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Las atrocidades cometidas hace más de 20 años por los 12 Apóstoles en el norte de Antioquia es apenas uno de los capítulos del fenómeno paramilitar que se vivió desde finales de la década de los 80 en ese departamento, donde narcotraficantes, militares, políticos, empresarios, fiscales y jueces fueron los protagonistas del escabroso nacimiento de las autodefensas. Antioquia, en todos sus puntos cardinales, fue el escenario en el que los grupos de “seguridad privada” dejaron ríos de sangre, miles de víctimas y una estela de terror que durante años quedó en la impunidad por el silencio comprado de las autoridades y la ley de sangre y fuego que heredó la región de Pablo Escobar Gaviria.
La captura del ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y exgobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, Álvaro Uribe, dejó al descubierto la incapacidad o negligencia del Estado en esa década para investigar el paramilitarismo y responsabilizar a sus protagonistas.
Si bien en esos años se emitieron informes del CTI, la Fiscalía, la Personería, la Procuraduría y distintas organizaciones de derechos humanos, los responsables jamás fueron llevados ante un juez. Los fiscales e investigadores que intentaron documentar la barbarie fueron asesinados o tuvieron que irse al exilio. Y los expedientes fueron engavetados.
Antioquia fue la cuna de los primeros vestigios paramilitares: el grupo Muerte A Secuestradores (MAS), creado por los capos del cartel de Medellín luego de que en noviembre de 1981 secuestraran a Martha Inés Ochoa, hermana de los narcotraficantes Fabio y Juan David Ochoa. Paralelo a esta situación, otro socio del cartel de Medellín, Fidel Castaño, había comenzado desde 1979 a consolidar su ejército privado los Tangueros, tras la muerte y secuestro de su padre Jesús Antonio a manos de las Farc. Ese grupo empezó operando en Córdoba y en Antioquia, en las subregiones del Bajo Cauca y el Nordeste. Tanto el MAS como los Tangueros se convirtieron en un fatídico modelo de “seguridad” que otros empresarios y narcotraficantes del país replicaron.
En el Magdalena Medio también se empezaron a constituir grupos paramilitares. Detrás de ellos estaban Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, Henry Pérez y Ramón Isaza, alias el Viejo. En 1985 el fenómeno paramilitar fue calando en otras regiones de Antioquia, especialmente en el Sureste, Norte, Urabá y Nordeste. Allí se fundaron otros grupos de “seguridad privada” que comenzaron a operar y a incrementar la violencia. Sin duda, uno de los hechos más representativos del surgimiento del paramilitarismo en Antioquia fue la masacre de Segovia, ocurrida en noviembre de 1988 por orden de los hermanos Castaño.
En esa época, su grupo paramilitar era conocido como Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño y la masacre fue una especie de “presentación”. Asesinaron a 46 campesinos que supuestamente eran colaboradores de la guerrilla. Con ese crimen colectivo se selló la expansión del paramilitarismo en Antioquia. Los hermanos Castaño empezaron a reclutar a gente local para lograr el control. Mientras el mayor de los Castaño, Fidel, se quedó al frente de todas las operaciones, el menor de ellos, Carlos, viajó a Medellín a conformar las autodefensas urbanas y Vicente, el del medio, se encargó de consolidar los contactos con narcotraficantes.
La familia Castaño logró consolidar un fortín militar en el Nudo del Paramillo y su proyecto paramilitar empezó a expandirse por el Magdalena Medio, Córdoba y Norte de Santander, entre otras regiones. Para ese tiempo, a inicios de los años 90, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Salvatore Mancuso ya acumulaban un gran poder. A su vez, los Castaño también encontraron aliados en el Urabá como los hermanos Fredy (alias el Alemán), Daniel (alias Don Mario) y Jairo Rendón Herrera para sacar a la guerrilla de la zona más productiva del departamento. En el Bajo Cauca ya figuraba Ramiro Vanoy, alias Cuco.
Su objetivo principal fue dejar la sombra de narcotraficantes que perseguía a varios de ellos. Por esa razón, se valieron de las cooperativas de seguridad rural, Convivir, creadas al final del gobierno de César Gaviria. Fue la fachada perfecta para que los paramilitares se ocultaran y pudieran delinquir en asocio con el narcotráfico. Lo que comenzó como un proyecto de seguridad privada se convirtió en la catapulta de lo que a partir de 1997 se conocería como las Autodefensas Unidas de Colombia.
Los paramilitares empezaron a controlar los puntos neurálgicos de Antioquia. Era una sociedad que vivía bajo el horror de la guerra: el exterminio de la Unión Patriótica, asesinatos de defensores de derechos humanos y centenares de masacres. Pero a los paramilitares aún les faltaba un paso importante para consolidar su proyecto: penetrar las instituciones del Estado como la Fiscalía, la justicia y la Fuerza Pública. Su estrategia fue similar a la que utilizó el cartel de Medellín en la década de los 80, cuando crearon el Movimiento de Renovación Liberal y lograron llevar hasta el Congreso a Pablo Escobar, cooptando así las administraciones de municipios antioqueños, especialmente Envigado.
En ese municipio Pablo Escobar Gaviria logró construir su imperio criminal que se sustentó en la Oficina de Envigado. Ese mismo grupo, que tras la muerte del capo, se transformó en un bastión paramilitar que quedó bajo el mando de Diego Murillo, alias Don Berna y fue de vital importancia para la expansión paramilitar en Medellín. Según Don Berna, en 1998, por petición de Carlos Castaño, se creó el bloque Metro -que estaba bajo el mando de Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, ficha clave de la casa Castaño- y del bloque Cacique Nutibara, que quedó en manos de Berna .
Si bien Carlos Castaño le delegó a Doble Cero el control urbano de Medellín, el bloque Cacique Nutibara, en manos de Don Berna y con el apoyo de la Oficina de Envigado, fue el encargado de recuperar el control de las comunas. El objetivo principal fue recuperar la Comuna 13, en la que había fuerte presencia de guerrillas y de ahí surgieron una serie de alianzas con la Fuerza Pública, según lo comentó Don Berna. Fue tan violento el paso de los paramilitares en la Comuna 13, que hay más de 100 denuncias de desaparición forzada cuando la Fuerza Pública adelantó la Operación Orión y al parecer varias personas fueron sepultadas en el sector conocido como La Escombrera.
La expansión paramilitar en Antioquia continuó en la década de los 90. Los grupos de “seguridad privada” cada vez eran más populares en el departamento. Por esa época nacieron los 12 Apóstoles en Yarumal y comenzaron su historia de homicidios, desplazamientos e intimidaciones. Las denuncias contra los 12 Apóstoles y los diferentes grupos paramilitares en Antioquia no se hicieron esperar. La población hablaba de “listas negras” en las que había nombres de supuestos colaboradores de la guerrilla.
Sin embargo, los paramilitares lograron alianzas con las autoridades, al punto que funcionarios del CTI de la época que hablaron con el Instituto Popular de Capacitación (IPC) aseguraron que en los 90 ningún proceso contra alguno de sus miembros progresó. En el caso de Santiago Uribe, por ejemplo, la Fiscalía no archivó, pero tampoco continuó la investigación.
A pesar de que en la Fiscalía había funcionarios que interesados en adelantar las investigaciones, se encontraban con constantes obstáculos, especialmente con la colaboración de la Fuerza Pública. Lo más doloroso fue cuando, en 1996, un grupo de investigadores del CTI comenzó a indagar por las relaciones non sanctas entre “paras” y las autoridades. Ocho de ellos fueron asesinados y otros exiliados por meterse con quienes no debían: los jefes de la Oficina de Envigado Gustavo Upegui -asesinado en 2006- y Don Berna.
Detrás de las personas que lograron documentar los nexos entre paramilitares, empresarios y políticos estaba el exmagistrado de la parapolítica Iván Velásquez, quien en 1997 fue escogido como director regional de Fiscalías de Medellín tras haber hecho un importante recorrido como procurador y juez. Velásquez, junto a sus investigadores del CTI, comenzó a indagar en contra de la voluntad de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y, como era de esperarse, de los mismos paramiltiares.
Abrieron expedientes por las masacres cometidas en dos corregimientos de Ituango: La Granja, en 1996, que dejó cinco víctimas mortales, y El Aro, de quince víctimas, en 1997. Por el asesinato el 27 febrero de 1998 del defensor Jesús María Valle, quien denunció que las autoridades habían colaborado con los paramilitares en las incursiones en Ituango. Por la Operación Génesis y los excesos de la Brigada XVII, en ese entonces comandada por el hoy condenado general (r) Rito Alejo del Río, también llamado el Pacificador de Urabá.
La investigación que realmente abrió la caja de Pandora de los paramilitares inició el 30 de abril de 1998, cuando fue allanado el famoso parqueadero Padilla en Medellín. La Fiscalía capturó a Jacinto Alberto Soto, el contador de los Castaño, y encontró 495 cuentas bancarias y más de 40.000 transacciones que llevaron a Iván Velásquez y su grupo a identificar la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una organización con la que las autodefensas de los Castaño lavaban activos y que estaba en manos de su cuñada Sor Teresa Gómez. Además, identificaron 43 empresas fachadas.
Asimismo, lograron documentar el caso de Gustavo Upegui, al punto que se pudo ordenar su captura. Pero luego vino la tragedia. Los investigadores del CTI empezaron a ser asesinados. Entre ellos los encargados de las investigaciones principales, como el asesinato de Jesús María Valle, el defensor de derechos humanos que denunció a la gobernación de Álvaro Uribe por haber permitido la incursión paramilitar en El Aro.
Por este último caso fue asesinado el investigador del CTI Augusto Botero, el 8 de mayo de 1998. Por la investigación del parqueadero Padilla, Sergio Humberto Parra murió el 10 de junio de 1998. Por enviar a la cárcel a Gustavo Upegui, Edward Holguín fue baleado el 14 de diciembre de 1998. Y por dejar al descubierto la verdadera identidad de Don Berna, quien se movía a su antojo, pues las autoridades no lo tenían identificado, el agente del CTI Diego Arcila fue asesinado el 15 de febrero de 1999.
Todos ellos murieron porque uno de sus compañeros los traicionó: Úber Duque Álvarez, jefe de la unidad investigativa del CTI Regional Medellín. Duque luego fue destituido y apareció muerto el 2 de marzo de 2004. Carlos Castaño lamentó su muerte y en una carta escrita al entonces comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, dijo que era un asesor jurídico de la dirección política de las autodefensas.
La labor que lograron realizar Iván Velásquez y sus investigadores quedó en nada, pues al salir todos de la Fiscalía y con la llegada de Luis Camilo Osorio los expedientes terminaron cerrados o estancados. Así lo denunciaron varios funcionarios de la Fiscalía y el CTI que terminaron en el exilio. Sin embargo, Iván Velásquez luego retomaría la investigación de las relaciones entre paramilitares y políticos, pues en la Corte Suprema de Justicia se convirtió en el jefe investigador de la parapolítica y dejó al descubierto que las autodefensas habían llegado a controlar el Congreso de la República.
Los paramilitares lograron copiar la fórmula que utilizaron los capos del narcotráfico y hasta mejorarla: filtrar, sobornar, corromper o asesinar a funcionarios judiciales y públicos según su conveniencia. Fue su estrategia para luchar y sobrepasar la institución. Antioquia terminó sumida en una oleada de violencia que aún deja estragos y heridas en sus pobladores. Por eso, después de 20 años, que la Fiscalía haya logrado dar un paso en las investigaciones contra los 12 Apóstoles, es una prueba de que el pasado no se olvida.
Funpazcor y el parqueadero Padilla
Funpazcor fue una ONG que crearon los hermanos Castaño, promotores del paramilitarismo en la costa Caribe y el Urabá, para supuestamente “procurar la igualdad social de los habitantes de Córdoba, por medio de donaciones de tierras, viviendas y asistencia técnica gratuita”. La realidad, sin embargo, fue otra: Funpazcor terminó siendo un instrumento para el despojo de tierras. En principio, los Castaño y su cuñada, Sor Teresa Gómez, fingieron donar miles de hectáreas a campesinos, para luego arrebatárselas. De esa manera, los Castaño lograron ocultar buena parte del patrimonio que habían amasado ilícitamente.
Todo este andamiaje empezó a desbaratarse cuando la Fiscalía ubicó en Medellín una especie de central de información del paramilitarismo: el parqueadero Padilla. Al ser allanado en 1998, se descubrieron documentos que detallaban que Funpazcor estaba lejos de “procurar la igualdad social de los habitantes de Córdoba”.