves Oñate.

A continuación, la integrante de la comunidad Wiwa, Elizabeth Coronado, habló ante la audiencia. Su hermano, Carlos Mario Navarro, fue desaparecido el mismo día que Luis Eduardo Oñate, tras ser captado por paramilitares que los llevaron ante miembros del Batallón La Popa. Su caso significó una tragedia con un agravante: cuando la familia conoció de la ejecución extrajudicial, uno de los abuelos no soportó el dolor y se suicidó.

Una vez finalizó Coronado, fue el turno de Danelis Bolaño, hermana de la víctima indígena kankuama, Eber de Jesús Montero. Mirando a los ojos a los militares dijo: “Mi hermano, entre siete hermanos, era el único hombre. Era quien trabajaba para criar los hijos que mi mamá tenía. Mi madre era cabeza de hogar. Queremos que limpien su buen nombre, así como lo enlodaron. Nada de esas mentiras que dijeron en la radio y en los periódicos era mi hermano. Era un joven que apenas estaba empezando a vivir. De escasos 22 años”.

Heber Hernán Gómez reconoció que en La Popa se estableció una organización criminal bajo el liderazgo del coronel Hernán Mejía, “oficial bajo cuyo liderazgo y guía se sobrepuso la incesante necesidad de presentar resultados operacionales sobre el valor de la vida misma”, según señaló. “Tanto el número de las supuestas bajas, como el lugar donde se debían presentar, eran coordinadas por el coronel Mejía y alias 39″, añadió el militar retirado. Su labor, según explicó, consistió en falsificar ordenes de operaciones, radiogramas y otros documentos militares, para “legalizar” las muertes de inocentes que les entregaban paramilitares.

“Efectivamente, a lo largo del 2002 y mientras me desempeñé como oficial de operaciones del batallón La Popa, presté mi grado, facilité mi jerarquía al interior del Batallón y desvié por completo las funciones de mi cargo para revestir con una falsa legalidad estos crímenes horrendos que se venían cometiendo en colaboración con grupos ilegales”, añadió Gómez. Además, señaló que, a lo largo de 2003, cuando fue segundo comandante del Batallón La Popa, tenía conocimiento de los “infames resultados operacionales” y no tomó acciones para frenarlos.

El militar retirado se refirió a algunos de los primeros hechos criminales que cometieron en La Popa en asocio con los paramilitares. “Los frutos malditos de esta oscura alianza se cosecharon por primera vez el 25 de enero de 2002, con la aprehensión y posterior asesinato de Jesús Emilio Márquez”, aseguró. “Estas personas, evidentemente, no eran pertenecientes a ninguna organización criminal, tampoco fueron muertos en combate”.

Gómez reconoció que con sus acciones y omisiones contribuyó “al detrimento del buen nombre de las personas asesinadas”. Incluso, aseguró: “Se causó en la salud física y psicológica, afectación derivada de la carga moral y sufrimiento a la que los he sometido durante tanto tiempo, familiares algunos, incluso, que partieron de este mundo sin escuchar esta verdad”. E hizo una mención especial a los daños que sufrieron las mujeres, que, en ausencia de los hombres que proveían el sustento de sus familias, tuvieron que echarse al hombro sus hogares y soportar cargas inusitadas.

“Reconozco que fui un cobarde, al no denunciar esta clase de hechos”, dijo Manuel Valentín Padilla, conocido como Hugo. Para el momento de los hechos era sargento y hacía inteligencia como agente externo en el Batallón La Popa, bajo el mando del coronel Publio Hernán Mejía. “Participó activamente en las actividades criminales”, dijo el magistrado Óscar Parra sobre su rol, “sirvió como intermediario con los paramilitares para la consecución y entrega de víctimas”. En concreto, era el enlace del Ejército con el frente Mártires del Cesar.

“¿Cómo funcionaba mi participación en estos crímenes atroces? Las Auc dejaban los muertos en determinado día, previa coordinación con el coronel Mejía con alias 38, 39 y El Paisa. Cuando llegaba la tropa, se simulaba un combate. Estas personas ya habían sido asesinadas, en el lugar no había manchas de sangre. En la mayoría de los casos, cuando se hacían los levantamientos, los cadáveres no portaban documentos y se reportaban como NN”, detalló Padilla, quien fue agente encubierto, con una fachada de comerciante de la plaza de mercado de Valledupar.

“Mis actividades con las Auc eran de llevar informaciones al comando del batallón (…) cuando estos delincuentes iban a dejar una baja o un positivo, que era realmente un asesinato vil y cobarde. Estos bandidos me lo hacían saber por intermedio de una estafeta cuando me encontraba en la plaza de mercado, quien me decía que le tenían una baja al coronel Mejía”, recordó el sargento Padilla. “Por mi trabajo de agente encubierto nunca porté armas. Nunca asesiné a una persona de esas, pero de igual forma fui coordinador y coautor de estos y hoy en día estoy arrepentido”, señaló el militar retirado.

Además, dijo que, “el asesinato de estas personas era legalizado con una orden de operaciones del jefe de operaciones”, siguiendo instrucciones del comandante de la brigada. Y recalcó a renglón seguido: “Todos estos hechos eran con conocimiento del coronel Hernán Mejía”.

Oseas Tomás Arias, del cabildo menor kankuamo, tomó nuevamente la palabra por las víctimas. Además de líder indígena, Arias es sargento retirado del Ejército y vivió el asesinato de su hermano Enrique Lainez Arias y su primo, Uriel Evangelista Arias, quienes fueron falsos positivos. Arias estuvo en el Batallón La Popa. “Por eso puedo decir: ser soldado es la mayor de mis glorias”, les dijo a los militares responsables del asesinato de su hermano, que estaban sentados al otro lado del escenario. Pero recordó que le dieron la baja del Ejército después de que fuera a reclamar el cadáver de su primo, quien había sido asesinado y presentado como una baja.

Arias les lanzó preguntas a todos los comparecientes. Por ejemplo, le preguntó al soldado Yeris Gómez, quien lo antecedió en la palabra: “¿Por qué si eras un infiltrado de la guerrilla, mataste y asesinaste?”. Luego les dirigió a los militares una serie de preguntas sobre el asesinato de su hermano, ocurrido en 2004, y quien no tenía antecedente penal alguno. “¿Por qué lo acribillaron, por qué dice la orden de operaciones que él entró en combate y alcanzó a disparar con el revolver ?38 que tenía?”, les cuestionó.

El magistrado Óscar Parra explicó que, en 16 eventos distintos, los paramilitares entregaron víctimas a uniformados del batallón La Popa para que fueran asesinados y presentados como bajas. Las víctimas fueron una mujer no identificada y 40 hombres, entre los que había dos jóvenes del pueblo indígena wiwa y un kankuamo, así como un joven con discapacidad mental, Wilfrido Chantrix.

El primer militar en hablar fue Yeris Andrés Gómez Coronel, quien para 2002 era soldado profesional y, cuando estuvo en el batallón La Popa, participó en más de 20 hechos. Estuvo en pelotones como Zarpazo, señalados de buen parte de los falsos positivos del Caribe. Según la JEP, además de asesinar directamente a algunas de las víctimas, participó en operaciones conjuntas con paramilitares para cometer asesinatos, simuló combates y declaró ante las autoridades con falsedades. “Era una persona sin corazón y un monstruo que fue entrenado en el batallón La Popa solo para matar”, dijo.

“Yo reconozco que hice parte de un grupo que se convirtió en una organización criminal dentro del Ejército que se encargó de asesinar personas que, en su mayoría no hacían parte del conflicto”, reconoció el soldado Gómez, a la vez que dijo que en el Ejército sí hubo una campaña de persecución de la población civil y, en especial, de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada. “Siempre seguí órdenes de mis superiores, sin cuestionarlas”, añadió.

Posteriormente, pasó a relatar los hechos criminales de los que participó. El primero ocurrió bajo el mando del teniente coronel (r) José Pastor Ruiz, quien no aceptó los cargos. Según relató, tras un combate con el Eln, un guerrillero quedó herido y, en lugar de prestarle los servicios de salud, su superior le ordenó asesinarlo. “Fue el primer hecho que cometí”, confesó. Cuando llegaron a la unidad militar, su superior le dio $100.000 y a sus compañeros les compró un arroz chino. “No nos merecíamos eso, violamos los derechos de las personas”.

De allí pasó a relatar un hecho más, cuando era parte del batallón Zarpazo, que según él muestra la relación del coronel Publio Hernán Mejía con los paramilitares. El soldado Gómez contó cómo los llevaron a una reunión con comandantes de las Autodefensas, como Jorge 40. “Allí comenzó el pacto entre La Popa y los paramilitares de Jorge 40″, dijo el soldado. El exintegrente de las Fuerza Pública se dirigió a las víctimas: “Yo sé que no merezco su perdón, porque lo que cometimos en La Popa fueron asesinatos en persona protegida y crímenes de lesa humanidad”.

El 27 de febrero de 2004, miembros del al batallón La Popa asesinaron a Carlos Mario Navarro y a otro joven, luego de que paramilitares se los entregaran. Su padre, Franklin Navarro, encaró hoy a sus victimarios y les dijo: “Aún no me siento conforme”. Además, el padre reivindicó el nombre de su hijo: “Carlos Mario no pertenecía a ningún grupo, era un campesino como lo soy yo. Carlos Mario pertenecía al pueblo wiwa. Quisiera recordarles todo lo que era mi hijo. Estaba pensando en prestar servicio militar, porque él pensaba ser alguien en la vida”, les dijo a la docena de militares.

Franklin Navarro explicó que su hijo quería conseguir trabajo, pero no tenían cómo pagar la libreta militar que le exigirían. “Él rápidamente pensó: ‘voy a prestar servicio’”, recordó su padre. Mientras Franklin Navarro estaba por fuera del pueblo, paramilitares bajaron a su hijo del transporte en el que se movilizaba, lo secuestraron y lo entregaron a miembros del Ejército, que posteriormente lo asesinaron. Navarro incluso recordó que al día siguiente del homicidio de su hijo, el entonces presidente Álvaro Uribe visitó Valledupar y les exigió resultados a las tropas.

La primera víctima en tomar la palabra fue Rocío Escorcia, hermana de John Jader Escorcia junto a cuatro personas más por efectivos de la batería Bombardo del batallón La Popa. La mujer contó cómo a su hermano y las demás víctimas, personas desconocidas les ofrecieron trabajo yendo a recoger café en un municipio vecino. John Jader nunca regresó y su hermana desde entonces no dejó de buscarlo. “¿Quién se iba a imaginar que me iban a matar a un hermano, si no era paraco, no era guerrillero, no era nada?”, dijo la mujer, mirando a los militares.

Un paramilitar le dijo que su hermano, supuestamente, se había ido a la guerrilla. Ella se fue a buscarlo, sin conocer a nadie en el territorio que le indicaron. “En ese viaje, me amarraron, me torturaron, abusaron tres hombres de mí. Esto ni siquiera mi familia lo sabe. Por culpa de ustedes”, les dijo a los militares que reconocieron haber asesinado a su hermano. “¿Quién iba a pensar que el Estado tenía criminales guardados en el batallón La Popa?”, reprochó. Escorcia finalmente halló el cuerpo de su hermano en una fosa común en la que, asegura, hay muchos más cuerpos sin identificar que podrían ser de otras víctimas.

Finalmente, les dijo a los militares: “Sí les quiero pedir que cuando reconozcan hablen con nombres propios de los demás responsables. Esa sería para mí una manera de sentir satisfacción”.

El magistrado Óscar Parra explicó la metodología que seguirá la audiencia. Los comparecientes harán referencia a los dos patrones de macrocriminalidad. Este 18 de julio y parte del 19 de julio se concentrarán en el primer patrón —falsos positivos cometidos en alianza con paramilitares— y el 19 de julio se concentrarán en el segundo patrón —cuando las víctimas de falsos positivos fueron personas perfiladas por su vulnerabilidad—. Además, habrá una franja dedicada al daño que sufrieron los pueblos indígenas kankuamo y wiwa.

Parra les recordó a los doce militares las tres dimensiones que ha definido la JEP que deben tener este tipo de intervenciones. Primero una fáctica. “Lo importante es que reconozcan la imputación que les hizo la Sala. Ello implica reconocer el rol desempeñado en la organización criminal”, les dijo. Segundo, una dimensión jurídica, que significa que los militares tienen que reconocer que cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad, no amnistiables. Y, en tercer lugar, una restaurativa, que pasa por no justificar lo que hicieron.

Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos del pueblo wiwa, tomó la palabra y declaró: “Desde el pueblo wiwa, en esta audiencia recalco: este proceso no hubiese sido posible sin un Acuerdo de Paz. No hubiese sido posible si el pueblo wiwa, el pueblo kankuamo, los hermanos campesinos nos levantamos y reclamamos nuestros derechos. Porque los encargados de respetar y hacer valer nuestros derechos hicieron todo lo contrario”.

Loperena posteriormente les habló a la cara a los doce militares, sentados al otro lado del escenario y les dijo: “ojalá nos digan la verdad”. Según Loperena, su pueblo cuenta 50 víctimas de falsos positivos y, en todos estos años, ni la Fiscalía, ni la justicia penal militar, ni la Procuraduría habían reportado mayores avances.

Posteriormente habló Jaime Luis Arias, del pueblo indígena kankuamo. Líder del cabildo kankuamo, Arias recordó que, “paradójicamente”, para el momento de los asesinatos, su pueblo contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, sin embargo, “no se detuvo la barbarie”, sino que sufrieron todo tipo de victimizaciones: asesinatos, desapariciones, estigmatización. Además, pidió explicar por qué hubo algunas familias particularmente afectadas, como si portar un apellido en específico los volviera automáticamente en objetivos militares.

“El involucramiento de kankuamos en la guerra no obedece a una decisión colectiva del pueblo, sino a una circunstancia y/o parte de la guerra misma, con la finalidad de profundizar un genocidio étnico, tanto físico como cultural. Evidencia de ello, son los más de 400 miembros del pueblo asesinados, decenas de ellos presentados falsamente como bajas en combate”, añadió Arias. La JEP estableció que este pueblo indígena solo representa el 1% de la población del Cesar y, sin embargo, representan el 7% de las víctimas de este caso. “Ustedes actuaron en contra de su pueblo, de la madre Sierra, de nuestro pueblo y de otros pueblos”, recalcó.

El magistrado Óscar Parra recordó que en julio del año pasado la Sala de Reconocimiento determinó que, entre enero de 2002 y julio 2005, “en el batallón La Popa se estructuró una organización criminal”. A la misma pertenecieron 15 militares. Tres de ellos, los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, así como el teniente coronel José Pastor Ruiz, no aceptaron los cargos e irán a juicio adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación, que es la fiscalía de la JEP.

Los doce militares que sí reconocieron los cargos aceptaron su responsabilidad en los crímenes de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. “Los imputados compartían un propósito común y a partir de la división de funciones, tomaron parte en la ejecución de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate que determinó esta Sala”, sostuvo el magistrado Parra. Agregó que, si bien los doce militares presentes ya reconocieron su responsabilidad por escrito, este espacio de reconocimiento tiene una vocación más restaurativa.

(En contexto: La imputación de la JEP por falsos positivos atribuidos al batallón La Popa)

Luego de un ritual espiritual indígena, a cargo de las autoridades tradicionales, el magistrado Óscar Parra, al frente del caso, identificó a los militares implicados que hablarán en estas audiencias: Alex José Mercado, Carlos Andrés Lora, Eduart Gustavo Álvarez, Efraín Andrade, Elkin Leonardo Burgos, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez, Heber Hernán Gómez, José de Jesús Rueda, Juan Carlos Soto, Manuel Valentín Padilla y Yeris Andrés Gómez. La JEP había imputado a tres oficiales, pero no aceptaron los cargos. Se trata de los teniente coronel en retiro Publio Hernán Mejía, Juan Carlos Figueroa y José Pastor Ruiz.

(Lea también: Falsos positivos del Batallón La Popa: ¿quiénes son los 15 imputados en la JEP?)

El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, instaló la audiencia de reconocimiento en Valledupar explicando cómo en el batallón La Popa operó un “aparato organizado de poder” para asesinar a inocentes y hacerlos pasar por bajas. La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que se cometieron 127 asesinatos entre 2002 y 2005, mientras los coroneles en retiro Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa comandaron esta unidad militar.

El magistrado Cifuentes advirtió, sin embargo, que lo que digan los militares este 18 y 19 de julio sobre los crímenes cometidos debe pasar un examen de la JEP. “No se propone buscar la verdad solamente para contemplarla. La Sala de Reconocimiento y, más adelante el Tribunal para la Paz deberán evaluar si estos reconocimientos son genuinos, exhaustivos”, aseguró. Y añadió que este tipo de espacios no se trata de una “concientización humanitaria” sobre el conflicto armado colombiano, sino que “es el momento de restaurar a las víctimas” y ese es el sentido de este tipo de audiencias.

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