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Este viernes 30 de agosto, la Junta de Direccionamiento Estratégico del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) presentó el plan de cierre para el programa que busca promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el país en un evento realizado en Bogotá. Durante la presentación de esa estrategia estuvieron presentes los delegados del Gobierno, representantes del Acuerdo Final de Paz, y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), dirigida por Gloria Miranda, exdirectora de la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia. También asistieron los ministerios de Justicia, Ambiente y Defensa, junto a cuatro representantes de las extintas FARC.
El objetivo de ese encuentro fue cerrar la brecha de ejecución de ese programa, pues se han presentado incumplimientos en la ejecución durante al menos siete años. Así mismo, se busca con esa decisión honrar los compromisos que acordaron con las más de 99.000 familias beneficiarias, “a través de un enfoque territorial y asociativo, articulado con los procesos de transformación territorial”.
Pero antes de darle un cierre al programa, el Gobierno planteó la posibilidad de establecer una nueva ruta de implementación del PNIS. Esta nueva estrategia, soportada por los asistentes al evento, permitiría que 82.242 familias cultivadoras y no cultivadoras de hoja de coca (de ese grupo de 99.000 familias beneficiarias) cuenten con asistencia técnica y los insumos necesarios para el desarrollo de proyectos productivos, priorizando líneas agro-sostenibles. Los 16.855 restantes de esas familias beneficiaras hacen parte del grupo de recolectores, quienes serían atendidos a través de ofertas laborales asociadas a la transformación de sus proyectos de vida.
La Junta de Direccionamiento Estratégico fue creada a través del Decreto 362 de 2018. Es una instancia que nace tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y que está conformada por cuatro delegados del Gobierno y cuatro delegados de las ex FARC, bajo la secretaria técnica de la DSCI. La Junta tiene como fin la conformación de escenarios de diálogo, orientación, evaluación y monitoreo del PNIS.
La nueva ruta del PNIS “procura la transformación estructural de los territorios afectados por la desigualdad y las violencias, atado a los objetivos de la Reforma Rural Integral, con una inversión que asciende a $1 billón que serán ejecutados en 14 departamentos, poniendo fin al retraso de más de siete años del PNIS”, apunta el comunicado. De acuerdo a la directora del programa, Gloria Miranda, la subcontratación fue una de las principales falencias de la antigua ruta, presentando irregularidades como “sobrecostos en los activos productivos de los proyectos, entregas de insumos en mal estado, ganado enfermo, maquinaria inservible, sin garantía de cambio, sumado a que la asistencia técnica no fue integral”.
Debido a los sobrecostos anunciados por el programa se tomó la decisión de eliminar intermediarios y hacer la entrega de los activos productivos, como maquinaria, semillas, insumos agrarios, entre otros, a través de proveedores locales habilitados por el Banco de Proveedores de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI). Ahora, las familias beneficiarias del PNIS podrán escoger a su proveedor, lo que generaría un fortaleciendo de la economía popular.
“Asimismo, comprometidos con el manejo transparente de los recursos de la paz y la recuperación de confianza de las comunidades, anunciamos que del total de los 28 convenios suscritos por más de $900.000 millones, desde el Gobierno Nacional hemos recuperado $271.000 millones que serán invertidos en el programa”, señala una comunicación oficial del Ejecutivo.
La meta de la actual administración es cumplir los objetivos del PNIS y darle un cierre al programa. Frente a la ejecución de la inversión de $1 billón, la directora Miranda comenta que esperan terminar el PNIS “al menos en el componente familiar individual más o menos en unos 10 meses”. Este componente se desarrolla con los Planes de Atención Inmediata (PAI), e incluye los incentivos económicos que se le darán a las familias por las actividades de sustitución.
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