Aparecen más víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto

 Un total de 60 mujeres, algunas con una historia de más de 10 años en total reserva, participaron de una jornada que por primera vez reunió a casi toda la institucionalidad del Estado en materia de atención a víctimas, con el objeto de hacer que en un ambiente de seguridad y confianza, accedieran por primera vez a la justicia.

"Con la jornada adelantada en Sucre, el ministerio de Justicia quiere coordinar todas las actividades del Estado encaminadas a impedir la impunidad de los crímenes de naturaleza sexual cometidos contra las mujeres en medio de este bárbaro conflicto", aseguró el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.

Durante tres días, -3, 4 y 5 de octubre-, el ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Justicia Transicional, lideró una jornada que está consolidando un modelo de atención integral para el acceso a la justicia y la reparación para mujeres víctimas de violencia sexual. La jornada incluyó la toma de denuncias y declaraciones ante la Fiscalía y el Ministerio Público en una sola diligencia para evitar una segunda victimización; brindó atención sicosocial integral; garantizó condiciones de protección, seguridad, confiabilidad y no discriminación; y favoreció el fortalecimiento de las redes de mujeres en la regiones respectivas. Con esto último, se busca acabar, según información preliminar, con un subregistro que sobrepasaría los 200 casos no registrados solo para Sucre.

Con yoga y acompañamiento permanente de la Fundación Círculos de Estudios, estas 60 mujeres coparon la capacidad máxima de personas que se podían atender. A mediados de septiembre, una jornada piloto en Santa Marta había logrado ya recoger 58 nuevos testimonios, con lo que se suman casi 120 casos nuevos de violencia sexual en el marco del conflicto armado en la costa norte colombiana.

La mayoría de las denunciantes contaron hechos desgarradores en los que responsabilizan a los paramilitares que delinquieron en las regiones de El Salado, Ovejas, Zambrano, Sincelejo, El Plato, Cartagena y Barranquilla. "No creíamos en nadie. La institucionalidad se encargaba de revictimizarnos, les agradecemos a ustedes porque no nos olvidaron, nos incluyeron y nos hicieron sentir que la reconciliación con nosotras como mujeres y con la sociedad es posible”, dijo una de las víctimas asistentes al encuentro.

"Estos no son hechos aislados. La violencia sexual es un delito que impacta gravemente la dignidad humana y otro cúmulo de derechos humanos y fundamentales de las personas, es un acto de guerra donde el cuerpo de las mujeres fue utilizado para dominar, amenazar y sembrar terror. Conocer estos casos corrobora lo ya dicho por la Corte Constitucional sobre la violencia sexual que se ejerce en el marco del conflicto armado en Colombia, y es que ésta es una auténtica estrategia de guerra, donde se hace uso del cuerpo de las mujeres como territorio de manifestación de relaciones abusivas del poder", indicó Juanita Candamil, asesora de la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.

Por temor a retaliaciones y por vergüenza estas víctimas se habían negado a acercarse a las instituciones a denunciar. "Sin embargo, el hecho de presentarse ante las autoridades en bloque, como una colectividad, y de estar en Sincelejo, en un escenario que está por fuera del territorio donde fueron violentadas, facilitó esta acción del Estado", dijo la funcionaria.

“El Ministerio de Justicia está apuntando a que las mujeres víctimas puedan acceder sin temor a la justicia y a atacar los obstáculos que históricamente se han presentado para la judicialización de estos delitos. Ya es hora de que la justicia produzca sentencias importantes para que el país pueda conocer la lógica de estos crímenes masivos, cuáles han sido los patrones de macrocriminalidad, los máximos responsables y qué fue lo que realmente pasó con la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado”, dijo Catalina Díaz, Directora de Justicia Transicional.

Esta jornada contó con la participación de la Fiscalía, la Procuraduría y la Unidad Para la Atención y la Reparación Integral para las Víctimas. La organización contó con el apoyo de la cooperación del gobierno de los Estados Unidos a través de Checchi/USAID, el liderazgo de la Corporación Mujer sigue mis Pasos y el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo.

 Un total de 60 mujeres, algunas con una historia de más de 10 años en total reserva, participaron de una jornada que por primera vez reunió a casi toda la institucionalidad del Estado en materia de atención a víctimas, con el objeto de hacer que en un ambiente de seguridad y confianza, accedieran por primera vez a la justicia.

"Con la jornada adelantada en Sucre, el ministerio de Justicia quiere coordinar todas las actividades del Estado encaminadas a impedir la impunidad de los crímenes de naturaleza sexual cometidos contra las mujeres en medio de este bárbaro conflicto", aseguró el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.

Durante tres días, -3, 4 y 5 de octubre-, el ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Justicia Transicional, lideró una jornada que está consolidando un modelo de atención integral para el acceso a la justicia y la reparación para mujeres víctimas de violencia sexual. La jornada incluyó la toma de denuncias y declaraciones ante la Fiscalía y el Ministerio Público en una sola diligencia para evitar una segunda victimización; brindó atención sicosocial integral; garantizó condiciones de protección, seguridad, confiabilidad y no discriminación; y favoreció el fortalecimiento de las redes de mujeres en la regiones respectivas. Con esto último, se busca acabar, según información preliminar, con un subregistro que sobrepasaría los 200 casos no registrados solo para Sucre.

Con yoga y acompañamiento permanente de la Fundación Círculos de Estudios, estas 60 mujeres coparon la capacidad máxima de personas que se podían atender. A mediados de septiembre, una jornada piloto en Santa Marta había logrado ya recoger 58 nuevos testimonios, con lo que se suman casi 120 casos nuevos de violencia sexual en el marco del conflicto armado en la costa norte colombiana.

La mayoría de las denunciantes contaron hechos desgarradores en los que responsabilizan a los paramilitares que delinquieron en las regiones de El Salado, Ovejas, Zambrano, Sincelejo, El Plato, Cartagena y Barranquilla. "No creíamos en nadie. La institucionalidad se encargaba de revictimizarnos, les agradecemos a ustedes porque no nos olvidaron, nos incluyeron y nos hicieron sentir que la reconciliación con nosotras como mujeres y con la sociedad es posible”, dijo una de las víctimas asistentes al encuentro.

"Estos no son hechos aislados. La violencia sexual es un delito que impacta gravemente la dignidad humana y otro cúmulo de derechos humanos y fundamentales de las personas, es un acto de guerra donde el cuerpo de las mujeres fue utilizado para dominar, amenazar y sembrar terror. Conocer estos casos corrobora lo ya dicho por la Corte Constitucional sobre la violencia sexual que se ejerce en el marco del conflicto armado en Colombia, y es que ésta es una auténtica estrategia de guerra, donde se hace uso del cuerpo de las mujeres como territorio de manifestación de relaciones abusivas del poder", indicó Juanita Candamil, asesora de la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.

Por temor a retaliaciones y por vergüenza estas víctimas se habían negado a acercarse a las instituciones a denunciar. "Sin embargo, el hecho de presentarse ante las autoridades en bloque, como una colectividad, y de estar en Sincelejo, en un escenario que está por fuera del territorio donde fueron violentadas, facilitó esta acción del Estado", dijo la funcionaria.

“El Ministerio de Justicia está apuntando a que las mujeres víctimas puedan acceder sin temor a la justicia y a atacar los obstáculos que históricamente se han presentado para la judicialización de estos delitos. Ya es hora de que la justicia produzca sentencias importantes para que el país pueda conocer la lógica de estos crímenes masivos, cuáles han sido los patrones de macrocriminalidad, los máximos responsables y qué fue lo que realmente pasó con la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado”, dijo Catalina Díaz, Directora de Justicia Transicional.

Esta jornada contó con la participación de la Fiscalía, la Procuraduría y la Unidad Para la Atención y la Reparación Integral para las Víctimas. La organización contó con el apoyo de la cooperación del gobierno de los Estados Unidos a través de Checchi/USAID, el liderazgo de la Corporación Mujer sigue mis Pasos y el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo.